El Departamento de Justicia federal entregó a los imputados las primeras evidencias en el caso del banquero Julio Herrera Velutini, Mark T. Rossini y de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, que incluyen 24 grabaciones de audio.

Según una moción del estado de los procedimientos radicada, el fiscal Nicholas Cannon también adelantó al juez federal Raúl Arias Marxuach que van a activar las protecciones de la Ley de Procesos para Información Clasificada (CIPA en inglés) para una parte del descubrimiento de prueba, lo que implica que alguna de la evidencia que están obligados a entregar a la defensa son documentos, grabaciones o fotos que han sido clasificados como confidenciales por el impacto que pueden tener a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

La activación de esta ley es poco frecuente en el procesamiento criminal federal y puede venir por una petición de la fiscalía, como en este caso, pero también podría ser por petición de la defensa. La CIPA soporta que el juez examina, fuera de la presencia de las partes, la evidencia que caería bajo la protección del estatuto y, si tiene que hacer una vista, la haría en su despacho en vez de en corte abierta.

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La decisión final del juez sería si la evidencia clasificada se entrega completa a la otra parte, en este caso a la defensa, o si se entrega editada y si la información que fiscalía puede proveer para resumir o sustituir las secciones editadas es suficiente para que los representantes de los acusados puedan cumplir con sus obligaciones de defender adecuadamente a sus clientes.

Los fundamentos del gobierno son que Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y su consultor, Mark T. Rossini, participaron en un esquema de soborno mediante el que proporcionaron apoyo a la campaña primarista de la exmandataria a cambio de que esta hiciera cambios en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para acabar con una investigación del banco de Herrera Velutini, Bancrédito International Bank & Trust.

Para esta orden de mordaza, ya uno de los acusados, Rossini, le pidió al juez que la invalidara porque afecta su derecho a expresarse sobre las acusaciones en su contra.

Según la moción, fiscalía entregó 24 grabaciones de audio y el expediente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), actualizado al 28 de julio pasado. En los próximos 14 días, entregarían más actualizaciones del expediente investigativo, transcripciones de testimonios ante gran jurado, y los acuerdos de culpabilidad de “testigos potenciales”. Hasta ahora, se conoce de dos posibles testigos que ya hicieron alegación de culpa: el exconsultor de la campaña de Vázquez Garced, John Blakeman Ortiz, y la expresidenta de Bancrédito, Frances Diaz Fossé.

Debido al volumen entregado de las pruebas y las controversias del caso las partes concluyeron con una solicitud para que el tribunal no se pronuncie hasta por lo menos en 70 días, esto empujaría todo el calendario crítico del caso, por ejemplo, el plazo para que los acusados se declaren culpable o se paute inicio de juicio, para hasta principios de 2024.

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