La empresa estadounidense Global Oil Management Group, liderada por el empresario Harry Sargeant III, tiene un ambicioso proyecto para reactivar la refinería Isla en Curazao, que fue operada por la petrolera venezolana PDVSA hasta finales de 2019. El plan consiste en producir y exportar asfalto de alta calidad, utilizando petróleo crudo proveniente de Venezuela, que según Global, es el mejor del mundo para este fin.
Para lograr su objetivo, Global Oil ha solicitado una licencia a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que le permita comprar crudo y productos petroleros de Venezuela. La empresa argumenta que su propuesta beneficiaría a Estados Unidos y Puerto Rico, que enfrentan una escasez de asfalto. Además, asegura que mejoraría la calidad de las carreteras en esos países.
Un contrato de cinco años con la refinería Isla
Global Oil Management Group, cuya sede se encuentra registrada en Boca Ratón, Estados Unidos, firmó en junio de 2023 un acuerdo con Refineria di Kòrsou (RdK) y Curaçao Refinery Utilities (CRU), que le garantiza el uso de las instalaciones y servicios de la refinería Isla por un período de cinco años. El contrato establece que Global Oil debe pagar una suma mensual de alrededor de medio millón de dólares por alquilar las instalaciones, y al menos 2 millones de florines (1,12 millones de dólares) a RdK y CRU.
La empresa estadounidense ha demostrado su seriedad al depositar cantidades sustanciales en su cuenta bancaria local en Curazao para iniciar las obras de mejora de las instalaciones petroleras curazoleñas. La refinería Isla necesita alrededor de 2 mil millones de dólares en reparaciones e inversiones para restaurar su capacidad total de alrededor de 335.000 barriles por día. El plan es activar la refinería en fases, comenzando con asfalto y eventualmente reiniciando la destilación de crudo.
La historia de la refinería Isla
La refinería Isla tiene una larga historia en Curazao. Fue construida en 1918 por la empresa holandesa Shell, que la operó hasta 1985. Luego, fue arrendada por el gobierno local a PDVSA, que la usó como centro de almacenamiento y despacho de hidrocarburos a los mercados asiáticos hasta 2019.
La relación entre PDVSA y Curazao no fue siempre armoniosa. La petrolera venezolana incumplió varias veces con los pagos mensuales por el arrendamiento de la refinería, lo que le generó una deuda de casi 52 millones de dólares con RdK. Además, fue acusada de incumplir un contrato de suministro con una empresa local, Cobervenca N.V., propiedad del empresario venezolano Vittorio De Stefano. La empresa reclamó la devolución de un adelanto de 500 mil dólares que había transferido a una cuenta a nombre de Corporación Sol del Este, presuntamente vinculada al entonces director gerente de la refinería, Pedro Jiménez Yusti.
La refinería Isla también sufrió las consecuencias de los apagones eléctricos, las fallas en el suministro de agua y vapor, y la desidia y negligencia por parte de PDVSA. En 2019, la petrolera venezolana abandonó la refinería, dejándola en malas condiciones.
En algunos medios de comunicación se ha presentado que la refinería Isla en Curazao había sido abandonada por Pdvsa en 2019, luego que empezaran las sanciones petroleras de Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, más que las sanciones, el abandono de Pdvsa a la refinería Isla fue producto más de la desidia, los malos manejos y la negligencia venezolana, que de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
En 2016, Curazao firmó un preacuerdo con una empresa china para operar la refinería Isla, pero el proyecto no prosperó. Desde entonces, el gobierno local ha buscado nuevos socios para reactivar la industria petrolera en la isla.
Un permiso similar al de Chevron
Global Oil Management Group espera recibir un permiso similar al que tiene Chevron, que está autorizado para comprar petróleo crudo de Venezuela. La empresa ha presentado su petición a la OFAC a través de su sucursal en Curazao, CORT, en agosto de 2023. La OFAC habría aprobado la solicitud y se espera que el petróleo crudo venezolano llegue a Bahía Santa Ana, en Curazao.
“Venezuela tiene el mejor petróleo del mundo para la producción de asfalto”, dijo Harry Sargeant III en una entrevista vía videoconferencia a Bloomberg. El empresario estadounidense afirmó que Estados Unidos y Puerto Rico consumirían más de la mitad de la producción esperada de la planta de 1 millón de toneladas al año, mientras que el resto del asfalto iría a Curazao y otros mercados de la región.
