Una nueva señal de alerta se levanta en los juzgados de los Países Bajos contra la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) propietaria de diversas instalaciones en islas del Caribe, como Bonaire y Curazao.
El lunes 2 de mayo fue dada a conocer una sentencia provisoria por el litigio intentado en el tribunal de La Haya por la corporación italiana Energy Coal Spa contra Pdvsa y su filial Propernyn NV, registrada precisamente en esa jurisdicción europea.
Tal y como ya se ha informado en Crónicas del Caribe, esta sociedad funge como instrumento de la petrolera venezolana para la realización de inversiones en el exterior. En el Caribe, tiene intereses en la refinería Isla de Curazao e, igualmente, en la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec).
Este litigio revela hasta qué punto la principal empresa del país fue utilizada con el propósito de eludir el cerco económico internacional, acudiendo a contrataciones carentes de transparencia.
La demandante tiene sede en Génova, Italia, y se especializa en la comercialización internacional de carbón y otras materias primas. En el escrito de demanda se señala que fue contratada por el gobierno venezolano, a través de Pdvsa, para la construcción de 1.540 apartamentos en San Francisco de Yare, capital del municipio Simón Bolívar del estado Miranda.
Venezuela se comprometió a pagar el total 61,5 millones de dólares, pero no en efectivo sino mediante la entrega de “lotes de coque de petróleo”.
“Esto se debió a la circunstancia de que Pdvsa Petróleos y otros no contaban con activos líquidos suficientes”, indica la sentencia.
Aun así, el gobierno venezolano solo canceló 27,7 millones de dólares, por lo que todavía adeuda 33,8 millones de dólares. Para sustentar este alegato, fueron consignados los recibos correspondientes ante el tribunal que conoce la causa.
Pero Energy Coal no construyó las viviendas directamente. Por el contrario, subcontrató la tarea a Sarleaf Ltd, una compañía registrada en el Reino Unido en 2007, que posteriormente cambió su nombre a Steeleaf Trading International Limited.
En el curso del litigio, la demandante italiana reconsideró su exigencia a Pdvsa, luego de un procedimiento llamado “liquidación de facturas”, en el que intervino Sarleaf. Actualmente, el reclamo asciende a 19,6 millones de dólares.
Operaciones sospechosas
Energy Coal sostuvo ante el tribunal que cumplió con su compromiso entre agosto de 2012 y octubre de 2013. Esto fue negado por la petrolera venezolana, la cual indicó que el contrato fue rescindido en 2014 y reasignado directamente a Sarleaf.
“Pdvsa Petróleo y otros argumentan que existe corrupción en relación con el contrato entre Energy Coal y Pdvsa Petróleo, mediante el cual un empleado corrupto de Pdvsa Petróleo permitió que Energy Coal se adjudicara un contrato multimillonario para la construcción de un complejo de apartamentos que nunca fue realizado (…). Este dinero terminó en los bolsillos de Energy Coal y de un tercero que pudo convertir dinero de Venezuela a dólares estadounidenses de esta manera”, indica la sentencia provisional.
Según la web Cuentas Claras Digital, Sarleaf pertenece al contratista venezolano Alejandro Ceballos Jiménez. Su nombre y el de la empresa fueron referidos en un reporte del Banco Spirito Santo en Miami, a propósito de lo que calificaron como operaciones sospechosas que totalizaron 146 millones de dólares. En esta cifra supuestamente estaban incluidos los pagos por el contrato para la construcción de viviendas en los Valles del Tuy.
El juzgado neerlandés no se pronunció sobre el fondo de la reclamación, por considerar que la corporación italiana “no ha explicado suficientemente su reclamo de pago” a propósito de su participación en el plan de viviendas.
“No está claro para el tribunal qué trabajo llevó a cabo Sarleaf bajo el contrato de Pdvsa Petróleo con Energy Coal. Durante la comparecencia de las partes, Energy Coal manifestó al respecto que pagaba facturas de Sarleaf y confiaba en que dichas facturas eran correctas”, explica el veredicto.
Una de las preguntas que han quedado pendientes para posteriores audiencias es por qué durante el juicio se han verificado pagos en dólares, cuando el contrato inicial señalaba que esto se haría mediante la entrega de coque.
Javier Ignacio Mayorca
Crónicas del Caribe
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