Raúl Gorrín Belisario, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero prioritario de los gobiernos bolivarianos, movió entre 2011 y 2013 en cuentas en bancos suizos no menos de 4.242 millones de euros (5.600 millones de dólares)* procedentes de caudales públicos de Venezuela. Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias. Gorrín y Perdomo se convirtieron en testaferros desde 2014, según explican a El Confidencial servicios de Inteligencia y la ex fiscal general de Venezuela, hoy en el exilio en Colombia, Luisa Ortega.
Ambos socios diseñaron y desarrollaron tramas de malversación de caudales públicos y el pago de sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos. Estas actividades ilícitas les han enriquecido hasta límites que son inconcebibles para el común de los mortales. También a sus representados.
Todas estas afirmaciones se sustentan en documentación a la que El Confidencial ha tenido acceso en exclusiva. Incluye investigaciones policiales, comunicaciones intervenidas a los involucrados, multitud de movimientos bancarios en entidades financieras con sede en varios países, entrevistas a los personajes de los entramados y sentencias y autos de acusación judiciales en diversas jurisdicciones. Todo este caudal de información proporciona por primera vez una mirada pormenorizada a las entrañas de los procesos de corrupción masiva en el seno del chavismo en un contexto en el que se dirime el futuro inmediato de Venezuela, según El Confidencial .
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cifra en decenas de miles de millones de dólares la malversación de fondos públicos de Venezuela desde 2008, y la Justicia de ese país lo está investigando en varias causas abiertas. Fuentes de Inteligencia y oficiales militares venezolanos informan a El Confidencial de que esa defraudación se calcula en unos 250.000 millones de dólares. Héctor Navarro, titular de cuatro carteras ministeriales del chavismo entre 1999 y 2014, y Jorge Giordani, exministro de Economía, denunciaron ante la Asamblea Nacional y en los medios que el expolio de los caudales estatales de Venezuela asciende a más de 300.000 millones de dólares.
Las sumas manejadas por las tramas de corrupción del chavismo producen vértigo. Algunas referencias ayudan a entender mejor esas cifras mareantes: el producto interior bruto de Chile en 2018 apenas superó esa estimación de los exministros venezolanos: 305.000 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional. El PIB de Portugal del año pasado se quedó lejos: 243.000 millones. El PIB de Venezuela en 2018 fue inferior en más de un tercio: 87.000 millones de dólares.
La propia ex fiscal general de Venezuela (2008-2017) Luisa Ortega confiesa a El Confidencial que ella misma investigó muchos casos de corrupción y malversación de capitales públicos de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y de los empresarios que los rodeaban, pero esas pesquisas de la Fiscalía siempre acababan en papel mojado o se sobreseían cuando llegaban a los tribunales: «Los delincuentes siempre terminaban absueltos», explica Ortega.
«Fui yo misma quien remitió a Estados Unidos en 2016 las pruebas de tres casos de corrupción cometidos por Gorrín, porque sabía que iba a ser absuelto en Venezuela», sostiene Luisa Ortega. Ella fue destituida en agosto pasado por el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional Constituyente controlada por Maduro. Gran parte de la red de corrupción y enriquecimiento ilícito por parte de Gorrín y otros empresarios está siendo investigada y juzgada en Estados Unidos.
Raúl Gorrín, de extracción social muy pobre, se ha hecho multimillonario al calor de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Raúl Gorrín nació en Caracas en 1968, “en el seno de una familia humilde, que lo inspiró para convertirse en un exitoso hombre de negocios”, según cuenta en su sitio web. Ejerció como abogado hasta 2008, cuando saltó al mundo de la empresa con la compra de la aseguradora La Vitalicia junto a otros nueve accionistas. Moverse bien en los tribunales de Caracas le granjeó amistades que marcaron su destino.
La riqueza de Raúl Gorrín es incalculable, según aseguran las fuentes especializadas que El Confidencial ha consultado. Usa multitud de sociedades pantalla registradas en paraísos fiscales y posee cuentas en países donde el secreto bancario sigue vigente, razón por la cual seguir la pista de su inmensa fortuna resulta un ejercicio complejo, pero no imposible.
Las titulares de sus cuentas en Suiza son cuatro sociedades creadas en 2009 en Panamá. Triangularon ingresos y pagos con más de 20 bancos ubicados en 13 países diferentes, entre ellos, España (Banco Santander y Caixa Geral), Suiza, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos o Singapur**.