La información sobre la iniciativa de Global Oil Management Group ha generado cierta expectativa, luego que agencias de noticias y medios de comunicación, replicaran la noticia sobre la licencia solicitada por la empresa.
Harry Sargeant III: el magnate de Florida que busca negocios petroleros en Venezuela
Harry Sargeant III es un empresario estadounidense que se ha dedicado al transporte y la energía, con intereses en aviación, refinerías, comercio de petróleo, combustibles alternativos y transporte marítimo de petróleo y asfalto. Es el propietario de Global Oil Management Group, una empresa que aspira a obtener una licencia de la OFAC para importar asfalto venezolano a la refinería de Curazao. También es el dueño de International Oil Trading Company (IOTC), una empresa que suministraba combustible de aviación al ejército estadounidense en Irak. Además, es un donante y financista del Partido Republicano, con vínculos con el expresidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani.
De piloto de combate a proveedor de combustible
Sargeant es un exoficial y piloto de combate del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En la década de 1990, se unió al negocio familiar de su padre, que se dedicaba al transporte marítimo de asfalto. Su empresa Sargeant Trading cuenta con la mayor flota de buques cisterna y barcazas de asfalto del mundo. Más tarde, se separó de su padre y sus hermanos y creó sus propias empresas energéticas.
Una de ellas fue IOTC, que se convirtió en uno de los principales proveedores de combustible para aviones de las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Irak. Sin embargo, esta actividad le generó problemas legales y acusaciones de corrupción. El entonces representante Henry Waxman (demócrata por California) lo acusó de «lucrarse con la guerra» y una auditoría del Pentágono realizada en 2011 encontró que a IOTC se le había pagado de más unos 200 millones de dólares. El gobierno federal cambió de rumbo en 2018 y pagó a Sargeant 40 millones de dólares adicionales. Sargeant calificó el acuerdo como una «refutación total de acusaciones de fraude infundadas y con motivaciones políticas».
Otro conflicto legal que enfrentó Sargeant fue una demanda del cuñado del rey de Jordania, Mohammad Al-Saleh, después de que fracasara un acuerdo energético relacionado con su contrato de transporte de combustible en Irak. Sargeant perdió la demanda y se le ordenó pagar 30 millones de dólares a Al-Saleh. Un cobrador de deudas, que buscaba hacerse con el dinero, obtuvo un vídeo en el que aparecían Sargeant y una mujer teniendo relaciones sexuales.
Un actor poderoso en la política de Florida
Sargeant se convirtió en un actor poderoso en la política de Florida cuando uno de sus antiguos hermanos de fraternidad, Charlie Crist, fue elegido gobernador en 2006. Poco después, Sargeant se convirtió en el presidente de finanzas del Partido Republicano estatal. En la carrera presidencial de 2008, Sargeant donó al exfavorito republicano Rudy Giuliani, a Mitt Romney y al eventual candidato republicano, el senador John McCain.
Sargeant vive justo al final de Ocean Boulevard desde Mar-a-Lago de Trump en Palm Springs. Sargeant, su esposa y sus entidades corporativas han contribuido con más de un millón de dólares a causas republicanas en los últimos 20 años, incluidos 100.000 dólares al Fondo para la Victoria de Trump.
Sus vínculos con Giuliani y Ucrania
En años más recientes, Sargeant prestó dinero a Lev Parnas, un asociado a Rudy Giuliani, mientras Parnas maniobraba para presionar al gobierno ucraniano para que anunciara investigaciones que ayudarían políticamente a Donald Trump. El Congreso estadounidense publicó mensajes de texto entre Parnas y Sargeant como parte del proceso de juicio político a Trump. Los mensajes mostraban que Sargeant ayudó a financiar algunos de los viajes de Parnas y apoyó los esfuerzos de Parnas y Giuliani para convencer a Trump de que destituyera a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch.
Sargeant se asoció con Parnas y otro socio de Giuliani, Igor Fruman, cuando buscaban acuerdos energéticos internacionales y se jactaban de vender gas natural estadounidense en todo el mundo. En el año 2019, Parnas y Fruman afirmaron que su recién formada empresa de energía, Global Energy Producers, se asociaría con Sargeant. La empresa fue «diseñada para capitalizar las políticas proenergéticas de la administración Trump».
