La Fiscalía de Venezuela, presentó en 2016 cargos por legitimación de capitales contra José Luis Santoro Castellano, accionista mayoritario del Banco Peravia de la República Dominicana, por presuntamente incurrir en el delito de legitimación de capitales, provenientes de infracciones graves.

José Luis Santoro, quien posee dos nacionalidades, una venezolana y otra italiana, pero tenia residencia permanente en la República Dominicana, huyó hacia Venezuela luego de ser alertado, de que estaba siendo sometido a la justicia dominicana por la comisión de múltiples delitos, entre ellos, de fraude bancario, lavado de activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

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La constitución de Venezuela, en su artÍculo 69 prohíbe la extradición de venezolanos, por lo que tanto José Luis Santoro, Daniel Alejandro Morales Santoro y María Cristina Martiradonna de Santoro, que residían en Rep. Dom, huyeron hacia dicho país, sin percatarse que aunque la constitución de Venezuela prohíbe la extradición, si permite ser juzgado allí por los mismos delitos.

Vinculado al narcotráfico 

Según el diario dominicano, Prensa Libre, la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana, vincula al venezolano José Luis Santoro, uno de los principales propietarios del Banco Peravia, con el mundo del narcotráfico y el lavado de activos.

La imputación está contenida en una solicitud de extradición en contra del fugitivo y otras once personas, a las que relaciona con la presunta estafa bancaria.

“El acusado se vinculó al mundo del narcotráfico y lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional Breznev Jiménez Jiménez, en la actualidad acusado por narcotráfico y lavado de activos”, señala Yeni Berenice Reynoso.

Los pedidos en extradición, además de Santoro, son su esposa, Cristina Martidonna de Santoro, su hija María Cristina Santoro Martidonna, Gabriel Jiménez Aray, Daniel Alejandro Santoro Morales, Máximo Bertilomo, Luis Manuel Melo Peña, Evelyn Serret de Santana, Miriam Serret, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños.

La Fiscal plantea que Santoro y Jiménez Aray eran los principales propietarios del Banco Peravia y los jefes operativos del mismo, a los que les atribuye haber cometido decenas de delitos.

En su petición de extradición, formulada por ante el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, sostiene que más del 75% de todos los préstamos que emitía el banco eran fraudulentos, con el objetivo de los imputados beneficiarse a nivel personal.

Asimismo, una cifra superior al 90% de las tarjetas de crédito eran utilizadas por los imputados para sacar dinero de los ahorrantes.

Indica que emitían tarjetas sin las formalidades que exigen las leyes bancarias dominicanas e internacionales, y las utilizaban para adquirir bienes personales.

Según la Fiscalía, robaron la identidad de decenas de personas, quienes hasta el momento de la investigación no tenían conocimiento de las supuestas tarjetas o préstamos en el Peravia.

Afirma que en alegada sociedad criminal con el imputado Nelson Cabral, les otorgaron alrededor de 40 préstamos fraudulentos por un monto aproximado de RD$300 millones.

Además, manifiesta que se adjudicaban a título personal las garantías del banco, amenazaban e intimidaban con militares corruptos a los ahorrantes que reclamaban su dinero.

Reynoso detalla que les sacaban decenas de millones de pesos a los ahorrantes de sus cuentas, sin éstos tener conocimiento.

Les endilga obtener cientos de millones de pesos a través de maniobras fraudulentas.

Cita que, a través de su asistente Yenny García de Piantini, el imputado José Luis Santoro emitía tarjetas de crédito fraudulentas.

Dice que el acusado adquirió la empresa Doral Rent A Car, emitiendo tarjetas de crédito fraudulentas, para que éste sacara dinero de los cajeros.

Pero los retiros no eran pagados, las tarjetas se emitían con la actualización fraudulenta de Daniel Morales Santoro, y se pagaban con montos ficticios.

De Jiménez Aray, la funcionaria sostiene que como vicepresidente del Banco Peravia, junto a Yesenia Serret, supuestamente elaboraba préstamos y autorizaba tarjetas fraudulentas.

Hacía retiros en efectivo de caja, de manera directa, y adquirió bienes, como su apartamento, con dinero fraudulento.

Por igual, otorgó préstamos alterados a su pareja Yomalys Fernández.

Asimismo, le atribuye adquirir y traspasar de manera ilícita bienes del banco.

Al momento de la disolución del Peravia, Jiménez Aray se desempeñaba como presidente.

En ese puesto, lo relaciona con transferencias fraudulentas a favor de la madre de su hijo, María Laura.

Según la Fiscalía, estas tarjetas se pagaban con préstamos ficticios realizados por Yesenia Serret y Daniel Morales Santoro.

También el imputado, junto a José Luis Santoro, estaba involucrado en todas las transacciones fraudulentas de captación de fondos a ciudadanos venezolanos, a quienes luego amenazaban e intimidaban cuando los ahorrantes reclamaban dinero.

