Alexander González estudiaba tercer año de bachillerato en un liceo público de Coro, estado Falcón. En su tiempo libre le gustaba jugar fútbol, escuchar música, practicar barbería con sus vecinos y mecánica con las motocicletas de sus parientes, pero sobre todo le agradaba pasar tiempo con su abuela paterna, por quien sentía una especial afinidad.

Estaba a punto de cumplir 15 años de edad, pero en casa aún le decían el Nene, un apodo familiar que le pusieron durante la vida infantil que no mucho antes había dejado atrás. González aspiraba celebrar su cumpleaños junto con su padre que se había mudado a Curazao. También soñaba con instalarse en esa isla, ubicada a 159 kilómetros de las costas de Falcón, donde pensaba que tendría un mejor futuro que en su natal Venezuela.

El 7 de junio de 2019, abordó una embarcación pesquera capitaneada con la intención de concretar esa aspiración, a pesar del cierre de fronteras ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro ese año. La nave desapareció después de zarpar y el muchacho y los demás pasajeros con ella.

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Dolor y fe

Yenifer Rivero, su madre, cree que el adolescente falleció, pero no deja de aferrarse a la posibilidad de que un milagro traiga a su hijo de vuelta a casa. “Donde quiera que esté, Dios lo va a traer de regreso”, dijo en entrevista para este trabajo.

González forma parte de un grupo de cinco niños y adolescentes de Falcón que desaparecieron en ese hecho de 2019 y en otro sucedido el 17 de marzo de 2020 en circunstancias semejantes: luego de zarpes clandestinos desde las costas falconianas en embarcaciones que pretendían llegar al Caribe Neerlandés.

Sus casos ilustran lo que ha sucedido con una cantidad indeterminada de infantes y jóvenes cuyo rastro se ha perdido en distintas rutas migratorias, en el contexto del gigantesco éxodo de más de 6,8 millones de migrantes y personas en necesidad de protección internacional originarias de Venezuela, que según datos de Naciones Unidas han salido del país como consecuencia de una crisis que la organización multilateral ha calificado de emergencia humanitaria.

Las historias de González, de Jackeisson Gómez, de 16 años; Albert de Ventura, de 17 años; y de los hermanos Kristian y Sebastián Calatayud, de 17 y 10 años de edad; fueron reconstruidas a través de entrevistas directas con sus parientes para este trabajo.

Sus casos fueron identificados entre los de 50 desaparecidos que dejaron ambos naufragios. Para ello se depuró una base de datos sobre las víctimas cuyos resultados fueron sometidos a verificación con consultas de primera mano con 30 familiares, incluidos los de los menores de edad sobre los que trata este reportaje.

Los relatos de los parientes de González, Ventura, Gómez y los hermanos Calatayud reflejan las desesperanzas de las familias y de los niños y adolescentes con respecto a sus condiciones de vida en Venezuela;  revelan el estado de desesperación en el que cayeron tras conocer la noticia de las desapariciones y también muestran la incertidumbre que tienen con respecto a los esfuerzos sin resultados de las búsquedas de los desaparecidos por parte del Estado. Cuentan que atraviesan un duelo inconcluso que les ha cambiado las vidas para siempre.

Sin rastro

Una investigación de la Organización Internacional de Migraciones calculó que desde 2014 más de 20.000 personas han desaparecido en fallidos intentos migratorios en el mundo: el rastro de la mayoría de ellas se perdió por naufragios en rutas marítimas.

En las costas venezolanas el fenómeno no solo se ha visto en Falcón: aproximadamente 87 personas desaparecieron en su intento de llegar a Trinidad y Tobago en lanchas pilotadas por grupos fuera de la ley: al menos 24 niños, niñas y adolescentes están entre las víctimas.

Los zarpes de menores de edad en condiciones peligrosas han continuado en Falcón, como confirman reportes de la Guardia Costera de Países Bajos: el pasado 4 de septiembre fueron detenidos en Curazao 31 balseros de Venezuela entre los que había 2 menores de edad de 17 y 13 años.

