Según Wikipedia, el Club Spal fue recientemente comprado en 2021 por un grupo de inversionistas representado por el estadounidense Joe Tacopina, abogado personal del ex presidente Donald Trump en los dos casos por abuso sexual en su contra: el de la ex acttriz pornográfica Stormy Daniels –aún en curso– y el de la ex periodista E. Jean Carroll, por cuya denuncia Trump fue sentenciado a pagar $5 millones en compensación recientemente.
En la negociación para adquirir el Club Spal, Tacopina controlaba el 49% de las acciones a través del Tacopina Italian Football Investment SRL. Poco tiempo después de la adquisición de SPAL, Tacopina dijo a Forbes que planeaba inyectarle al club una cifra entre $13 y $14 millones. En otro artículo publicado recientemente en el portal de SPAL Club, dijo que ya ha invertido un total de 25 millones de euros.
Aunque Tacopina no anunció públicamente la participación accionaria de Alessandro Bazzoni, en una entrevista con el portal italiano estense.com, el propio Tacopina admitió que una familia italiana “top secret” había participado en la operación de compra del Club Spal. La misteriosa familia era representada por Lorenzo Bazzoni, descrito como un “contador basado en Milán”.
La adquisición de equipos de futbol ha sido históricamente un mecanismo usual para operaciones de lavado de dinero, a través de la administración, compra de jugadores y manejo de efectivo en taquillas y tiendas durante los partidos. Tal fue el caso emblemático del Club Chelsea, adquirido por el oligarca ruso Roman Abramovich, sancionado el año pasado por el Reino Unido por su relación con Vladimir Putin.
Las autoridades tratan de establecer si los Bazzoni-Evjemo Nysveem están implicados, en pequeña escala, en una operación de lavado de dinero con el equipo de fútbol SPAL.
Como reportó Primer Informe en abril pasado, al menos tres agencias federales de Estados Unidos están monitoreando de cerca el escándalo de corrupción vinculado a Tarek El Aissami y sus operadores en Pdvsa.
Las investigaciones están centradas en personajes que ya están bajo investigación o han sido sancionados por el Departamento del Tesoro. Al menos dos fiscalías, la del Distrito Sur de la Florida con sede en Miami, y la del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, están ampliando las indagaciones.
Los federales están particularmente interesados en el papel de los operadores Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, a quienes el Departamento del Tesoro consideran como los “herederos” del operador colombiano Álex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos, y calificado por Washington como el testaferro del dictador Nicolás Maduro.
Por Casto Ocando | @cocando
Primer Informe
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