Parnas y Fruman viajaron a Ucrania para explorar oportunidades de negocio en el sector energético, un país con recursos sin explotar pero plagado de corrupción y conflictos armados. Según Parnas, Harry Sargeant III también estaba intentando desarrollar un negocio energético en Ucrania. Parnas publicó una grabación en la que le decía a Trump en 2018 que él y Fruman estaban tratando de comprar una compañía energética ucraniana y construir un oleoducto desde Ucrania a Turquía.
No está claro si Global Energy Producers alguna vez fue realmente una empresa de energía. Los fiscales afirman que era parte de una supuesta conspiración criminal, utilizada por Parnas y Fruman para ocultar sus identidades cuando hacían grandes donaciones para campañas políticas. Uno de ellos fue America First Action, un súper comité de acción política pro-Trump que recibió 325.000 dólares de la empresa en mayo de 2018.
Sargeant no ha sido acusado de participar en ese plan ni de ningún delito en el proceso de acusación. Sargeant, a través de su abogado Christopher «Chris» Kise, negó haber participado en cualquier plan para destituir a Yovanovitch, la embajadora ucraniana, y Kise dijo que Sargeant no viajó a Ucrania para reunirse con Parnas o Fruman. Sargeant «no tenía ni tiene intereses comerciales en Ucrania», dijo Kise, y agregó que el pasaje aéreo que financió para Parnas y Fruman estaba destinado a ser un préstamo que no había sido devuelto.
Su intento de negocio petrolero en Venezuela
Quedarse atrapado brevemente bajo la luz del juicio político no impidió que Sargeant buscara un acuerdo petrolero en uno de los lugares financieramente más riesgosos del mundo: Venezuela. Él y Giuliani reconocieron haber abierto canales de comunicación secundarios con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para alentarlo a renunciar, una medida que la Casa Blanca impulsó durante el gobierno de Trump. Sargeant también viajó a Venezuela y negoció un acuerdo con Maduro para rehabilitar algunos de los campos petroleros destruidos del país a cambio de la mitad de sus ingresos. Ese acuerdo fue marginado por las sanciones de la administración Trump a Venezuela.
Kise, el abogado que ha representado a Sargeant durante años, se registró como cabildero del gobierno venezolano, según muestran los registros federales de cabildeo. A Kise y su firma se les asignó la tarea de presionar a la administración Trump para que eliminara las sanciones a Venezuela, una medida que podría ser rentable para Sargeant. Kise no respondió preguntas sobre su trabajo para Venezuela. El contrato de cabildeo fue cancelado días después de que el senador de Florida Rick Scott y otros republicanos lo criticaran públicamente.
En busca de nuevos negocios
El magnate estadounidense Harry Sargeant III, quien ha sido donante y aliado del Partido Republicano y del expresidente Donald Trump, ha mantenido desde 2018 una ambición por continuar haciendo negocios petroleros con Venezuela, a pesar de las sanciones impuestas por la administración de Trump. Sin embargo, sus intentos no habían fructificado, al menos hasta ahora.
Un acuerdo fallido con Pdvsa
En enero de 2019, se anunció un acuerdo entre Pdvsa y Erepla Services LLC, una firma de energía poco conocida que es propiedad parcial de Sargeant. Según un comunicado de la empresa estadounidense, el plan era invertir unos 500 millones de dólares en la operación de tres campos petroleros en Venezuela: Tía Juana Lago y Rosa Mediano, en el estado Zulia, y Ayacucho 5, en la Faja Petrolífera del Orinoco. Eso bajo la gestión del entonces ministro de petróleo venezolano presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, en cuya administración se cree comenzó a gestarse lo que luego se conoció como el caso Pdvsa-Cripto.
«Esta es la peor entrega en la historia petrolera de nuestro país», escribió en 2019 el exministro de petróleo venezolano, Rafael Ramírez, en un blog que mantiene desde el exilio tras tras convertirse en disidente del Gobierno de Caracas.
«Maduro y Quevedo tendrán que rendir cuentas por entregar activos de todos los venezolanos y ceder nuestra soberanía sobre el manejo de nuestro petróleo», dijo Ramírez.
El acuerdo en 2019 le otorgaba a Erepla una «participación gerencial mejorada» en los proyectos y la responsabilidad de adquisiciones, lo que suponía una diferencia clave con las empresas mixtas establecidas en la nacionalización petrolera de 2006, donde Pdvsa tiene pleno control operacional. El contrato era similar a los que se habían revertido en esa nacionalización, lo que evidenciaba ya en 2019 la necesidad de Venezuela de recurrir a empresas sin experiencia para frenar la caída masiva de producción.
