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De una ferretería en Tinaquillo, un pueblo del llano venezolano, Gianfranco Napolitano pasó a construir más de 40 empresas entre Estados Unidos y Panamá. Su trayectoria es tan polémica que el bufete Mossack Fonseca rechazó tenerlo como cliente. Obtuvo varios contratos del chavismo en Yaracuy, de donde escapó después de que acusaran de corrupción al ex gobernador Carlos Giménez. Mientras se declaraba en quiebra en Miami, puso sus medios de comunicación al servicio del diputado Luis Parra, líder de la llamada ‘fracción Clap’ que se apoderó de la directiva de la Asamblea Nacional en Venezuela.

“Me vine al exilio hace siete años por enfrentarme al régimen y al gobierno del fallecido Hugo Chávez y sus gobernadores regionales”.

Así se presentaba Gianfranco Napolitano ante las cámaras de su canal Doral News TV en julio de 2015. El empresario venezolano, nacido en el estado Cojedes -región llanera del centrooccidente del país-, era dueño de una plataforma de medios de comunicación en Florida después de una larga relación con el chavismo, que lo apoyó desde sus inicios en su estado natal.

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Siempre rodeado de «amistades peligrosas», Napolitano ha cultivado una amplia red de amigos y colaboradores en ambos lados del espectro político venezolano, y aunque hoy se muestra como un defensor del antichavismo su pasado lo delata. La amistad que mejor explica esos matices le llevó a contactar hace unos meses al polémico diputado Luis Parra, con quien tiene vínculos en el también centrooccidental estado Yaracuy, donde desde hace años estableció gran parte de sus negocios.

Parra, quien junto a otros parlamentarios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional hizo en 2019 gestiones a favor de los empresarios Alex Saab y Carlos Lizcano (responsables de los negociados con las importaciones para las cajas Clap), requería ayuda urgente en enero de 2020 tras un sorprendente cambio de bando: había pasado de ser un rostro desconocido en las filas opositoras a ser el presidente de facto de la Asamblea Nacional, por obra y gracia de las artimañas del chavismo.

En medio de esa tormenta política, Napolitano le ofreció a Parra su plataforma comunicacional en Florida para contrarrestar la fama de “traidor” asociada a su imagen. Con ello ambos retomaron el camino que cada quien eligió seguir, década y media antes, en el estado Yaracuy: Parra por los senderos de la política, Napolitano por el de los negocios.

Luis Parra inició su carrera política como dirigente estudiantil en el Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy. En 2005, en las listas del partido político Convergencia -ese que agrupó a los seguidores de Rafael Caldera desde 1993 y que por algún tiempo fue la primera fuerza política en Yaracuy, tierra natal del dos veces presidente- , logró una curul en el Concejo Municipal de Independencia.

Ese mismo año, Napolitano -cuya experiencia se limitaba al comercio a través de una ferretería- empezó a acaparar las contrataciones para la venta y distribución de alimentos destinados a los programas sociales de la gobernación de Yaracuy. Pero no tardó mucho en decantarse por el negocio mediático. Así, se hizo dueño del diario La Noticia de Cojedes y en Yaracuy fundó la televisora Teleyaracuy, el impreso Diario de Yaracuy y la emisora Rumbera Network. En Florida, Napolitano es dueño del homónimo circuito Rumbera Network, y de un diario y una televisora con el nombre Doral News y Doral News TV, haciendo referencia así al nombre de la ciudad al oeste de Miami donde se concentró una gran parte del exilio venezolano.

Desde 2010 comenzó la vinculación de Parra con los medios de comunicación bajo el control de Napolitano. En el dial 106.5 FM de Rumbera Network en San Felipe, capital de Yaracuy, Parra condujo junto al concejal Miguel Ponente el programa “Más claro no canta un gallo”, por casi diez años. El espacio era la única producción de Rumbera Network, ya que el resto de la programación se limitaba a poner al aire contenidos musicales. Desde allí, Napolitano ayudaría a Parra y Miguel Ponente, luego jefe de gabinete del sobrevenido -y espurio, desde la perspectiva de la oposición al chavismo- presidente de la Asamblea Nacional, a construir una tribuna que le garantizó el ascenso político en la entidad, según Armando.Info.

