Sebastiana Barráez 
@SebastianaB

Diez funcionarios con rango de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron destituidos, resaltando el caso de dos comisarios jefes involucrados uno en el escandaloso robo a una empresa del estado Falcón y el otro, en la detención con tortura y muerte de un funcionario del CICPC. Los dos eran jefes poderosos en las regiones, señalados de violar la ley, incurriendo en delitos graves y abuso de poder, acompañados de subalternos. Ambos funcionarios eran protegidos del teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim.

Con la Corte Penal Internacional (CPI) respirando encima, cualquier funcionario que comete delitos que agraven la posición de perpetrador de crímenes de lesa humanidad de la DGCIM y el SEBIN, es una molestia para el régimen venezolano.

Con el memorándum Nr. 50-09-12-03-001085, la directora de Recursos Humanos de la DGCIM, licenciada Marely Josefina Hernández Dala, notificó a los comandantes de región, inspector general, directores de línea y jefes de dependencia la destitución de 10 funcionarios de esa institución.

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Explica la funcionaria que “por disposición del Director General de Contrainteligencia Militar (MG Ej Iván Hernández Dala), y de acuerdo con los artículos 15 y 16 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Defensa, y de acuerdo a lo estipulado en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, fueron removidos del cargo los funcionarios de contrainteligencia militar mencionados en la lista”.

El comisario jefe Argenis Linarez con Freddy González (de pie) y Joan Ventura Sandoval León

Destituidos los comisarios jefe Argenis Gregorio Linarez Márquez y Juan Bautista García Arocha, el inspector jefe Vincenzo Rocco Barreto, los subinspectores Joan Ventura Sandoval León Karl Roiyer Just Patiño González, los agentes primero Deiby Mackey Medina Sánchez, Jacobo José Vargas Pérez y Freddy del Valle González Alfonzo, así como los agentes tercero Génesis Josefina González Correa y Génesis Irais Oropeza Santiago.

Granko Arteaga, jefe de la DAE, ha sido un obstáculo para que se haga justicia en los dos casos de Falcón y Apure: se opone a la detención de Linarez Márquez como también lo hizo en el de Bautista Arocha, ejerce presión en la administración de justicia y se niega a entregar documentos o datos que solicitan las autoridades. La enorme red de poder que tiene Granko tiene una poderosa base económica en los botines de guerra, en las minas de oro en Bolívar, en el control de los puertos en La Guaira y Puerto Cabello, además de su interés particular por obtener viviendas con puertos privados como ocurrió con la de Isabel González Capriles.

Subinspector Joan Ventura Sandoval León

El jefe de Falcón

La joven abogada Beigary Gridmeida Olivares Silva no se quiso convertir en una víctima silenciosa de lo que le hicieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Falcón, encabezados por el comisario jefe Argenis Gregorio Linarez Márquez, junto a un grupo de subalternos, el inspector Joan Ventura Sandoval León, Freddy del Valle González Alfonzo y otros, que fueron detenidos y expulsados de la institución.

Al estilo de muchos funcionarios de la DGCIM que se han sentido con el poder para allanar sin autorización de ningún juez y sin presencia de fiscalía, para torturar “en nombre de la revolución”, para inventar procedimientos, adulterar actas y servir como testigos en procedimientos amañados, así creyó Linarez Márquez que él podía, con sus hombres, quedar impune.

El grupo de funcionarios entró a la posada donde vivía Olivares Silva, saquearon la casa, de la oficina se llevaron el escritorio, la silla, el equipo de internet, laptop, impresora, entre otras cosas, así como seis mil dólares, además de extorsionarla con 2 mil dólares para devolverle la camioneta Mazda bt50 color gris, que se llevaron del lugar y que entregaron desvalijada; se robaron una gandola con chatarra que vendieron.

Kener Antonio Sotillo Hernández era el encargado de la empresa de Olivares

Las investigaciones deducen que el ataque contra los bienes de Olivares se materializó porque Kener Antonio Sotillo Hernández, quien trabajó para Antidrogas de la Guardia Nacional, era el encargado que la joven tenía en su empresa y quien le debía dinero. Él se asoció con los funcionarios de Dgcim para no pagarle la deuda y aprovechar de sacar beneficio de lo que pudieron robarse del lugar.

La Abog. Beigary Olivares denunció, demostró cómo los funcionarios de Dgcim la robaron, extorsionaron y amenazaron. Después de la denuncia ha logrado recuperar parte de lo que le pertenece, los funcionarios fueron detenidos pero después les dieron medidas. La Dgcim destituyó a los funcionarios, pero la Fiscalía que lleva el caso tiene la responsabilidad de activar todos los mecanismos para que se haga justicia.