Todo pone a las autoridades en un desafío frente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU, que llaman a los Estados a reducir el número de personas que desaparecen o mueren en migraciones a destinos internacionales, al igual que frente a las normas del Pacto Mundial sobre Migración, cuyo objetivo número ocho demanda a los países signatarios, entre ellos Venezuela, “salvar vidas y emprender iniciativas coordinadas por los migrantes desaparecidos”. También marca desafíos con los incumplimientos de la normativa internacional sobre refugio que ampara a quienes huyen de crisis masivas en sus estados de origen.

Para este trabajo se consultó a las instituciones de Falcón sobre qué hacen frente a la situación y sus implicaciones. A Nelly Yela, directora regional del Instituto Autonómo del Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (IDENNA), se le solicitó una entrevista el 21 de agosto.

Su equipo de prensa la confirmó, pero luego la canceló sucesivamente en dos fechas de septiembre que fueron agendadas. Después de eso, pidieron que la solicitud se remitiera a las oficinas centrales de Caracas, a las cuales se envió el 21 de septiembre una comunicación escrita que no fue respondida al cierre del presente reportaje.

Al Fiscal Superior de Falcón se le intentó contactar para conocer de las investigaciones sobre las bandas responsables y sobre los esfuerzos para recuperar los restos de los desaparecidos. Sin embargo, respondió que las averiguaciones son reservadas y no podía declarar sobre ellas.

Edisoie Sandoval, titular de la Defensoría del Pueblo de Falcón, sí aceptó ofrecer una perspectiva: “Ciertamente, hay una realidad de personas desaparecidas, el marco jurídico venezolano tiene que avanzar en este sentido, tienen que mejorarse las estrategias, tienen que mejorarse las políticas públicas, no solamente para la atención de los migrantes, sino para las familias víctimas de esta situación. Venezuela tiene que adaptarse a su nueva realidad”.

El último mensaje

Una semana antes de su desaparición en 2019, Alexander González había intentado realizar el viaje a Curazao en compañía de una tía paterna de 38 años de edad. La embarcación que debían abordar estaba sobrecargada y por eso ambos desistieron. El grupo de 30 personas que salió en la nave sí llegó a destino, según la madre del adolescente.

González y su tía volvieron a intentarlo una vez más a los pocos días. Se reunieron el 4 de junio y salieron desde Coro, capital del estado, rumbo a Agüide, una localidad costera del municipio Acosta. El muchacho subió a un vehículo y su madre hizo un último intento por persuadirlo: “Le dije que no se fuera, le propuse que nos fuéramos a Colombia y me dijo que no”. Después, agregó una frase más: “Yo le diré a mi papá que te mande a buscar”.

En Agüide esperaron tres días durante los cuales apenas mantuvieron comunicación telefónica con sus familiares. En una llamada del 5 de junio, el adolescente tranquilizó a su madre y le confirmó que había comido gracias a que su tía le había cocinado. “Mami ya comimos, mi tía nos hizo comida, nos bañamos en una casa, estamos bien”, el último escrito de Alexander.

La lancha fue abordada por 34 personas, entre los que iba González, su tía y también otros dos adolescentes que no conocía: Albert Ventura y Jackeisson Gómez, ambos oriundos de La Vela de Coro.

El primero de ellos había estudiado hasta el primer año y el segundo hasta cuarto año de bachillerato.

Ventura vivía con su abuela y tres hermanos. Su madre para entonces tenía tres años residenciada en Curazao. “Ella lo intentó convencer de que no viajara, que se quedara en el país y que ella vendría a buscarlo, pero al final pagaron el viaje y se fue. Él decía que no quería nada de lo que le ofrecía su mamá para desistir de la idea, quería estar con ella”, cuenta Yurisbert Ventura, hermana de Albert.

No hubo modo de convencerlo: viajó solo, según sus parientes.

Jackeisson Gómez también iba solo. Quería viajar a Curazao no solo para reencontrarse con su padre, que tenía 2 años viviendo en la isla, sino también para encontrar una vida y un empleo. “Su motivo era sacar a su hijo adelante”, dice Sugedy Cumare, su madre. Antes de intentar salir de Venezuela, Gómez se había enterado de que su novia estaba embarazada.

Cumare había pagado por un puesto para viajar a Curazao, pero Gómez le suplicó que se lo cediera porque quería rápidamente encontrar una forma de mantener al hijo que venía en camino. Ella además se había separado del padre del adolescente y este también soñaba con una reunificación de la pareja. “Le ilusionaba que yo volviera con su papá”.

Antes de salir, le envió un mensaje de texto a Cumare: “Mamá, vamos saliendo. Cuídate”.

La historia que se repite

Nueve meses más tarde ocurrió una historia parecida con los hermanos Calatayud, quienes abordaron una lancha que zozobró y dejó solo 4 sobrevivientes de entre 20 personas.

Kristian cursaba quinto año de bachillerato y también ejercía el oficio de barbero. Confiaba en sus habilidades para conseguir trabajo en la isla. Su pequeño hermano, Sebastián, le acompañaba. El niño, que estudiaba quinto grado, le contó a sus amigos de la ilusión que sentía por subir al barco para reencontrarse con su papá.

Los hermanos Calatayud iban con su madre, de 47 años de edad, y otros miembros de la familia. Salieron a las 4 de la tarde desde Tiraya, en la península de Paraguaná, en la lancha La Encontrada.

“Tenían una emoción que yo nunca había visto en nadie, pero jamás imaginamos que ocurriría esto”, contó su tía Ismervin Medina, cuando se le entrevistó a propósito del caso en marzo del año pasado. Como todos, iban tras reencuentros familiares y nuevas vidas, pero a esos proyectos se los tragó el mar.

Familiares a solas 

La lancha en la que viajaban Alexander González, Jackeisson Gómez y Albert Ventura era esperada en Curazao aproximadamente a las 8 de la noche, cuatro horas después del zarpe.

En la playa a donde llegaría la embarcación se habían reunido grupos de venezolanos que se organizaron para evitar que los pasajeros fueran interceptados por las autoridades de la isla, según testimonios recopilados para este trabajo que también aportaron los datos que siguen.

El tiempo pasó sin que la embarcación llegara y eso activó las alarmas de los parientes tanto en Curazao como en Falcón, y así fue como se diseminó la noticia de que algo había salido mal. Fue una noche y una madrugada de incertidumbre entre llamadas telefónicas.

La primera reacción de la mayoría de los familiares fue desplazarse al amanecer a los alrededores del punto de zarpe para pedir ayuda a los pescadores.

Sin éxito en esa empresa, recurrieron después al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) y al cuarto día protestaron con la denuncia de falta de apoyo en la sede de la Capitanía de Puertos de La Vela y la Secretaría de Seguridad del gobierno regional, que se abocaron días después luego de aceptar las sugerencia de la Defensoría del Pueblo.

Por esos días de búsqueda, Aleira Raz, abuela de Ventura, que tenía entonces 69 años de edad, estuvo entre un grupo de parientes que fue a Agüide. Algunos fueron agredidos físicamente por desconocidos. Al regresar, contó a sus allegados que mujeres del lugar les recomendaron rendirse y afirmaron que nunca iban a encontrar a quienes buscaban. Raz falleció sin ver nuevamente a su nieto.

Sugeidy Cumare, madre de Gómez, dice que con otras familiares de víctimas recorrió a pie la península de Paraguaná de punta a punta: ella buscando a su hijo adolescente.

Imagínese todo lo que nosotros recorrimos caminando desde Adícora hasta más allá del Cabo San Román y no conseguimos rastro de nada”. Los parientes afirman que cubrieron los 685 kilómetros de las costas falconianas en un contexto de escasez de combustible y de diésel para desplazarse en vehículos, y de la sensación del poco interés oficial en las operaciones de búsqueda.

Limitaciones

Edisoie Sandoval, defensor del pueblo en Falcón, asegura que recibió las quejas de los familiares que pedían mayores esfuerzos, pero también los reportes de los operativos de búsqueda por mar y tierra emitidos por el Comando de la Zona de Defensa Integral de Falcón, la principal dependencia militar del estado.

“Tuve la información directa del comandante. No fui con ellos, pero enviamos una comisión y  dimos las orientaciones”, declaró para este trabajo. Sobre los reclamos de los parientes, dijo que como institución pudo llevar hasta un punto las exigencias. “No podíamos llegar a exigir 7 mil funcionarios. A veces hay una capacidad instalada y ellos están dando respuesta”.

Para este trabajo se procuraron las versiones de Protección Civil y de la Estación de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana sobre los operativos de búsqueda. No se obtuvo respuesta. Una fuente militar, sin embargo, afirmó que solo cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana hicieron un recorrido terrestre en un vehículo de la institución y que no pudieron usar lancha por falta de combustible.

Quejas semejantes sobre el alcance de las búsquedas formularon los parientes de desaparecidos de Tiraya. Juan Hurtado, hijo de José Hurtado de 54 años, afirmó que la operación solo duró dos días de marzo de 2020. En esas horas presenció la participación de dos embarcaciones del Comando de Guardacostas y de la Guardia Nacional Bolivariana, después no vio más.

Jhonny Romero, cuyo hijo de 26 años estuvo entre las víctimas, tiene una apreciación coincidente: “El operativo de búsqueda y salvamento no cubrió las expectativas de los familiares porque no tenían cauchos, aceite, los vehículos estaban dañados, no había funcionarios y no dejaron que la familia los acompañaran”.

La noticia de la desaparición de la lancha La Encontrada también movilizó a los parientes de los pasajeros.

Las primeras versiones causaron confusión e incluso se dijo que los pasajeros habían sobrevivido el naufragio. Los familiares, al igual que en el caso de 2019, se desplazaron al punto de zarpe para encontrar evidencias. No consiguieron nada.

El padre de los hermanos Calatayud se encontraba en Aruba y regresó por esos días hacia las costas de Paraguaná para buscar a sus hijos y a su esposa. Se despidió de Venezuela sin ningún rastro del paradero de su familia.

Insistir contra el olvido

Los parientes de González, Ventura, Gómez y los hermanos Calatayud se sumaron con el resto de las familias de las víctimas de los hechos de 2019 y 2020 a una plataforma común. Constituyeron una organización que bautizaron como Comité de Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela.

Al nombre le agregaron el término universal de petición de auxilio, en especial de aeronaves y embarcaciones: May Day. Las siglas del grupo son las siguientes: May Day Confavidt. El grupo lo preside Jhonny Romero: “Las familias vieron la necesidad de cerrar filas porque las autoridades policiales y las de búsqueda no nos prestaban atención, ni con respeto ni con seriedad”, dijo.

El comité también está integrado por familiares de venezolanos desaparecidos en Güiria, estado Sucre. Los familiares notaron que las desapariciones de Sucre y Falcón tiene similitudes desde la organización del viaje, horas de salida y destino final de los pasajeros. Sumaron esfuerzos para tratar de captar la atención de los gobernantes venezolanos.

Entre sus principales reclamos está que ignoran el estatus de los esfuerzos para la búsqueda de sus parientes y han exigido que se retomen las labores para la localización.

Sin otra ayuda que el trabajo voluntario, han logrado hacer 730 horas de trabajo de investigación y documentación con asistencias de organizaciones no gubernamentales; realizar 417 actividades de documentación de campo con el fin de hallar elementos de convicción; redactar 44 oficios  que han enviado a organizaciones internacionales; y escribir otros 13 a distintas fiscalías del país.

A ello se ha sumado la realización de cuatro diligencias de ley en Caracas y de dos reuniones con diplomáticos de la embajada del Reino de Países Bajos también en la capital venezolana.

De la Cruz Roja Internacional y del Alto Representante de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han recibido atención psicosocial para enfrentar la ausencia de sus parientes, la tristeza, el vacío y trastornos emocionales a causa de las desapariciones.

