El abogado estadounidense Rolando Vázquez continúa adelante con una demanda en la corte civil del condado Miami-Dade, contra Patricia Poleo, periodista venezolana exiliada en Estados Unidos.

Vázquez demandó a Poleo el pasado mes de noviembre de 2021, por una cifra superior a los $ 100,000, acusando a la venezolana de haberlo difamado, esto luego que Poleo presentó y entrevistó en su podcast Agárrate, seguido por miles de venezolanos, en el canal Factores de Poder en Youtube, a unas personas que habían contratado al abogado, quienes al igual que la periodista, señalaron a Vázquez de haber incurrido en mala conducta profesional, al supuestamente no haberlos asistido de manera adecuada en los casos de regularización de su condición migratoria en Estados Unidos, para los que las personas presentadas en el podcast de Poleo habían contratado al abogado.

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Además de Poleo, aparecen también como codemandadas las compañías de la periodista, FREE WORD, INC, FACTORES DE PODER MEDIA LLC, y las ciudadanas Annia Corali Márquez, Valeria Sojo, Crissel Elena Jiménez y Niurka Natalia Vilaro. La demanda, signada como 2021-024964-CA-01, cursa en el condado Miami-Dade, donde están registradas las compañías de Poleo.

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En contraste con las aseveraciones de Poleo y de los clientes de Vázquez en contra del abogado, están las respuestas de The Florida Bar o Colegio de Abogados de la Florida, a donde acudieron los clientes del letrado especializado en temas de inmigración, para quejarse de la supuesta mala conducta profesional de Vázquez.

Después de analizar cada demanda en particular, The Florida Bar determinó que no había evidencias creíbles para pensar que Vázquez hubiese incurrido en una violación de las reglas que regulan el Colegio de Abogados de la Florida. En consecuencia, The Florida Bar consideró que no era apropiado continuar con procedimientos disciplinarios, poniendo fin a las reclamaciones.

Colegio de Abogados de Florida rechazó demandas contra el abogado Rolando Vázquez por considerarlas contradictorias y carecer de elementos que comprobaran una mala conducta profesional

Las decisiones del Colegio de Abogados de la Florida respecto al caso de Vázquez, suponen que tanto Poleo, como los entrevistados que acusaron al letrado, pudieron haber cometido difamación y calumnia, al señalar reiteradamente a Vázquez de incurrir en mala conducta profesional, sin contar con documentación legal válida que así lo certificara.

Según indica la demanda, los demandados señalaron a Vázquez y a su bufete de ser unos “estafadores”, y haber supuestamente tomado dinero de extranjeros solicitantes de asilo en Estados Unidos, como parte de la relación abogado-cliente, asegurando que luego abandonaron a sus clientes en las audiencias de la corte de inmigración, perjudicando sus respectivos casos.

La demanda también señala que los comentarios de los demandados fueron ignorantes, completamente desprovistos de conocimiento sobre cómo funciona el proceso de inmigración y que los demandados actuaron con abierta y notoria malicia y negligencia en sus comentarios sobre el demandante y sus negocios.

La defensa de Vázquez señala en la demanda que muchas de las declaraciones hechas por los acusados contienen información falsa, engañosa y tergiversaciones que retratan a los demandantes, como mínimo como mentirosos, ladrones y estafadores. Los demandados solicitaron además a terceros que denunciaran a Vázquez a las autoridades, específicamente al Colegio de Abogados de la Florida, para que el demandante pudiera ser inhabilitado.

También se alegra que Poleo y los demás demandados orquestaron y coordinaron esfuerzos para menospreciar el buen nombre y la reputación del demandante, para que sus clientes rescindieran sus contratos legales, representación con ellos y/o incumplir su respectivo acuerdo con el abogado.

Prosigue la demanda, señalando que la intención de los demandados fue la de atacar al demandante y dañar su buen nombre y reputación, sometiéndolo al escarnio público en las redes sociales. La acusación también señala que otro de los propósitos de los demandados fue el de canalizar a potenciales clientes de Vázquez, hacia otros profesionales similares al demandante, posiblemente abogados expertos en inmigración, a quien Poleo se refiere como "sus socios", como sucede cuando la periodista promociona en su podcast los servicios del despacho USIA Legal.