Cuando el 1 de diciembre de 2019 quedó al descubierto la participación del grupo de diputados de oposición -encabezados por Parra-, en una gira internacional buscando indulgencias para Saab y compañía, Napolitano ofreció su apoyo mediático a Parra a validar su versión. Según información a la que tuvo acceso Armando.Info, le aseguró a Parra que estaba en capacidad de obtener espacios en al menos 20 medios y el apoyo de quince periodistas de renombre.

Una fórmula similar le había servido a Napolitano para construirse un retrato de perseguido político, tras los acontecimientos que lo vincularon con el ex gobernador Carlos Giménez en 2008. Gracias a su plataforma de medios y sus nexos con factores de poder variopintos, Napolitano logró ser incluido en la lista de perseguidos políticos y exiliados presentada por el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, como parte del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política presentada en el año 2013.

Rafael José Otero Acosta, esposo de Fabiola Leontina Napolitano Falciatore, prima de Gianfranco Napolitano, es actualmente el enlace entre Parra y el empresario radicado en la Florida. Otero, quien publicó una fotografía en su cuenta en Instagram desde las instalaciones del hemiciclo del parlamento venezolano, figuró como gerente general del Diario de Yaracuy y como miembro de Kintore Capital, S.A., una de las empresas creadas por Napolitano en Panamá. En esta última, comparte en la junta directiva con Lucia del Carmen Reyes Casadiego, un personaje central en el universo empresarial de Napolitano.

Reyes Casadiego lidera el equipo de confianza del empresario -integrado por José Luis Di Palma, Yulisbel Domínguez Rojas y Rafael Otero Acosta-. Su nombre se repite en nueve compañías asociadas a Napolitano. Con él comparte puestos de directiva en al menos dos empresas: Casco Investments Inc. y Kintore Capital S.A., Inc.

Rafael Otero Acosta

Junto a José Luis Di Palma Silva y Yulisbel Domínguez Rojas, Reyes Casadiego también integra Honsel Trading, Inc. y Pidela Holdings, así como Minden Associated. También aparece incorporada en condición de socia desde el primero de junio de 2009 a Gan-Ric Investment, LLC., la primera organización creada por la familia Napolitano en los Estados Unidos.

Fue por estas compañías -Honsel Trading Inc, Minden Associated, INC y Pidela Holdings- y Kyra Global Inc., que Gianfranco Napolitano recurrió en 2012 a los servicios del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Procuraba transferir a esa compañía el control de las sociedades Honsel Trading Inc y Kyra Global Inc, hasta entonces representadas por el Banco Español de Crédito (Banesto), así como la representación de las sociedades Minden Associated, INC y Pidela Holdings, gestionadas hasta entonces por el también panameño escritorio jurídico Alfaro Ferrer & Ramírez.

Esa gestión dejó al descubierto la red de socios empresariales de Napolitano, quien, entre tanto, fue rechazado como cliente por Mossack Fonseca. El mismo bufete que acogió todo tipo de nombres y apoyó cientos de transacciones para lavado de dinero y establecimiento de empresas de maletín, especializado en el registro de compañías en paraísos fiscales y conocido por el escándalo de los llamados Panama Papers, prefirió pasar de largo con el empresario venezolano.

Un total de 29 empresas inscritas en Estados Unidos y quince en Panamá constituyen la amplia red de compañías por donde transitaron los negocios y la fortuna que amasó Napolitano desde sus primeros contratos con la Gobernación de Yaracuy.

En 2012, Napolitano tocó a la puerta de Mossack Fonseca. Su deseo era transferir el control de las sociedades que había registrado entre 2008 y 2009 en Panamá, como parte de la estrategia de internacionalización de Napolitano para movilizar el capital de sus negocios. En tres de ellas, Honsel Trading Inc, Minden Associated, Inc y Pidela Holdings, figuran como propietarios su chofer, José Luis Di Palma Silva, y Lucía Reyes Casadiego.