La obsesión de El Gavilán

Cuando el comisario jefe de la DGCIM, Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán, comandaba la Base de Contrainteligencia Militar Nr. 32, ubicada en Merecure, municipio Biruaca, estado Apure, cometió cantidad de violaciones a los derechos humanos, allanamientos, torturas que fueron denunciados, pero que no hacían mella en el funcionario protegido directamente por el Teniente Coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM Caracas, a la vez que se ufanaba de comunicarse directamente con Nicolás Maduro Moros.

Apure es un estado sui géneris, donde lo extraño e insólito se muestra cotidiano, donde la barbarie es más común que la civilización, el escenario ideal para que García Arocha fuera considerado un hombre poderoso, para quien solo existía la Ley que él impuso y así doblegaba a la administración de justicia.

Jefes y subalternos de DGCIM Apure y Falcón destituidos

A solicitud del Fiscal Cuarto con competencia Nacional en Materia de Corrupción y con orden de aprehensión suscrita por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Apure, según expediente 1C-22.894-22, por el Delito de Corrupción Agravada, El Gavilán se llevó preso del sitio de donde se encontraba en comisión de servicio, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), al abogado y funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Juan Ángel Pantoja Carreño, de 27 años de edad.

El interés de El Gavilán era que Pantoja le revelara dónde estaba oculto el dueño del hato El Chaparralito, Reyes Gabriel Hernández González “El Finquero”, a quien pretendían capturar para que traspasara el hato y que revelara dónde estaban los “millonarios entierros”, porque un empleado del hato, había contado que había toneles de dinero enterrado. Aunque durante meses han abierto gran cantidad de hoyos en la tierra, usaron maquinaria para excavar e incluso destaparon la tumba del padre de Reyes, no han encontrado nada.

Momento en que funcionarios militares se llevan ganados de El Chaparralito

Lo que sí han hecho funcionarios de la DGCIM, incluso hasta hace unos días, ya preso y destituido alias Gavilán, fue saquear el hato, robarse cientos de cabezas de ganado, apropiarse de equipos, maquinarias y todo lo que han podido de El Chaparralito. “Esa gandola del video es del dueño de otro hato que tiene mucha relación con Diosdado Cabello. El 10 de noviembre 2022 se sacaron lo que quedaba del ganado. Y son funcionarios militares porque al hato llegan en las camionetas de ellos”.

La obsesión de García Arocha, que lo llevó a la cárcel, era El Chaparralito, un botín muy importante para jefe de la DGCIM. Es por eso que cuando el 9 de diembre 2021, en el caso IC’22.404-2021, el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, le dio la libertad al Finquero y la devolución del hato, El Gavilán lo detuvo así como al abogado y capitán retirado del Ejército Juan Carlos Guillén Rosales.

Sin poder y sin cargo

En el Tribunal Guillén declaró que los funcionarios de la DGCIM, con Gavilán a la cabeza, lo mantuvieron encapuchado y esposado, le aplicaron presión psicológica para que revelara dónde estaba su cliente Reyes Hernández, lo amenazaron con sembrarle droga, armas o explosivos en su vivienda en Caracas, a la vez que le dijeron que le robarían todas las pertenencias de su casa, que lo iban a agredir físicamente a él y a su familia inmediata.

Nada hubo respuesta de las autoridades, ni las del Tribunal, ni Ministerio Público, menos aun de los superiores en la Dgcim. Fue hasta que el 7 de julio en la madrugada el funcionario del Cicpc, Juan Ángel Pantoja Carreño, murió en la base de la Dgcim. La excusa que el organismo de Inteligencia dio inicialmente es que se suicidó, ahorcándose, luego que se ahogó en un tobo de agua. Compañeros de Pantoja en el Cicpc reaccionaron airadamente, se presentaron a la DGCIM, manifestaron rabia e in dignación y revelaron que el día anterior coando la Dgcim llevó a Pantoja para ser reseñado en el Cicpc, el joven les manifestó que estaba siendo torturado y tenía miedo de que lo terminaran matando.

El juez Carlos Alberto Jaimes Gómez de Apure
y el abogado Juan Carlos Guillén Rosales presos por alias Gavilán

Quisieron responsabilizar a José Carlos Flores Pérez y Yarumi Rafael Figueroa López, quienes llegaron a la guardia cuando ya Pantoja estaba muerto, pero los familiares denunciaron. Las versiones del suicidio fueron menos creíbles aún porque se evidenció el lugar donde lo tenían con fotos que se filtraron a las redes sociales.

Juan Bautista García Arocha El Gavilán, el otrora poderoso jefe de la DGCIM en Apure, está preso aunque con privilegios con cuatro de sus funcionarios, sin influencias, desesperado publicando ataques contra diversas personas a través de cuentas que ha creado en las redes sociales, pero ahora también destituido de la institución. Son muchas las víctimas que claman justicia. Dos de los subalternos de El Gavilán están detenidos en la sede principal de la Dgcim en Caracas.

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