El exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) Mark Rossini, uno de los tres coacusados en el caso federal por conspiración, soborno y fraude contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, pagó el pasado jueves, por conducto de su abogada, la fianza de $50,000 impuesta por la magistrada Camille Vélez Rivé en una vista celebrada el 17 de agosto.

Rossini solicitó, durante una vista del 17 de agosto de modificación de las condiciones de libertad bajo fianza, cinco días adicionales para pagar el monto total, pedido que fue acogido por Vélez Rivé. El pago de la fianza lo realizó la licenciada Lydia Lizarribar Masini.

En dicha vista la magistrada también le concedió a Rossini permiso para permanecer en Nueva York y para viajar en la zona triestatal de Nueva York (Tri-State, en inglés), que comprende los distintos distritos de Nueva York y algunos de Nueva Jersey y Connecticut, sin solicitar permiso previo al tribunal.

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Rossini, según las concesiones otorgadas por Vélez Rivé en la vista del 17 de agosto, compareció al tribunal del distrito sur de Nueva York para firmar la documentación del pago de la fianza.

Mientras, el juez presidente del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, aprobó las mociones radicadas por los abogados Sean T. Haran y Derek A. Cohen para representar a Rossini pro hac vice. Una moción pro hac vice es una solicitud al tribunal para que se le permita a un abogado participar de un proceso judicial en una jurisdicción en la que no está licenciado para ejercer dichas funciones.

Haran y Cohen son socios del bufete Walden, Macht & Haran, con sede en Nueva York. El portal de la firma sostiene que Cohen, un exfiscal federal, es un experimentado abogado litigante, y Haran es descrito como un astuto asesor y negociador que, además, cuenta con extensa experiencia en juicios.

En cuanto al tercer coacusado, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, el docket del caso no contiene entradas o mociones en cuanto a si se inició el proceso para solicitar su extradición. Vélez Rivé emitió una orden de arresto contra Herrera Velutini el 3 de agosto, pero la misma no se ha podido diligenciar pues el empresario se encuentra en Inglaterra, donde las agencias federales no tienen jurisdicción para ejecutar la orden de arresto.

Vázquez Garced sometió alegato de no culpabilidad, el 8 de agosto, por cargos de conspiración, soborno fraude relacionados con el financiamiento de su campaña electoral para los comicios de 2020.

Vázquez Garced, quien estuvo en La Fortaleza apenas 17 meses, podría recibir una sentencia máxima de 20 años de cárcel de ser encontrada culpable por los tres cargos.

En total, son siete los cargos en conjunto que se le imputan a la exgobernadora y a los coacusados Julio Herrera Velutini, un banquero internacional venezolano dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, y al exagente del FBI Mark Rossini.

El pliego acusatorio sostiene que, desde alrededor de diciembre 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora, Herrera Velutini y Rossini “conspiraron, a sabiendas y deliberadamente”, con otros para “cometer delitos contra los Estados Unidos”.

Según el documento, desde principios de 2019, el banquero internacional junto a sus coconspiradores buscó interferir tanto con las funciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF) como con las de la Oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La acusación resalta que Herrera Velutini y Rossini acordaron brindar “miles de dólares” en fondos para apoyar la campaña a la gobernación Vázquez Garced a cambio de que la también exsecretaria de Justicia exigiera la salida del entonces comisionado de la OCIF, George Richard Joyner Kelly, quien realizaba una auditoría a Bancrédito.

El supuesto acuerdo incluía que Vázquez Garced nombrara un nuevo comisionado de la OCIF que Herrera Velutini favoreciera. Vázquez Garced designó a Víctor Rodríguez Bonilla al cargo en mayo de 2020. Rodríguez Bonilla fue consultor de Bancrédito.

Por este caso, se declararon culpables en la esfera federal John Blakeman, colaborador de la campaña de Vázquez Garced, y Frances Díaz, principal oficial ejecutiva (CEO, en inglés) de Bancrédito.

Vázquez Garced quedó libre con una fianza asegurada de $50,000.

José Ayala Gordián

El Nuevo Día

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