El primer contacto con Mossack Fonseca lo hizo Banesto, el banco español con el que Napolitano hacía negocios, y que apenas unos meses más tarde sería absorbido por el Banco de Santander. En un correo electrónico incluido en la filtración de Panama Papers, de fecha 3 de mayo de 2012, un representante de la entidad bancaria le comunicó al personal del bufete las aspiraciones de su cliente: “Necesitamos un poder general a nombre de Lucía Reyes para las sociedades Kyra y Honsel […] son sociedades patrimoniales, aunque Honsel va a pasar a ser operativa al entrar en un negocio de gestión de cajeros automàticos en Puerto Rico y República Dominicana. Por otra parte nuestro cliente quiere transferir desde Alfaro Ferrer una fundación, Xiant, y dos sociedades, Milden y Pidela. En definitiva, que seáis vosotros el agente registrador. Él se pondrá en contacto con vosotros para esto”.

Lo que siguió fue un intenso intercambio de correos electrónicos entre Banesto, Mossack Fonseca y Napolitano, que se prolongó por un mes y terminó con la respuesta negativa del bufete: “[…] les aviso que hemos consultado con el departamento de Cumplimiento de nuestra Fiduciaria, y ellos han decidido no aceptar al Sr. Napolitano como cliente”.

Otros correos electrónicos arrojan luces sobre las razones por las que el escritorio jurídico -que ayudó con transacciones oscuras a ocultar la riqueza y la evasión de impuestos de políticos y figuras del crimen organizado en todo el mundo-, negó sus servicios a Napolitano. “El Sr. Napolitano está demasiado expuesto políticamente para aceptarlo como cliente […] no se puede demostrar que la fuente de su riqueza sea limpia”, afirma un representante de la firma en uno de los correos filtrados.

En una de las últimas conversaciones internas del bufete sobre la posibilidad de prestar servicios a Gianfranco Napolitano, la entonces directora para relaciones con el cliente, Jennifer Mossack, escribe a los directivos Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora: “Napolitano quiere traer tres entidades a Mossack que originalmente estaban con Morgan & Morgan y actualmente están con Alfaro, Ferrer y Ramírez. El hecho de que haya tanto movimiento con estas entidades y el hecho de que Banesto quiere entregar al Sr. Napolitano a Mossack Fonseca como cliente apunta al hecho de que el Sr. Napolitano es una ‘papa caliente’. Si invitamos al cliente a M&F Trust, una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, corremos el riesgo de aparecer en cualquier número de publicaciones periódicas si se produce un escándalo en torno al Sr. Napolitano. Entiendo que, en este negocio, tenemos que tomar riesgos, pero no es un riesgo que valga la pena”.

Pero Napolitano no se convirtió en un “riesgo” de la noche a la mañana. Su verdadera historia de ascenso empresarial comenzó junto al ex gobernador chavista del estado Yaracuy, Carlos Eduardo Giménez Colmenares, bajo cuyo amparo Napolitano se hizo con el contrato para la venta y distribución de alimentos destinados a los programas sociales de la gobernación.

Solo en 2005 un grupo de cooperativas vinculadas a su entorno y cobijadas bajo la empresa familiar de Napolitano, Inversiones Naser, C.A., fueron beneficiadas por las adjudicaciones directas para dotar a 96 mercados móviles en los catorce municipios del estado, tres ferias escolares y la implementación del programa Feria Bolivariana del Chigüire 2005, destinada a abastecer a los municipios del estado Yaracuy.

Carlos Giménez fue, junto a Didalco Bolívar y Ramón Martínez, uno de los tres gobernadores que el partido político Podemos -aliado del extinto Movimiento V República, el primer partido de Hugo Chávez- alcanzó en las elecciones regionales de 2004. Aunque algunas fuentes reconocen la cercanía entre Napolitano e Ismael García, entonces secretario general de Podemos, García niega enfáticamente alguna relación de amistad. “Lo conozco, así como conozco a muchos más, pero él nunca militó en el Podemos, ni formó parte de su estructura”, señaló en una entrevista con Armando.Info.

La organización política, fundada dos años antes, se posicionó velozmente como la principal aliada del oficialismo, abanderado por el Movimiento V República hasta el intento de fusión de todas las fuerzas chavistas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Giménez fue electo con 50,73% de los votos y gobernó el estado centrooccidental entre octubre de 2004 y junio de 2008.

