En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, presentado el 28 de marzo, Amnistía Internacional reiteró sus denuncias contra el gobierno de Curazao por el trato a los migrantes y lo incluyó en la lista de administraciones políticas del mundo que “prohibían la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y devolvían a quienes lograban atravesar las fronteras sin examinar adecuadamente sus solicitudes de refugio y asilo”.

Amnistía volvió a reseñar que las personas que buscaron  protección internacional en Curazao, uno de los países constituyentes del Reino de los Países Bajos, fueron “recluidas en condiciones inhumanas, sometidas a malos tratos y privadas de su derecho a solicitar protección”.

Justo en la segunda quincena de marzo, y como reseñó Crónicas del Caribe, una delegación de Amnistía Internacional restableció los canales de comunicación con el gobierno de la isla se reunió con el primer ministro, Gilmar Pisas, para abordar la situación de los migrantes venezolanos.

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Esas conversaciones no estuvieron exentas de tensión, según comentó Yara Boff Tonella, investigadora de AIEn ese encuentro Pisas reiteró su disconformidad con el informe de Amnistía Internacional publicado en octubre de 2021,  en el que se señalaba a su administración de negar protección a personas venezolanas en Curazao.

“Pisas fue crítico con nuestro informe (…) Nos dijo que el informe no era preciso, porque apenas hablamos con 22 detenidos, pero nosotros le explicamos que nuestras investigaciones son cualitativas, no cuantitativas. Nosotros entrevistamos personas (víctimas) y citamos instrumentos legales y otros informes”, detalló la investigadora a Crónicas del Caribe en la segunda semana de marzo.

Añadió que el gobierno de Curazao sostuvo que no considera a los inmigrantes como refugiados por un aspecto semántico, ya que la isla “no ha firmado la Convención sobre los Refugiados”.

El informe de la discordia

En el documento publicado en octubre de 2021, de más de 60 páginas de extensión, Amnistía documentó testimonios que confirmaban que la isla caribeña mantenía su práctica de detener automáticamente a los venezolanos que llegaban a sus costas, para luego enviarlos a centros de detención que no reúnen las condiciones para albergarlos y mantenerlos allí por largos períodos.

Los entrevistados denunciaron ser objetos de malos tratos, permanecer separados de sus familiares así como también que se les negaba cualquier posibilidad de solicitar asilo.

“Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos ayude a las autoridades de Curazao a arrestar, custodiar y deportar a gente que huye de Venezuela en busca de seguridad. En lugar de mirar hacia otro lado mientras se están cometiendo estas violaciones de derechos humanos, las autoridades neerlandesas deberían garantizar a estas personas la protección internacional que necesitan”, manifestó a propósito de la difusión de ese informe, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

El informe pareció mover los cimientos del Reino. A principios de 2022, los Países Bajos resolvieron congelar la entrega al gobierno de la isla de fondos adicionales para el combate de la inmigración ilegal, hasta que no garantizaran plenamente los derechos humanos de los migrantes venezolanos bajo su custodia.

El informe de Amnistía Internacional fue una de las causas que esgrimió el entonces ministro neerlandés de Interior y Relaciones del Reino, Raymond Knops, en la carta que envió al Parlamento y en la que anunciaba esta decisión.

Cabe destacar que desde febrero de 2021, el Servicio de Inteligencia de los Países Bajos incluyó a Venezuela en la lista de países que atentan contra su seguridad nacional, debido al incremento de migrantes en estas naciones.

Sin cambios

En el más reciente informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualizado el 16 de marzo de 2022, se informaba que los venezolanos en Curazao seguían especialmente afectados por los impactos prolongados de la pandemia en la isla.

En el reporte incluyeron el caso de 289 venezolanos varados que esperaban regresar a su país de origen y que recibieron refugio y apoyo humanitario de R4V mientras sus vuelos seguían retrasados. Detallan que el último vuelo de este grupo partió el 26 de enero.

El documento hizo breve referencia a las irregulares condiciones de detención a las que son sometidos los venezolanos que desembarcan en la isla.

“Los socios de R4V subrayaron que las detenciones y las condiciones de los centros de detención seguían siendo un desafío en la isla”, expresa el documento.

Por otra parte, siguen siendo frecuentes los operativos de la policía local para arrestar a extranjeros en sus lugares de trabajo. El más reciente ocurrió el pasado 18 de marzo, cuando 17 fueron detenidos mientras prestaban sus servicios en la remodelación de instalaciones de un resort.

En la lista no solo había venezolanos, sino también colombianos, ecuatorianos y jamaiquinos por no presentar sus permisos de trabajo y residencia. Luego de una revisión, se determinó que 12 de ellos tenían sus documentos en orden.

Las proyecciones de la  Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantesde Venezuela (R4V) indican que a finales de 2022 habrá un total de 19.000 migrantes y refugiados en Curazao. En la actualidad se calcula que en la isla residen unos 14.200.

La situación de irregularidad en la que se mantienen la mayoría de venezolanos en las islas caribeñas del Reino los hacen más vulnerables a violencia de todo tipo, explotación y abusos.

“La inseguridad alimentaria y el acceso al alojamiento son las necesidades predominantes en la comunidad venezolana en Aruba y Curazao (…) Debido a la pandemia, muchas personas refugiadas y migrantes no pueden satisfacer sus necesidades básicas, por lo que se enfrentan cada vez más a riesgos de protección como la violencia basada en género (GBV) y a mecanismos de supervivencia que los exponen a un mayor riesgo de violencia, abuso y explotación”, expuso R4V en un documento compartido a esta redacción.

Yakary Prado Romero

Crónicas del Caribe

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