El gobierno de Curazao anunció el lunes 18 de julio que apelaría la decisión judicial que liberó a nueve migrantes irregulares venezolanos que estaban recluidos en la cárcel de la isla.
En declaraciones recogidas por la página Curacao Chronicle, el ministro de Justicia, Shalten Hato, aseveró que sí existen bases jurídicas para proceder con la detención y posterior deportación del grupo de indocumentados, conformado por cuatro mujeres y cinco hombres.
Peor que delicuentes
En el fallo que concluyó con la excarcelación, el tribunal de Curazao indicó que los indocumentados estaba sometidos a un régimen más estricto que el aplicado a los delincuentes comunes.
Mientras los condenados y procesados penales pueden tener acceso a un polideportivo, biblioteca, talleres y vista al exterior, los migrantes venezolanos tenían que permanecer 18 horas en celdas oscuras, “no tenían vista al mundo exterior, pocas oportunidades recreativas y ninguna actividad diaria significativa”.
El dictamente publicado el 14 de julio pasado subraya que, en principio, el Bloque 1 de SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou, donde estaban encerrados los migrantes), cumple las condiciones suficientes para la detención de inmigrantes. “Pero el régimen impuesto a los demandantes (migrantes) es más estricto que el régimen de detenidos penales”, acotó para dejarlos en libertad.
Admite el problema
De acuerdo con la nota publicada por Curacao Chronicle, el ministro Hato reconoció que el gobierno de la isla no cuenta con el presupuesto suficiente para cumplir con las exigencias del sistema judicial, en cuanto a mejorar las condiciones de reclusión de los indocumentados.
Organizaciones defensores de Derechos Humanos como Amnistía Internacional (AI) y la local Human Rights Defense Curacao (HRDC) han denunciado en reiteradas ocasiones los abusos que sufren los migrantes ilegales en la isla.
AI ha señalado que los migrantes son “recluidaos en condiciones inhumanas, sometidos a malos tratos y privadas de su derecho a solicitar protección”, al tiempo que HRDC ha cuestionado que los migrantes sean encerrados con delincuentes comunes.
A principios de 2022, el gobierno de Países Bajos anunció que su decisión de congelar la entrega a Willemstad de fondos adicionales para combatir la inmigración ilegal, hasta tanto no garantice plenamente el respeto a los Derechos Humanos.
“Con respecto a la detención de extranjeros en Curazao, he concluido que a pesar de los avances, como la construcción de centros para la detención de extranjeros y del entrenamiento al personal que labora en los mismos, Curazao se queda corto en aspectos cruciales. La observancia de los aspectos como el acceso a la asistencia jurídica y la atención médica, y la formación del personal con respecto al tratamiento de los extranjeros son una condición explícita para la asignación de nuevos recursos financieros”, apuntó el para entonces ministro neerlandés de Interior y Relaciones del Reino, Raymond Knops.
Pedro Pablo Peñaloza
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