Grupos criminales

Quienes integran el comité demandan celeridad en las investigaciones. Apenas tienen noticias de que hay cuatro detenidos del caso 2019 y seis  de 2020. Sienten que fueron afectados por bandas ilegales que prosperan gracias a la desesperación y necesidad de personas agobiadas por la crisis venezolana.

El Ministerio Público ha investigado lo que uno le ha puesto fácil, no es que ellos estén haciendo el trabajo; los cuatro detenidos del caso de La Vela son el resultado de que los familiares han ido al terreno y han expuesto sus vidas”, afirmó Romero.

El defensor del pueblo, sin embargo, sugiere a los parientes la mayor transparencia para apoyar las averiguaciones. También recomienda que no oculten detalles e informen oportunamente en los momentos iniciales para apoyar las búsquedas. No ocultar detalles de los zarpes para acelerar las búsquedas: “Cuando forman parte de los preparativos del viaje no alertan a las autoridades

Noticias que han recogido de primera mano hablan de que el grupo de Agüide, por ejemplo, fue visto mientras les trasladaban de un lugar a otro en “manada” y les hacían trabajar. Los traslados con ese tipo de grupos, que ofrecen servicios de manera abierta, usualmente exponen a quienes contratan a riesgos de abuso sexual y explotación laboral, especialmente a mujeres y menores de edad.

La organización no gubernamental Provea, publicó un informe donde especifica que las personas presuntamente implicadas en la desaparición del 2019 son los de más bajo nivel dentro de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas en la zona. Exhorta a acelerar las investigación hasta detener a los cabecillas de los viajes y responsables de las desapariciones.

Organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Acnur han trabajado con autoridades locales como la Defensoría del Pueblo en la formación de promotores comunitarios y en informar a las comunidades sobre temas migratorios. “Se trabaja sobre todo en la parte preventiva. No le podemos decir ni obligar a nadie a que se quede”, dijo una fuente familiarizada con los trabajos.

Derecho a la información

Instrumentos internacionales como los pactos mundiales de Migración y de Refugio, ambos firmados en 2018, han procurado brindar líneas de acción a los gobiernos para que procesos ordenados, seguros, regulares y coordinados preserven vidas y evitar desapariciones como las de los de cinco niños y adolescentes de Falcón.

Activistas de derechos humanos también recuerdan que a las familias de personas desaparecidas también les asiste el derecho a recuperar los restos de sus deudos y a saber qué pasó.

“Los familiares tienen derecho a que se les informe. El Estado venezolano, a través de la Fiscalía, tiene que informarles de todas las diligencias que ha hecho para realizar labores de rescate y para determinar quiénes son los responsables de estos hechos. El Ministerio Público debe demostrar de manera diligente que han hecho todo lo posible. La omisión por parte del Estado constituye una vulneración del derecho a la verdad que tienen los familiares”, explica Carlos Rodríguez, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).

Rodríguez señala que los Estados están obligados a establecer mecanismos de cooperación internacional a los efectos de rastrear los cuerpos dentro del mar. Cuestionó que los gobiernos utilicen sus leyes internas para deshacerse de sus compromisos en materia de derechos humanos amparados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Con frecuencia Rivero, madre de Alexander, recuerda el momento cuando despidió a su hijo. Recrea la imagen en su mente de manera constante. Es cristiana evangélica y dice que eso la ha ayudado a mantener la fe de que algún día su hijo, hecho ya un hombre, volverá a casa.

“Uno está con incertidumbre. Es duro y doloroso conseguir los restos de un familiar y saber dónde lo vas a enterrar, pero eso es diferente a como estamos nosotros que no sabemos si esa gente come, se baña, si los maltratan, si abusan de ellos”. Es su manera de hablar del derecho a la verdad.

Este trabajo se realizó en el marco del Programa de Formación en Periodismo de Investigación de Espacio Público

Jhonattam Petit

Crónicas del Caribe

Por admin

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