Una estilista de Caracas cuenta la traumática experiencia que vivió al intentar radicarse en Aruba, y advierte que algunos venezolanos “han normalizado la esclavitud laboral”

Dulce Fuentes tiene 52 años y es natural de Caracas. Cuenta que su sueño es ser feliz junto a su pareja y abrir un salón de belleza que se caracterice por la innovación, la calidad en el servicio y el buen trato a su clientela.

Suma 30 años como estilista, pero la crisis venezolana le arrebató en varias ocasiones la oportunidad de iniciar su propio negocio. Sin embargo, las buenas relaciones con colegas reconocidos en las ciudades de Maracaibo (Zulia), Valencia (Carabobo) y Coro (Falcón) le abrieron las puertas hacia otros destinos, entre ellos Aruba.

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Atraída por una oferta laboral en la “Isla feliz”, Dulce llegó con su pareja a Oranjestad para construir su proyecto de vida en abril de 2019, dos meses después de que se decretara el cierre de las fronteras.

“Al principio estaba asustada porque mi hermano no tenía confianza en esa manera de contactarme y trasladarme a otro país, él me había dicho que se parecía a una trata de blancas”, comenta Dulce a Crónicas del Caribe.

Su hermano no se equivocó. Pronto sus planes se desmoronaron y el salón de belleza Backstage, donde la habían reclutado para trabajar, se convirtió en una especie de cárcel.

Fachada del establecimiento donde trabajó Dulce Fuentes en Aruba

Todo por aceptar una oferta laboral que incluía el pago del vuelo hacia la isla desde Colombia, la promesa de obtener un permiso de trabajo y un sueldo de 1.500 dólares al mes, una comisión de 40% de productividad, hospedaje y comida en un solo lugar.

Hueco legal

Las expectativas de Dulce se derrumbaron en su primer día de trabajo. De inmediato le impusieron una serie de prohibiciones y normas que la obligaron a trabajar bajo presión. No podía salirse de un cuadrito de cerámica en el piso y mucho menos hablar con las clientes.

“No sabíamos qué hacer”, reconoce. Los dueños del salón de belleza eran sus garantes, es decir, los responsables de avalar su ingreso y permanencia en la isla.

Dulce explica el modus operandi de estos grupos que se encargan de captar mano de obra de forma irregular: “Prometen a todos los que trabajan ahí villas y castillos. Para el primer permiso todo salió bien, cumpliendo con los requisitos de DIMAS (Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros); pero para el segundo permiso que exige la ley, toman la decisión de no enviar los documentos y empieza la trampa”.

Las normas del salón ordenaban evitar convesar con los clientes

Sin renovar el permiso en la isla, los migrantes pasan a un estatus ilegal y pueden ser deportados. “Nos ofrecieron vivienda y el pago de otros servicios a bajo costo, pero cuando empezamos a reclamar nuestros derechos nos amenazaron con enviarnos a la Guarda Nos Costa -cuerpo de seguridad- y nosotros preferimos aguantar antes que caer en manos de la policía”, relata Dulce.

En esa condición, resalta, no solo se encontraban venezolanas sino también mujeres procedentes de Honduras, México y Colombia.

Estafada

De acuerdo con el testimonio de Dulce, la sometieron a jornadas de más de 10 horas de trabajo, humillación y violencia verbal, y reducción del salario a 2,50 florines (1,4 dólares) por hora.

El confinamiento por el coronavirus redujo la cartera de clientes del salón de belleza, pero las trabajadoras traídas de otros países tenían una deuda del primer contrato que iba aumentando con el pasar del tiempo.

Al principio, Dulce tenía una deuda de 4.958,75 florines (2.777 dólares) y le descontaban 500 florines (280 dólares) mensuales para cancelarla. “Trabajamos a puertas cerradas durante la pandemia”, indica.

Las mafias que trafican personas se aprovechan de los migrantes vulnerables

Cuenta que fue obligada a firmar un documento en papiamento y sin opción a ser revisado en español junto a un abogado. El documento estipulaba la suma de 25 mil florines (14 mil dólares) si infringía una de las cláusulas, entre ellas, pedir ayuda a alguna cliente que acudiera al salón de belleza. A escondidas logró consultar a un abogado que le recomendó no firmar el documento. No obstante, lo refrendó.

“Firmé por intimidación. No tenía esperanzas de ser enviada de vuelta a Venezuela y debía seguir trabajando para pagar la deuda y sobrevivir en la isla”, aclara.

En un año, Dulce logró cancelar la deuda impuesta y, posteriormente, optó por continuar trabajando en la peluquería hasta que recibió la posibilidad de abandonar el lugar y retornar a su país.

Irse nadando

Con una crisis de nervios y en estado de depresión, Dulce acudió a la oficina de HIAS (en inglés: Hebrew Immigrant Aid Society, y en español: Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo), organización humanitaria de origen judío que brinda protección a refugiados. A través de esta ONG, logró asistencia psicosocial, estudiar holandés y participar en actividades al aire libre.

Dulce reconquistó su paz y logró presentar su caso ante las autoridades de la isla, pero estos desestimaron los hechos por el estatus ilegal de ella y su pareja. “Nos armamos de valor y fuimos a las oficinas del Departamento de Progreso Laboral (DPL siglas en papiamento), expusimos toda la situación y nos dijeron que por no tener un permiso vigente tenían la duda de si sus jefes tomarían nuestro caso, al parecer ya no podían hacer nada”, relata.

Mientras tanto, su pareja se dedicó a vender mascarillas por los grupos de Facebook creados por venezolanos en la isla. Con los ingresos, costeaban los alimentos y una ONG las ayudó con los gastos de alojamiento.

“Durante el tiempo de espera para volver a Venezuela pedía a Dios que abrieran las fronteras, a veces pensaba en irme nadando”, confiesa.

Un premio fue la salvación

“Logramos un premio de estudio por el HIAS y gracias a esa organización pudimos regresar a Venezuela”, destaca Dulce, quien también contó con el apoyo de la Cruz Roja, La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El premio fue de 800 dólares y con el dinero compraron un boleto de regreso con escala en Colombia, donde fueron atendidas por Acnur y OIM.

En principio, Dulce y su pareja estaban dispuestas a emprender en la isla un nuevo salón de belleza, pero el Departamento de Integración, Manejo y Admisión de Extranjeros no les otorgó el permiso de trabajo.

Tras su regreso a Venezuela en diciembre de 2021, Dulce retomó las tijeras en Caracas. Instalada nuevamente en su tierra natal, aconseja a los venezolanos no migrar hacia las islas si la oferta viene acompañada de pagos de vuelo, hospedaje y promesas de permisos laborales.

“Lo que pasó conmigo pasa con otros, son varios casos en la isla, algunos connacionales han normalizado la esclavitud laboral”, advierte.

Dulce no sólo enfrentó la intimidación laboral, sino que fue víctima de la homofobia y la xenofobia. A su juicio, su orientación sexual y su nacionalidad influyeron en el maltrato y la amenaza de ser entregada a la policía. “No sigan saliendo por lancha, ya no le sigan creyendo a esa gente que les ofrece el trabajo de sus sueños, todo es mentira”, concluye.

Jhonattam Petit

Crónicas del Caribe

Por admin

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