Aruba no contestó al requerimiento de información formulado por la justicia argentina en el curso de las pesquisas sobre un supuesto apoyo al terrorismo internacional, a través de la estatal venezolana Emtrasur.
El juez que investiga esta causa en Buenos Aires, Federico Villena, envió una rogatoria a la isla caribeña para que aportara detalles sobre el vuelo realizado por el 747 Dreamliner de la filial de Conviasa, desde Ciudad del Este (Paraguay) hasta Oranjestad.
Sin embargo, hasta el 14 de octubre no se había recibido respuesta. Tampoco se recibió una corroboración oficial de Paraguay, así como de otros países en los que el jet de Emtrasur tuvo alguna actividad.
Ante la ausencia de respuestas, y el cumplimiento de los plazos máximos de detención, la semana pasada el juez Villena se vio obligado a levantar las medidas restrictivas que todavía pesaban sobre tres iraníes y dos venezolanos: Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi; Saeid Vali Zadeh; Mario Arraga Urdaneta y Víctor Pérez Gómez, los dos últimos gerentes de Finanzas y Operaciones de la empresa aérea venezolana.
Villena también ordenó la devolución de la aeronave, que hasta febrero de este año perteneció a Mahan Air, una línea iraní sancionada por el Departamento del Tesoro.
Silencio caribeño
En junio, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez ordenó al ministro Anticorrupción que solicitase el inicio de una averiguación en torno al vuelo hacia Aruba. Según el reporte de MercoPress, el jet llevó a la antilla una carga de cigarrillos valorada en 775.000 dólares. Esta mercancía supuestamente fue suministrada por la empresa Tabesa, propiedad del ex presidente de ese país, Horacio Cartés.
En los interrogatorios llevados a cabo en Argentina, el gerente de Operaciones de Emtrasur confirmó que la aeronave estuvo en Ciudad del Este entre el viernes 13 y el lunes 16 de mayo.
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Pérez relató que en la urbe de la Triple Frontera se retrasó la salida del vuelo. De allí la necesidad de esperar hasta el lunes 16.
La investigación argentina no ha logrado constatar que lo trasladado a Aruba fuese efectivamente cigarrillos. Tampoco si el vuelo fue directo. En los registros públicos de vuelos no se indica que el 747 haya cubierto la ruta Ciudad del Este-Oranjestad.
Pérez tampoco precisó cómo fue pagado el referido monto.
“Yo no puedo decir cómo se cobró, yo no estuve en ese vuelo presente. Yo lo coordiné y tuve conocimiento de ese vuelo, pero no fui parte del pago (…). Yo no participé de esa negociación porque a mí en ese particular, dentro de mi área de operaciones, no me compete ese tema”, dijo.
En la denuncia que originó la pesquisa argentina se consignan señalamientos de que Emtrasur realizaba vuelos en los que se desactivaba el dispositivo conocido como transponder, que permite monitorear los trayectos.
De acuerdo con el gerente de Operaciones de la línea, luego de descargar en Aruba el jet tuvo que ir a República Dominicana, toda vez que las islas del Caribe Neerlandés todavía no permiten vuelos directos desde y hacia Venezuela.
Los dominicanos tampoco han contestado a la solicitud de información de la justicia argentina. Algo que, según el juez Villena, “resulta ser de interés para el avance de la investigación”.
Javier Ignacio Mayorca
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