Indica que Jiménez Aray era presidente o directivo de varias empresas, utilizadas por él y Santoro para distraer bienes de los ahorrantes.

Especifica que Daniel Alejandro Morales Santoro, en su condición de vicepresidente del banco, era una pieza clave en la confección de los préstamos fraudulentos y en las emisiones de tarjetas de créditos ficticias, así como en las transacciones de retiros anómalos.

Igualmente, en el retiro en efectivo de grandes cantidades de recursos sin ninguna formalidad.

Argumenta que junto a Yesenia Serret, presuntamente eran los ejecutivos que en la práctica ejecutaban gran parte del fraude en la confección de documentos fraudulentos, presunto robo de identidad a personas para otorgarles tarjetas y préstamos.

Mientras que señala como alegada testaferra de su esposo, Cristina Martidonna de Santoro realizó transferencias millonarias a cuentas extranjeras de dineros en pesos y dólares.

La Fiscal del Distrito dice que María Cristina Santoro, hija de José Luis Santoro, adquirió un apartamento en la Torre Beneto III, el cual fue supuestamente fue pagado con dinero del Banco Peravia, pero la imputada alega que lo había adquirido con su dinero, cuestión que el Ministerio Público demostró que era falso, lo intentó recuperar vía una acción de amparo. Observa que Máximo Bartilomo era supuesto testaferro de José Luis Santoro, con el cual trabajó como vendedor en la Unión de Seguros, empresa de éste último.

Venezuela no entregó en extradición a José Luis Santoro

Las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela, declararon “improcedente la solicitud de extradición pasiva del ciudadano José Luis Santoro de nacionalidad venezolana”, presentada por el Gobierno de la República Dominicana.

Santoro fue apresado en Venezuela y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Fue pedido en extradición por las autoridades judiciales dominicanas acusados según por “estafa, enriquecimiento ilícito, fraude bancario, lavado de activos y abuso de confianza”, en el sonoro caso del Banco Peravia, donde además figuran otros ciudadanos venezolanos implicados en el mismo.

Según la Sentencia número 336 del Expediente E16-82, el Tribunal Supremo de Venezuela asume de igual modo para con el Gobierno de la República Dominicana “el firme compromiso de iniciar el procedimiento tendiente a la investigación de los hechos por los cuales se realizó la solicitud de extradición examinada, y, de ser el caso, se efectué el enjuiciamiento del ciudadano José Luis Santoro.”

El Tribunal que ventiló la solicitud de extradición del imputado, también decretó “mantener la medida privativa judicial preventiva de libertad impuesta respecto al ciudadano Santoro en fecha 22 de junio de 2016, por el referido Juzgado.”

Se añade en la decisión tomada por la jueza Francia Coello González que “acuerda remitir la documentación enviada por la República Dominicana, al Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con el fin de que dicho órgano judicial convoque a una audiencia para oír al imputado, previa notificación de las partes.”

Asimismo, se advierte que “todo lo actuado se realizará conforme con la normativa procesal prevista en el Código Orgánico Procesal Penal”, según se establece en la referida Sentencia Penal.

El Tribunal que ventiló la solicitud de extradición del imputado, también decretó “mantener la medida privativa judicial preventiva de libertad impuesta respecto al ciudadano Santoro en fecha 22 de junio de 2016, por el referido Juzgado.”

“Insta al Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, para que solicite a la República Dominicana, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, cualquier elemento probatorio que estime necesario y que pueda servir para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la investigación que fue iniciada primigeniamente en el país requirente, en los que presuntamente se encuentra involucrado el ciudadano José Luis Santoro, con base en los principios de cooperación internacional en materia judicial.”

La fiscal del Distrito Nacional en la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, había expresado que “esperaba la colaboración de Venezuela para que se procediera a la entrega de Santoro Castellanos a la República Dominicana para responder por el fraude bancario de alrededor mil 500 millones de pesos, que se le imputa.”

El acaudalado empresario figuraba como el principal accionista y ejecutivo del desaparecido Banco Peravia de Ahorros y Crédito, al que le fue realizado una “auditoría forense” por parte de las autoridades bancarias de la República Dominicana, lo que según éstas “reflejó el mayúsculo fraude” cometido contra varios clientes.

Ver Sentencia emitida por el Tribunal Supremo Justicia de Venezuela: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/187458-171-11416-2016-E16-82.HTML

José Luis Santoro, figura además como presidente del Grupo Santoro. Tiene negocios “en Doral en Miami, en Venezuela y en la República Dominicana.”

Santoro, antes de ser apresado en su natal Venezuela, realizaba viajes periódicos a la ciudad de Miami, donde solía “compartir con amigos y relacionados dominicanos.”

Al momento de la redacción de esta información, las autoridades judiciales de la República Dominicana “no habían emitido ninguna respuesta en torno a la decisión de sus homólogos en Venezuela.”

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