Los gendarmes que permanecían ocultos en Friar’s Bay, un balneario del sector francés de Sint Maarten, observaron el momento en que tres individuos arrojaron una bengala desde la orilla, la noche del 14 de noviembre de 2020.

En esos días, los gobiernos de las islas del Caribe todavía mantenían las medidas restrictivas a la circulación de personas con motivo de la pandemia por el covid-19. Pero esa circunstancia no parecía detener la operación de los navegantes.

Desde el mar, encendieron una linterna para responder a la primera señal. Los agentes percibían que la fuente de luz se acercaba paulatinamente a las piedras de un rompeolas.

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Cuando los uniformados llegaron al punto de encuentro, ya once personas habían ganado la playa. Eran seis hombres, tres mujeres y dos niños. Entre ellos, había una pareja de venezolanos, de 30 y 31 años de edad. Ocho de los restantes eran albaneses. Habían llegado hasta ese lugar con el concurso de una mafia de su país. El último de los pasajeros venía de la India.

Al notar la presencia policial, el barco arrojó a los ocupantes al mar y puso proa al sur, hacia Galisbay.

Los funcionarios que llevaban a cabo la vigilancia formaban parte de un grupo especial dedicado a las pesquisas sobre la trata y el tráfico de personas.

Esa noche, la pesca no fue buena. Los individuos que manejaban las lanchas no fueron atrapados, y dos de los tres sujetos que participaban en la recepción de los emigrantes también huyeron. El único detenido fue un isleño, de 40 años de edad.

Las sospechas, consignadas en el expediente ventilado en los juzgados de esa antilla, indicaban que la operación desmantelada esa noche tenía por lo menos cuatro meses en preparación, e involucró el traslado de diez venezolanos.

Hacia Puerto Rico

Eventualmente, las pesquisas llevaron hasta el conductor de una buseta, que esperaría a los emigrantes en el estacionamiento del ACE Megacenter, desde donde serían llevados a un resort para pernoctar una noche y continuar el viaje, presumiblemente a Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas. Y desde allí, a Puerto Rico.

En todo momento, los implicados en esta red de tráfico de personas negaron poseer algún vínculo estable con los demás integrantes. El referido conductor, por ejemplo, dijo que un español desconocido por él se le acercó mientras comía en el estacionamiento del centro comercial para que llevara a los quince emigrantes que ya estaban en el territorio de la isla. Le dijo que eran turistas, y que iban a una fiesta en el resort. Por cada pasajero, pagaría 10 dólares.

La actitud del detenido en la redada del 14 de noviembre fue la misma: negarlo todo. Aún así, lo condenaron a treinta meses de prisión, no sólo por el tráfico de personas, sino también por la posesión de una pistola Taurus calibre 9 mm, hallada durante el allanamiento a su vivienda. El traficante alegó que la había encontrado en un basurero.

En el expediente judicial fueron consignados informes que indican nexos entre este detenido y personas investigadas en otras tres pesquisas, identificadas con los nombres-código Pauw, Crow e Eagle 2.0.

A juzgar por los datos consignados en un informe del Departamento de Estados Unidos, divulgado en julio, Sint Maarten es un importante centro de operaciones de los grupos transnacionales dedicados al tráfico de personas. Esto sucede en parte por la “falta de esfuerzos significativos del gobierno” de la isla para combatirlo, aún durante la pandemia. De igual forma, carece de recursos para atender a las víctimas de este delito.

Según este reporte, la unidad policial que participó en el procedimiento del 14 de noviembre apenas tiene siete funcionarios. De allí que fuese colocado en una “lista de observación”.

A partir de octubre de 2021, autoridades estadounidenses detectaron que grupos de venezolanos intentaban entrar a ese país navegando hacia Puerto Rico. Desde entonces, han sido detenidos 52 emigrantes de ese país.

Javier Ignacio Mayorca

Crónicas del Caribe

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