El Banco Nacional de Crédito (BNC) tendría que responder a los ahorristas y clientes del Banco del Orinoco NV de Curazao (BDO), una vez concretado el traspaso a esta entidad financiera de toda la cartera del Banco Occidental de Descuento (BOD), que fungía como matriz del holding financiero.

Tal es el criterio de Roberto León Parilli, abogado y presidente de Anauco, la asociación civil que representa a más de 700 personas cuyos fondos permanecían en el banco curazoleño cuando fue declarada su quiebra, en octubre de 2019.

León Parilli observó que tanto el BOD como el Banco del Orinoco NV formaban parte de un mismo grupo. Eran cinco entidades financieras. Tres de ellas fueron liquidadas, la otra ubicada en Antigua fue intervenida a puertas abiertas, y la restante que estaba en Venezuela fue objeto de negociación.

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Por lo tanto, hay unidad empresarial. Cada banco es parte de los activos del mismo grupo”, sostuvo.

El 27 de junio, la Superintendencia de Instituciones del Sector Financiero (Sudeban) dio a conocer que había autorizado “la transferencia de activos y pasivos entre el BOD y el BNC”. En otro párrafo, se indica que serán “única y exclusivamente” los “registrados en la República Bolivariana de Venezuela”.

El énfasis de Sudeban, en cuanto al registro de las transacciones en el país, pareciera indicar que no se reconocerían las operaciones de las filiales del grupo financiero presidido por Víctor Vargas en las islas del Caribe.

León Parilli se preguntó si el dinero involucrado en la venta del BOD al BNC iría solo al beneficio de los intereses del BOD en Venezuela, o si sería para todo el grupo. Al respecto, anunció que solicitaría una aclaratoria al ente regulador de la actividad financiera.

El representante de Anauco indicó que la gran mayoría de las operaciones del Banco del Orinoco NV que afectaron a venezolanos fueron ejecutadas en territorio nacional. Sostuvo que en Venezuela fueron captados los clientes y otorgados los créditos para financiar las transacciones en Curazao.

El banco venezolano colocó el dinero en el extranjero”, dijo.

A paso de morrocoy

El 6 de julio, el síndico designado para la quiebra del Banco del Orinoco NV, Michiel Gorsira, presentó el décimo informe relacionado con este proceso.

Gorsira admite que la pandemia por el COVID-19 ha retardado el proceso para resarcir a los clientes del banco quebrado. Describió un proceso para elaborar un memorándum de entendimiento entre las autoridades curazoleñas y los representantes de la entidad.

“De las conversaciones entre el síndico y los principales de BDO se desprende, entre otras cosas, lo siguiente: según los principales de BDO, el 80% de los titulares de cuentas de BDO han aceptado una transferencia de su crédito al BOI Bank en Antigua (un banco perteneciente al mismo grupo de sociedades que BDO). Esto implicaría que este grupo de titulares de cuentas estaría de acuerdo en convertirse en titular de cuenta y acreedor del BOI Bank, en vez de acreedor de BDO, por el mismo importe, aprobando la gestión por parte de BDO, y el BOI Bank estaría de acuerdo en asumir estas deudas de BDO aprobando la gestión por parte de BDO”, indica el documento.

Desde 2019, el BOI Bank está sometido a medidas administrativas de excepción por autoridades de Antigua que, de hecho, restringen su funcionamiento.

El informe del síndico señala que, para la fecha, las deudas de la entidad curazoleña sobrepasaban sus activos. Por lo que sería necesario acudir a un conjunto de valores del banco, dispersos en tres países: Singapur, Panamá y Uruguay. Estos papeles tienen un valor declarado de 2,4 millardos de florines, equivalentes a 1,33 millardos de dólares al cambio actual.

Para León Parilli, no se justifica que luego de dos años esos activos no hayan sido verificados por las autoridades neerlandesas. En su criterio, esta dilación sugiere que “esperaban a que vendieran los activos en Venezuela”.

“No veo voluntad real de materializar acuerdos (en Curazao). Pero aquí queda mucha tela que cortar”, afirmó.

Según Gorsira, la cartera del Banco del Orinoco NV estaba constituida por más de diez mil cuentas. De ellas, dos mil permanecen en incertidumbre, pues no han pasado al banco de Antigua.

En los próximos meses, Anauco planteará el caso ante los tribunales nacionales y, posiblemente, los de Estados Unidos y Europa. León Parilli sostuvo que, además de cuestiones financieras y penales, este caso involucra posibles violaciones a los derechos fundamentales de numerosos venezolanos que perdieron el producto del trabajo de sus vidas.

Javier Ignacio Mayorca

Crónicas del Caribe

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