Benny Sevinger, exministro y actual diputado de la oposición por el AVP en Aruba, recibió una condena de 12 meses de cárcel, de los cuales la mitad son en suspenso, y cinco años de inhabilitación política por vender terrenos del Estado a cambio de dinero, servicios y bienes entre 2009 y 2017.
El caso “Avestruz”, que involucra a otras seis personas que también fueron sancionadas con prisión, trabajos comunitarios o multas, absolvió a cinco sospechosos más. El político Sevinger fue acusado de fraude y malversación de fondos públicos. El juez consideró que, al aceptar sobornos y usar fondos públicos para beneficio propio, traicionó y minó la confianza en un gobierno íntegro. Además, encontró que el delito afectó gravemente la imagen de Aruba, lo que puede alejar a los posibles inversores.
El exministro Sevinger estuvo preso preventivamente en 2021 durante 73 días en el Instituto Correccional de Aruba (KIA) y luego recuperó su libertad para asumir su cargo de diputado en el Parlamento de Aruba, al que fue elegido en las últimas elecciones con más de 1.600 votos preferenciales para el AVP. De esta forma, Benny Sevinger causó un escándalo político en el país, al ser el primer político que ocupa un cargo gubernamental mientras se desarrolla un proceso judicial en su contra.
El partido AVP se reunió de forma extraordinaria para evaluar el futuro de Sevinger como miembro del mismo tras la sentencia. Mike Eman, líder del partido verde, dijo no tener una decisión definitiva al respecto. Sin embargo, expresó su apoyo a Benny Sevinger si decide recurrir la condena, según Crónicas del Caribe.
Por otro lado, los parlamentarios Ryçond Santos Do Nascimento y Muzanine Wever anunciaron su salida del partido AVP. Otros miembros también manifestaron su descontento con el partido. Ryçond Santos Do Nascimento declaró que seguirá en su cargo de forma independiente.
El Ministerio Público no quedó conforme con el fallo del Tribunal y presentó el recurso de apelación. Solicitó una pena de cinco años de cárcel para el exministro y diez años de inhabilitación política.
En cuanto a otros dos implicados, Leoncita Arends y Pieter Sussebeek, la fiscalía pidió aumentar la pena a tres años de cárcel con una multa de 14.000 dólares y cuatro años de cárcel, respectivamente.
La ley permite que el condenado pueda seguir ejerciendo un cargo de parlamentario mientras tenga la posibilidad de recurrir la sentencia en apelación y casación. Si el ciudadano pierde la apelación, tiene que cumplir la condena impuesta.
Según fuentes en el Parlamento, ningún parlamentario puede ser removido de su cargo, salvo por las siguientes causas: muerte, renuncia voluntaria y ausencia de más de ocho meses del país. Por lo tanto, Sevinger no está obligado a renunciar al cargo que ocupa como parlamentario.
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