Pero esa gestión cayó en desgracia poco antes de su término, tras ser señalada por corrupción por la Fiscalía General de la República. Luego quedó oficialmente interrumpida al acordar la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el antejuicio de mérito contra el gobernador, bajo cargos de peculado doloso, evasión de procesos licitatorios y concierto con contratistas. Entonces, como ahora, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo estaban bajo un estrecho control político del Ejecutivo Nacional.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Giménez adjudicó contratos a proveedores sin licitación y bajo el uso de la figura de “estado de alarma”, como una estrategia para evadir los mecanismos de auditoría y contraloría previstos en las leyes. La Fiscalía demostró que el mismo día que el ex gobernador declaró el estado de emergencia regional, el 8 de diciembre de 2004, firmó contratos con un grupo de cooperativas y empresas, entre ellas, dos controladas por Napolitano: Cooperativa El Lamedero R.L, e Insumos Tecnológicos Insutech, C.A.

Todas las contrataciones se manejaron a través del Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del Estado Yaracuy (Fundesoy), un ente que también fue objeto de escrutinio por parte de la Fiscalía durante el gobierno de Giménez, tras hacer patente la frenética adjudicación de contratos sin licitación.

Cooperativa El Lamedero R.L, “no poseía la capacidad financiera suficiente para respaldar el volumen y la cuantía de las operaciones comerciales que realizó con el Instituto”, describe la sentencia del TSJ. La investigación de la Fiscalía concluyó, además, que la cooperativa no estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), requisito obligatorio para hacer negocios con el Estado venezolano.

En ese tiempo Napolitano estrenó una fórmula: evitar concentrar la adjudicación de contratos bajo una sola figura empresarial a su nombre. Así fue como en agosto de 2005 creó en el estado Yaracuy las cooperativas Luacel 347, Atavis 345 y Tinuaca 342 R.L, con el objetivo de relevar a la cooperativa El Lamedero en la contratación del Programa de Bolsas de Comida y Suministros de Insumos de la Cesta Básica. Así lo evidencia la documentación presentada como prueba ante el Tribunal Quinto de Control de Yaracuy, el 29 de enero de 2008, que juzga la causa del entonces contador de la Fundasoy por el delito de ocultamiento ilícito de documentos públicos.

Durante 2006, sus cooperativas concentraron todas las contrataciones con Fundasoy, destinadas a llevar a cabo el plan de subsidio de productos alimenticios para abastecer a 126 mercados móviles, el plan de subsidio de útiles y uniformes escolares a través de la gran feria escolar Yaracuy 2006 y el plan de subsidio de pinturas, hallacas y juguetes para la feria navideña.

En las cooperativas Luacel 347, Atavis 345 y Tinuaca 342 R.L no figura el nombre de Gianfranco Napolitano, pero sí el de un personaje recurrente en las empresas que lo vinculan: José Luis Di Palma Silva, su chofer y a quien señalan como su principal testaferro.

Di Palma Silva es también nativo del estado Cojedes. Además de integrar la cooperativa Atavis 345, RL, figura junto a su hermano, Claudio Antonio Di Palma Silva, como socio en Dragas y Caminos Dracaminca, C.A, una empresa creada en abril de 2005 en el estado Carabobo, bajo el exitoso esquema de Napolitano de dispersión de su nombre. La lista de contratos que colecciona Dracaminca, C.A, muestra que los negocios de Napolitano y sus socios no se limitaron al estado Yaracuy.

Tres meses después de creada, Dracaminca, C.A obtuvo contratos del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi). Un año después, en junio de 2006, fue contratada por la alcaldía de Las Vegas, en el municipio Rómulo Gallegos de Cojedes. En el primer trimestre del año 2007 logró adjudicarse dos contratos con el Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy (Prosalud), para refaccionar áreas del Hospital Pediátrico “Dr. Placido Daniel Rodríguez River” de la ciudad de San Felipe.

Solo a través de Dracaminca, C.A consiguió al menos trece contratos entre 2005 y 2009, todos con gobernaciones, alcaldías e instituciones controladas por el chavismo, aún después de la destitución de Giménez. En 2009, durante la primera gestión del oficialista Julio León Heredia, Dracaminca obtuvo con el Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Yaracuy (Invity) el contrato para la construcción de un distribuidor en la autopista centro occidental, que según el Registro Nacional de Contratistas (RNC) solo avanzó 35%.

Al menos hasta 2011, en el RNC quedó asentado que Napolitano mantuvo negocios con el Estado. A través de otra empresa, Construcciones e Inversiones Vesubio (Coninveca), la familia se hizo de contrataciones que contaron entre su cartera de clientes con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto Corporativo de la Vivienda de Aragua, el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), Vialidad De Cojedes (Vialco, S.A), las gobernaciones de Apure, Monagas, Cojedes y Carabobo, Fundación Propatria 2000 y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La obra contratada con Pdvsa para la construcción de Puntos de Expendio de Gas Natural Vehicular en el estado Lara, no se ejecutó, y en noviembre de 2011 Pdvsa demandó a Coninveca ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia por el “incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato N° 4600027518 suscrito el 13 de noviembre de 2008”.

En enero de 2012, la Fiscalía Trigésima Novena del Área Metropolitana de Caracas inició una investigación contra Gianfranco Napolitano Serradimigni y José Ricardo Napolitano Serradimigni por los delitos de estafa y asociación para delinquir, con ocasión a una denuncia interpuesta por Seguros Pirámide, C.A contra Construcciones e Inversiones Vesubio. Un mes después el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión y el Juzgado Décimo Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó la detención de los hermanos, quienes para ese entonces estaban fuera del país.

Ese año la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acordó solicitar a las autoridades de ese país la extradición a Venezuela de José Ricardo, detenido en Panamá en junio de 2013, pero la medida nunca se concretó y el hermano mayor sigue participando como socio o director en al menos siete empresas establecidas en el país del canal.

Para entonces Napolitano ya tenía constituidas quince compañías en Panamá y diez en Estados Unidos.Tinaquillo, Cojedes, Yaracuy y Venezuela le habían quedado pequeñas al ferretero.

Casi de la nada, en medio de una parábola constante de expansión empresarial, esta historia tuvo un giro inesperado: Gianfranco Napolitano se declaró en quiebra ante un Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de la Florida en junio de 2018. Aún más: durante el proceso legal -que brinda «protección» y ayuda a enfrentar las deudas y los acreedores de quien se encuentra en aprietos financieros-, la instancia, tras analizar las compañías del empresario registradas en ese estado, incluyendo las de su panoplia de medios, concluyó que no poseían valor alguno.

En la ficha del caso figuran trece de sus empresas, todas declaradas inactivas entre los años 2011 y 2017. De aquellas 29 constituidas en Florida desde el 2005 con Gan-Ric Investment Llc -vinculada al caso de los programas de alimentación con la Gobernación de Yaracuy-, apenas cuatro perduran en la actualidad. El nombre de Gianfranco Napolitano solo figura en dos, junto a otros miembros de su familia.

Gianfranco Napolitano

Mientras se declaraba en quiebra en Florida, la amplia red de empresas de Napolitano y sus asociados en Panamá seguía mostrando mayor solvencia. Todas las compañías creadas desde el año 2007 por Gianfranco o su hermano, José Ricardo Napolitano Serradimigni, siguen activas. Lo mismo que las firmas fundadas por Lucía del Carmen Reyes Casadiego, José Luis Di Palma Silva y Yulisbel Romary Domínguez Rojas, sus socios incondicionales.

Pidela Holdings INC, constituida en 2009 por este círculo de confianza, es dueña de las marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que abarca el núcleo de medios de comunicación instalado en Florida. Entre ellas están Noticias de Doral TV, antes Doral News TV; Noticias Doral, antigua marca de Doral News; Rumbera Network y casi de El Venezolano Newspaper. Aunque esta última marca se asocia a Napolitano, en realidad pertenece al Grupo Editorial El Venezolano INC., propiedad de Oswaldo Muñoz; Napolitano intentó ser su propietario pero -tras un largo y costoso proceso judicial- la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU rechazó su solicitud y falló a favor de Muñoz. A pesar de eso, el negocio de Pidela Holdings INC mantiene vivo al empresario en Florida y le sirve de plataforma para difundir su imagen de antichavista y perseguido político. Así como también a sus amigos.


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