Desde enero pasado, el Departamento del Tesoro de EEUU lo sancionó a él, a gran parte de sus familiares y a sus colaboradores más próximos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Si bien algunos de sus parientes, incluida su esposa, María Alejandra Perdomo, fueron eliminados de esa lista negra el pasado 19 de marzo, Gorrín Belisario sigue registrado en la OFAC, pero quiere colaborar para salvar su pellejo y parte de su fortuna amasada en el último decenio.
En 2018, un auto de acusación de un tribunal de Estados Unidos listaba 17 inmuebles de lujo en Coral Gables (Florida) y siete en Nueva York, todos ellos pertenecientes a Raúl Gorrín. El escrito dictaminaba su embargo porque el acusado habría blanqueado unos 160 millones de dólares en ese país. Además, habría pagado sobornos a altos funcionarios de la Oficina de la Tesorería Nacional de Venezuela para asegurarse contratos exclusivos con el Estado y habría desfalcado más de 1.000 millones de dólares que acabaron en EEUU. En 2010, Gorrín Belisario y sus socios de entramado adquirieron Banco Peravia, registrado en la República Dominicana, para «ayudar a blanquear el pago de sobornos a altos funcionarios venezolanos y para utilizarlo en otros procedimientos similares», según apunta el escrito de acusación de Florida.
Los registros de las cuentas que obran en posesión de El Confidencial muestran la pasión por el buen vivir de sus beneficiarios. Numerosos son los pagos multimillonarios para adquirir ‘jets’ privados y yates. La sociedad de Miami Interglobal Yacht es una de las grandes beneficiadas por el gusto por navegar de Gorrín, Perdomo y sus sobornados. Asimismo, la compañía Unique Jet Aviation recibe millones de dólares por la venta de sus aviones. Lujos todos ellos pagados con sumas malversadas de caudales públicos de Venezuela.
El Confidencial no ha sido capaz de establecer comunicación con Raúl Gorrín. Lo ha intentado en no menos de 20 ocasiones vía telefónica y mediante correos de mensajería instantánea. El aludido no contestó al teléfono, si bien leyó los mensajes escritos.
Antes de continuar la historia de Gorrín, vayan por delante unos párrafos de contexto para describir los precedentes del enriquecimiento ilícito de este magnate venezolano y algunos próceres del chavismo.
Los ingentes ingresos de la petrolera estatal PDVSA, principal activo económico del país cuyo subsuelo guarda las mayores reservas de crudo del mundo, habrían sido el recurso usado por los funcionarios y empresarios corruptos para hacerse multimillonarios y sacar el dinero del país con el fin de engordar sus cuentas en lugares como Suiza o Estados Unidos y comprar obras de arte, mansiones, yates, aviones privados y un sinfín de bienes de lujo. Para ello, no dudaron en comprar la voluntad de fiscales, jueces, periodistas, funcionarios y militares con el objetivo de que cooperasen o silenciaran sus actividades ilícitas. Eran años en los que el barril de petróleo superaba con creces los 100 dólares y Venezuela era una fiesta para los que ejercían el poder.
El esquema de malversación organizada de los sucesivos gobiernos chavistas comenzó a fraguarse a mediados de 2002 durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores, según ha conocido en exclusiva El Confidencial. A ella asistieron, entre otros, el presidente Hugo Chávez, Carlos Aguilera, entonces jefe de la Inteligencia militar, Luis Marín, empresario del sector energético y expresidente de la filial de PDVSA en EEUU, y Rafael Ramírez, en aquel momento todopoderoso ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería. Fue este último, precisamente, quien expuso durante el encuentro la necesidad de derivar al extranjero parte de los beneficios de la venta internacional de crudo para financiar el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y también para generar ahorros en divisas a través de la compra de bonos nacionales como los del Reino Unido.
En un momento de la reunión, Chávez dijo sentirse aturdido por el plan diseñado por Ramírez y su hombre de confianza, Luis Marín. Exigió que le llevaran un café para reponerse. Al poco tiempo, Carlos Aguilera se marchó del país huyendo de esa idea. Si luego el presidente estuvo al corriente o no de esas redes de corrupción institucionalizada, El Confidencial no lo puede afirmar, pero su ejecución ha sido una realidad hasta fechas recientes, con el pleno conocimiento de Nicolás Maduro y su red clientelar. Ese proceso de malversación de caudales públicos ha originado el enriquecimiento de un grupo de oficiales y altos funcionarios del chavismo. Personas acreditadas lo relatan para este artículo.
Ese encuentro sentó las bases de redes de la corrupción institucional en el seno de los sucesivos gobiernos bolivarianos que posteriormente han desencadenado un expolio masivo de los recursos de Venezuela.
Debidamente comprados para su causa, los tesoreros nacionales Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén no pusieron freno a las actividades ilícitas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo. Para su trama de enriquecimiento ilegal usaron seis sociedades venezolanas con cuenta en Banplus (Halifax Group CA, Comercializadora Servinvest CA, Integrados Whimper CA, Multiself Trade CA, Grupo Hancock CA e Inversiones Intergrales Total Group CA) y cinco firmas panameñas con cuentas en los bancos suizos EFG Bank, HSBC y CBH (IBCDB INC, Tucker Trade Corp., Bellsite Overseas SA, Vineyard Ventures INC y Mahogany Commercial SA).
Los papeles bancarios conseguidos por El Confidencial y el testimonio de un experto financiero que trabajó en las operaciones revelan que tan solo entre 2011 y 2012 los dos socios compraron letras del Tesoro británico con dinero público venezolano por valor de 3.918 millones de dólares. Sin embargo, al venderlas y convertirlas al bolívar oficial, se quedaron en 2.110 millones. Como resultado, la ganancia que obtuvieron en el ínterin se elevó a 1.808 millones de dólares. Negocio redondo.
Por otro lado, los movimientos bancarios exponen cómo Raúl Gorrín no se olvida de quienes le ayudaron a ascender y le presentaron a las personas adecuadas para llegar a ser multimillonario. Tomás Reinaldo Plaza, quien le hizo el puente con ‘el Tuerto Andrade’, recibió 2,5 millones de dólares en agosto de 2012 desde una cuenta suiza controlada por una empresa de Gorrín.
Varios correos electrónicos con una gestora de fondos de HSBC Private Bank de Bellsite Overseas, Valerie Barahona, indican cómo Bellsite Overseas transfiere en nueve tandas un total de 45 millones de dólares a sociedades con cuentas en Nueva York, San Francisco, Miami, Misuri, Ginebra, Panamá, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong y Ámsterdam. Las órdenes de transferencia llevan la rúbrica del propio Gorrín.
Valerie Barahona no es una experta en banca cualquiera, antes al contrario. Gestionaba los fondos desviados desde países latinoamericanos, muchos de ellos de origen ilícito. Entre 2010 y 2013, Barahona manejó el dinero orientado hacia Suiza por el argentino Lázaro Antonio Báez, presunto testaferro de los expresidentes de Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Estos dos políticos y sus hijos habrían participado en un entramado de blanqueo de capitales de no menos de 60 millones de dólares que habrían llevado a HSBC Private Bank, según el auto de procesamiento de un juzgado de Buenos Aires fechado en agosto de 2017.
Otro gestor financiero de Perdomo y Gorrín es el español Santiago Souto, miembro del comité de dirección del banco CBH. Entre al menos 2011 y 2013, este profesional bancario manejó gran parte de los 4.242 millones de euros de las cuentas de esos empresarios. Souto coadyuvó a traer a España una parte de la fortuna de Gorrín y Perdomo.
Gorrín desea abandonar Venezuela ahora que el país caribeño sufre una gran inestabilidad política y socioeconómica. Está atemorizado y se siente en el filo de la navaja por los movimientos de deslealtades y traiciones que se suceden en el interior del país en estas últimas semanas. Estos días se desvive por vender Globovisión a un precio aproximado de unos 100 millones de dólares, un canal de noticias de 24 horas del que es accionista mayoritario y que él y sus socios adquirieron por 90 millones. Pero el régimen de Maduro lo tiene vigilado por todo lo que sabe. Le han puesto una pulsera electrónica, de tal forma que los servicios secretos conocen su posición en todo momento. Así lo explicaron a El Confidencial fuentes militares de Venezuela que han ejercido de poder fáctico durante el chavismo y que ahora reculan. Raúl Gorrín desea hallar refugio en España y negocia para lograrlo.
En 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, se hizo con el control del canal televisivo Globovisión, con ayuda del empresario Juan Domingo Cordero y su cuñado Gustavo Perdomo. Está casado desde 1995 con María Alesandra Perdomo. Globovisión, al igual que otros medios venezolanos (los diarios ‘El Universal’ o ‘Últimas Noticias’) no siempre le bailaban el agua al Gobierno bolivariano. De modo que el chavismo se apoderó de ellos para acallar las críticas y despedir a los periodistas díscolos. Sobre Globovisión, Maduro pidió a Diosdado Cabello, uno de los próceres del chavismo y número dos ‘de facto’ del Gobierno actual, que exigiera a Gorrín el cambio de línea editorial. El programa ‘Aló Ciudadano’ salió de la parrilla de la cadena. Era uno de los pocos programas donde se deslizaban críticas al sistema.
La relación de Gorrín con los responsables militares de la custodia del hijo de Chávez lo acercaron a los poderes fácticos. El teniente Kenny Díaz y el sargento Tomás Reinaldo Plaza le presentaron en 2009 al oficial Alejandro Andrade, amigo de Chávez y que en aquella época ocupaba el puesto de director de la Oficina Nacional de Tesorería, organismo que controlaba las cuentas públicas del país. Fuentes con altas responsabilidades en aquel Ejecutivo de Chávez afirman que Andrade “no tenía ni idea de economía ni de tesorería, pero Chávez lo designó porque pensaba que le iba a ser leal en el manejo de las cuentas nacionales, algo que no ocurrió precisamente”. No en vano, Andrade había sido guardaespaldas de Chávez.
Entonces, Gorrín convenció a Andrade para que confiara en él para gestionar parte del gran negocio de ese momento. El elevado precio del crudo generaba ingentes cantidades de divisas para Venezuela y el Estado necesitaba bolívares para afrontar los gastos internos. Así, unos cuantos empresarios y altos funcionarios avezados tuvieron acceso a esas ventas de moneda. Colocaban los dólares en el mercado negro a un valor muy superior al oficial y la diferencia se desviaba a sus cuentas personales en bancos extranjeros, principalmente a países como Suiza o Andorra.
Raúl Gorrín y su cuñado, Gustavo Perdomo, no dudaron en sobornar a los directores de la Tesorería para conseguir favores y hacerse multimillonarios en el negocio cambiario y en la custodia e inversión de activos de PDVSA. Alejandro Andrade fue uno de ellos, pero también lo fueron Claudia Patricia Díaz Guillén, al mando de la Tesorería entre 2011 y 2013 y enfermera de Chávez, y el marido de esta, Adrián Velásquez. Habría actuado siempre con la connivencia y la complicidad de altos cargos del Ministerio de Finanzas entre los años 2008 y 2017.
En el auto de acusación referido de la Fiscalía de Florida, se especifica que Gorrín habría librado al menos 65 millones a Díaz Guillén y Velásquez desde cuentas en Suiza y en República Dominicana. Este matrimonio reside en Madrid. La Justicia venezolana los reclama; sin embargo, el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional rechazó su extradición por la posible vulneración de sus derechos fundamentales ante la situación que se vive en el país caribeño.
En lo que respecta al conocido como ‘el Tuerto Andrade’, en noviembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos. El tribunal del Distrito Sur de Florida determinó que Andrade blanqueó capitales y recibió 1.000 millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín y otros conspiradores. Según el fallo, Andrade aceptó dinero, aviones privados, yates, coches, casas, caballos de carrera y relojes de lujo a cambio de asegurar contratos y facilitar transacciones ilícitas de cambio de divisas cuando trabajaba como director de la Tesorería Nacional.
El que fuera guardaespaldas de Hugo Chávez colaboraba intensamente con la Justicia estadounidense desde 2017 para destripar varios casos de corrupción de empresarios y políticos venezolanos que se están investigando en el país norteamericano. Una vez que se dictó el fallo que lo condenaba a prisión, Andrade leyó una carta en sede judicial en que pedía perdón. Según informó la periodista Tamoa Calzadilla, de Univision, dijo lo siguiente: “Asumo con plena responsabilidad los hechos por los que me he declarado culpable (…) Como tesorero, tomé decisiones muy desacertadas que hoy lamento con todo corazón”. El extesorero nacional entre 2007 y 2010 señaló a Raúl Gorrín durante el proceso judicial como uno de los principales responsables del expolio de los recursos venezolanos.