El primer ministro Pisas señala que la isla no está en condiciones de reconocer el estatus de refugiado, aclara que reciben con los brazos abiertos a todos aquellos que respeten la ley, y anuncia que mejorará las condiciones de los indocumentados detenidos

El gobierno de Curazao no está de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional (AI), que lo acusa de violar los Derechos Humanos de los inmigrantes venezolanos.

El primer ministro Gilmar Pisas hizo estos comentarios a Crónicas del Caribe en vísperas de una nueva visita de AI a Willemstad. Esta declaración también fue dada en una respuesta detallada a las preguntas formuladas por los miembros del Parlamento.

Advertisement

Pisas sostiene que la organización de derechos humanos se basa en 22 entrevistas a venezolanos, mientras que el mismo informe afirma que hay 17 mil venezolanos ilegales en la isla. Además, AI habló con varios organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG).

“El gobierno concluye que las historias de los entrevistados han sido utilizadas de una manera que no cuenta con nuestra aprobación. Falta el contexto o está incompleto, lo que pinta una imagen equivocada”.

El primer ministro da un ejemplo: “El informe afirma que un venezolano detenido fue herido con balas de goma. Sin el contexto, esta persona parecería haber recibido un disparo porque es un migrante. Sin embargo, la realidad es que esto sucedió durante un ataque incendiario por parte de un grupo de venezolanos detenidos. Los guardias de seguridad fueron atacados cuando entraron. Por eso había que tomar medidas y si esto no hubiera pasado, podría haber sido mucho peor”.

Respeto a la ley

Además, Pisas indica que los migrantes son recibidos con los brazos abiertos si pueden aportar al país, y si se respetan las leyes, reglamentos y las políticas locales.

“Es bueno mencionar que hay bastantes venezolanos que han solicitado un permiso en los últimos años y residen legalmente en la isla. También existe el proceso de Integración Responsable, por el cual los inmigrantes indocumentados todavía son admitidos legalmente”, expone Pisas. También señala que dada la magnitud del problema, se ha pedido a Holanda que fortalezca el proceso migratorio y que ese apoyo también se está dando.

El primer ministro responde a la acusación de que los menores no reciben el trato que merecen. “Para Curazao, la protección de todos los menores es importante. Se han diseñado políticas específicas sobre el tratamiento de los hijos menores de inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, los niños que se encuentran en un barco de refugiados sin padres son admitidos en un internado y se contacta al Consulado para obtener información sobre los padres”.

“También ha ocurrido que se ha encontrado a un menor cuyo progenitor ya vive indocumentado en la isla. Es notable que tal padre a menudo no cumple con su responsabilidad y no se une al niño arrestado. Si hay menores de edad involucrados, el Consejo de Tutela siempre está involucrado”, detalla Pisas.

Término polémico

El primer ministro también indica que prefiere no hablar de refugiados cuando se trata de venezolanos indocumentados.

Curazao no es parte de la Convención de Refugiados y asumimos que la palabra ‘refugiado’ es un término legal basado en la Convención de Refugiados. Aunque algunos organismos internacionales y países utilizan el término para categorizar a las personas de nacionalidad venezolana que han ingresado ilegalmente a nuestros países, el gobierno de Curazao no utiliza este término”, dice el primer ministro en su detallada respuesta.

Apunta que si Curazao suscribiera la Convención de Refugiados, esto implicaría una gran responsabilidad. Una responsabilidad que la isla no puede soportar. “Nos regimos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) y en consulta con los Países Bajos, los procedimientos siempre se revisan y se aconseja a Curazao”, agrega.

Curazao tiene que cumplir con el artículo 3 del ECHR, el cual establece que los inmigrantes indocumentados deben ser bien tratados. También establece que, si se puede demostrar que una persona está en peligro en su propio país, no puede ser deportada. Curazao cumple con eso.

Pisas indica que se ha hecho evidente que los venezolanos invocan el artículo 3 ECHR con la esperanza de ser liberados durante la investigación. Sin embargo, el gobierno no está obligado a hacerlo. También parece que, en espera de la investigación, muchos venezolanos eligen ser devueltos a su país. El primer ministro concluye de esto que a menudo no se trata de protección.

Además, si un venezolano logra encontrar a alguien en la isla que le sirva de garante, puede quedar en libertad mientras se investiga, pero con la obligación de informar. Sin embargo, el primer ministro puso otro ejemplo: “Alguien fue liberado recientemente en espera de la investigación del artículo 3 del ECHR, para ser arrestado más tarde bajo sospecha de asesinato”.

Aministía Internacional viene denunciando los abusos contra los migrantes venezolanos

Y así continúa: “Sin generalizar, quiero mostrar que se requiere cautela. También me gustaría señalar que al ingresar en botes también se lleva contrabando como drogas, armas, bienes robados y especies protegidas. Si depende de Amnistía, deberíamos permitir que todos entren en la isla. Sin embargo, esto también conlleva riesgos importantes”.

El primer ministro también indica que no hay especialistas en la isla en lo que se refiere a la ECHR y más específicamente el artículo 3. Se necesitarían refuerzos de los Países Bajos, alguien del Servicio de Inmigración y Naturalización (IMD), pero debido a la pandemia, esto no había sucedido. Este funcionario se encuentra ahora en Curazao desde el 14 de febrero de 2022 para apoyar y capacitar al personal.

Suspensión ayuda financiera

Tomando como referencia el informe de AI, Países Bajos anunció a principios de año la suspensión del apoyo financiero a Curazao por las condiciones en las que se encuentra la prisión SDKK, donde recluyen a los migrantes ilegales. Ante esta situación, el gobierno de Pisas adelantas que tomará medidas, incluida la apertura de un nuevo albergue.

Los trabajos de construcción del recinto se han retrasado debido a la pandemia de coronavirus. En paralelo, abordan otros aspectos como un programa diurno y mejores oportunidades recreativas para los indocumentados que, con razón, Pisas cree que deberían recibir un trato diferente al de los delincuentes.

“Ya hay avances, pero todavía hay margen de mejora. Especialmente cuando se complete el nuevo alojamiento. Por cierto, las actividades diurnas tenemos que pagarlas con nuestros propios recursos”, advierte Pisas.

Crónicas del Caribe

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *