Dos nombres ligados al político venezolano exiliado en España, Leopoldo López, han acaparado titulares en los últimos días por casos de presunta corrupción. Se trata de los empresarios César Omaña y Julio Herrera Velutini. El primero por su reciente retención por parte de autoridades estadounidenses ante la sospecha de estar involucrado en el manejo irregular de activos de Venezuela en el exterior. Y el segundo por estar involucrado en el caso de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez Garced, arrestada este jueves bajo la acusación de haber formado parte de un esquema de sobornos relacionado con la financiación de su campaña política en 2020.

Este último caso es el más reciente. Según la acusación formal que puso tras las rejas a la exgobernadora, entre diciembre de 2019 y junio de 2020 Vázquez Garced participó en un plan de soborno con varias personas, entre las que aparece Julio Martín Herrera Velutini, un venezolano-italiano que en 2009 fue citado por la Fiscalía venezolana luego de la intervención del Banco Real, del que era presidente, y de la liquidación del Helm Bank, cuyas acciones había comprado en su totalidad. Incluso estuvo por un corto periodo en la lista roja de la Interpol, pero fue excluido bajo el supuesto argumento de que la investigación abierta en su contra por el régimen chavista era de índole político. Tras superar este episodio, se enfocó en sus negocios en Puerto Rico con el Bancredito International Bank, pero allí tampoco escapó de la polémica.

¿Qué hace Herrera Velutini por Guaidó y López?

Junto con la exgobernadora y un exagente del FBI de nombre Mark Rossini, Herrera Velutini es acusado de conspiración, soborno a programas federales y fraude de servicios honestos por haber prometido proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral de Vásquez Garced en 2020 a cambio de que ella despidiera al titular de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) –que en 2019 había sometido el banco del venezolano-italiano a una evaluación– y nombrar uno nuevo. La entonces gobernadora aceptó el soborno y accedió a la petición, nombrando en el cargo a un exconsultor del banco propiedad de Herrera Velutini. La recompensa habría sido la asignación de asesores políticos pagados por Herrera Velutini y Rossini por un monto de 300.000 dólares para apoyar la campaña a la reelección de la política hoy tras las rejas, según reseña de la agencia EFE. Ante la derrota de Vásquez Garced, los mencionados empresarios habrían tratado de sobornar también a su sucesor.

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El portal Infodio publicó el pasado mes de mayo un artículo titulado “¿Qué hace Julio Herrera Velutini para Juan Guaidó y Leopoldo López?”, en el que establece los vínculos a través de Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó, y Valentina Tintori, hermana de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori.

Entre la «Operación Libertad» y el desfalco a Monómeros

La relación de Leopoldo López con César Omaña también es de dominio público. Este empresario venezolano fue señalado por haber financiado la llamada “Operación Libertad” que se llevó a cabo –sin éxito– el 30 de abril de 2019, cuyo objetivo era sacar del poder a Nicolás Maduro y nombrar un gobierno de transición que incluiría a figuras del chavismo y de la supuesta oposición, pero estaría presidido por el magistrado oficialista Maikel Moreno, quien se desempeñaba como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La operación fue un total fracaso. Lo único que logró fue la liberación de López, quien se encontraba bajo arresto domiciliario y luego terminó asilándose en la embajada de España en Caracas.

El nombre de Omaña volvió a ser noticia por haber sido retenido el fin de semana pasado durante unas ocho horas por parte de oficiales de una agencia federal estadounidense debido a la sospecha de que estaría involucrado en el manejo irregular de activos de Venezuela en el exterior. La información que trascendió precisa que en su teléfono celular se habrían encontrado evidencias de conversaciones y chats que comprometen a Leopoldo López con el manejo indebido de Monómeros, la filial de la estatal Pequiven dedicada a la producción de fertilizantes que se encuentra en territorio colombiano pero es propiedad del Estado venezolano y que tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino en 2019 y el reconocimiento del presidente colombiano Iván Duque, su administración quedó en manos del llamado interinato.

El manejo irregular de la empresa por parte de la Administración de Guaidó llevó incluso a que fuera intervenida el año pasado por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. En una entrevista con la periodista Nitu Pérez Osuna en octubre del año pasado, el exembajador de Guaidó en Bogotá, Humberto Calderón Berti, aseguró que Monómeros fue sometida a una politización bajo presión de Leopoldo López, según él pudo evidenciar en una reunión dirigida por Manuel Rosales –hoy gobernador del estado Zulia tras aceptar participar en elecciones con el régimen y reconocer a Maduro–, en la que “increpaban” de forma “desconsiderada” a la directiva de la empresa para “exigir favores y proponer negocios”.

PanAm Post

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