La demanda presentó también Menciona un ejemplo de un segmento de video del podcast de la periodista, trasmitido el 2 de noviembre de 2021, en donde Poleo y los demandados promovieron los servicios de otro abogado distinto a Vázquez, mientras mantenía una campaña tendiente a la inhabilitación de Vázquez para ejercer profesionalmente. En esa fecha se señaló en el podcast: “Estamos hablando con nuestro abogado de inmigración y por cierto, nunca anuncio nada que no esté probado y comprobado... Para que lo sepas, Jesús Reyes es nuestro abogado de inmigración, está con nosotros”.

Igualmente, se argumenta que el demandante está sufriendo daños debido a las prácticas comerciales desleales de los demandados, así como las afirmaciones difamatorias e intencionalmente imprudentes contra el demandante. Se detalla que clientes pasados, actuales y potenciales del demandante, son inmigrantes venezolanos y muchos de ellos han solicitado rescindir sus contratos con el demandante.

Parte de los alegatos indican que Poleo y los demandados incurrieron en métodos desleales de competencia, al tratar de afectar el negocio del demandante, para beneficiar a otros despachos de abogados, especializados al igual que Vázquez, en asuntos de inmigración.

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La siguiente audiencia de la demanda instaurada por Vázquez está prevista para el lunes 17 de octubre a través de la plataforma Zoom. El abogado del demandante presentó una petición para anular las múltiples mociones interpuestas por la defensa de la demandada, que piden la desestimación del caso.

 

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Otra demanda

Pero la del abogado Vázquez no es la única demanda que enfrenta Poleo en la Florida. En el mes de junio de 2020, la periodista fue demandada, también bajo cargos de difamación y calumnia, en la corte civil del condado de Broward, donde reside la periodista, en un caso numerado como CACE20010527. En este otro caso, los demandantes son el empresario Raúl Morales y sus compañías La Ceiba Tire Shop Florida Corp y La Ceiba Tire Shop Miami LLC, con domicilio en el condado de Miami-Dade. El monto exigido para resolver la demanda es de $250,000.

La demanda de Morales alega que el 22 de abril de 2020, 23 de abril de 2020 y 30 de mayo de 2020, Poleo difundió videos en YouTube en los que aseguraba a sus oyentes que el demandante, Raúl Morales, era socio comercial de dos narcotraficantes conocidos en Venezuela, y que Morales había utilizado dinero de las drogas de los dos narcotraficantes, para crear y construir su negocio. La periodista señaló directa e indirectamente, que las empresas LA CEIBA TIRE SHOP FLORIDA, CORP. y LA CEIBA TIRE SHOP MIAMI, LLC., habían sido creadas gracias a dinero del narcotráfico y del lavado de dinero del narcotráfico. Igualmente se alega que: "Las declaraciones falsas pronunciadas durante los videos de YouTube de la acusada demuestran un esfuerzo por lastimar a los demandantes en todos los aspectos de su vida personal y corporativa. Estas declaraciones falsas han sido dirigidas a los demandantes para difamarlos y perjudicar sus negocios, prácticas comerciales y destruir su buena reputación en la comunidad". También se argumenta que esas declaraciones "fueron hechas con malicia y con temeridad con el fin de lesionar a los demandantes, dañar la reputación de los demandantes y/o destruir su negocio, en el sentido de que los demandantes solicitaron por escrito que la acusada se retractara de sus declaraciones, pero se negó a hacerlo y, en cambio, prosiguió". Para la defensa de Morales, las declaraciones de Poleo constituyen difamación per se, al alegar falsamente que los demandantes han cometido un crimen.

Es por eso que los demandantes exigen ante el tribunal que sea dictada una medida cautelar preliminar y permanente, ordenando a la demandada el cese de los actos de difamación contra Morales y sus empresas y por cualquier otra reparación adicional que el tribunal considere justa y adecuada.

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Por admin

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