Sin embargo, el acuerdo nunca se materializó debido a las sanciones petroleras impuestas por la administración de Trump a Venezuela. Erepla Services LLC se había registrado dos meses antes del anuncio del acuerdo, en el estado de Delaware, lo que generaba dudas sobre su capacidad y trayectoria.
Una relación petrolera conflictiva
No era la primera vez que Harry Sargeant III y Pdvsa hacían tratos. Entre 2006 y 2008, la estatal venezolana recibió 52 millones de dólares luego de que una compañía de propiedad parcial de Sargeant fue acusada de no pagar por varios envíos de crudo entre 2002 y 2003, según documentos judiciales. Ello revela que Sargeant ha mantenido relaciones petroleras con Venezuela desde hace por lo menos dos décadas.
Harry Sargeant III se desempeñó como presidente de finanzas del Partido Republicano de la Florida y actualmente dirige la empresa de comercio y transporte de asfalto Global Oil Management Group. Esta empresa es la que ahora busca importar petróleo venezolano para la producción de asfalto en la refinería de Curazao.
Como ya se ha dicho, según lo revelado por el propio magnate, su intención es producir asfalto en Curazao, mediante su empresa Global Oil Management Group, utilizando petróleo venezolano, para vender el asfalto en Estados Unidos, Puerto Rico, Curazao y otros mercados. Para ello, Sargeant solicitó una licencia de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), ante las sanciones petroleras estadounidenses que pesan sobre Venezuela.
Sargeant parece estar disponiendo de un gran presupuesto para relaciones públicas y para que distintos medios de comunicación vendan como positiva la idea de Sargeant en Venezuela. Eso sin contar el lobby petrolero de Sargeant en Venezuela, amén de los buenos contactos con los que seguramente debe contar Sargeant para comprar petróleo venezolano y para que la OFAC le otorgue una licencia.
Trump y Venezuela: una historia de contradicciones
El expresidente Donald Trump, quien enfrenta un encausamiento federal por poner en riesgo secretos de seguridad nacional y obstrucción a la justicia, ha sido un férreo opositor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, su actual abogado en Miami, Chris Kise, aceptó una millonaria asesoría legal del procurador general de ese país, Reinaldo Muñoz Pedroza, hace más de tres años.
Un contrato polémico
Según una carta de entendimiento consultada por Univision Investiga en la base de datos de la oficina de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (FARA), Kise y Muñoz firmaron el acuerdo el 10 de diciembre de 2019. El objetivo era litigar contra las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro a Venezuela.
Para la fecha del contrato, Trump desconocía la autoridad de Maduro por considerar fraudulenta su reelección y había impuesto varias sanciones económicas a Venezuela. Trump solo reconocía a Juan Guaidó como presidente interino de ese país.
«El dominio de la tiranía de Maduro será aplastado y roto», proclamó Trump.
Kise, quien acompañó a Trump a la audiencia de notificación de cargos en la corte federal de Miami el pasado 13 de junio de 2023, pactó honorarios con Muñoz por 12.5 millones de dólares, según el acuerdo registrado con FARA, aunque en ese registro solo hay constancia de dos pagos que suman cerca de 3.05 millones.
Un experto explicó a Univision que posiblemente los demás desembolsos no se efectuaron por lo que la firma renunció al contrato antes de la fecha de su terminación, fijada para el 10 de mayo de 2020.
Kise reportó a FARA haber recibido los 3.05 millones de dólares de Fang Ming Limited y Chenfa Trade Co., compañías registradas en Hong Kong.
El reparto del dinero
Pero el grueso del dinero fue transferido a otras firmas. Según los documentos, Foley & Lardner, la reconocida firma internacional de abogados de la que Kise era entonces socio, subcontrató por dos millones de dólares a Sonoran Policy Group, una oficina de cabildeo de Washington. La oficina es propiedad de Robert Stryk, un productor de vinos que fue asesor sin sueldo de la campaña presidencial de Trump en California y ha representado a líderes extranjeros en Washington.
Kise informó a FARA que además transfirió un millón de dólares al bufete Amsterdam & Partners para que continuara con el contrato.
Las reacciones al contrato
La asesoría de Kise a Venezuela parecía andar sobre ruedas hasta que los medios revelaron la existencia del acuerdo a principios de 2020. Uno de los primeros en reaccionar fue el exgobernador de la Florida Rick Scott.
«Estoy asqueado al enterarme que su firma ha decidido no apoyar esta lucha [para sacar a Maduro del poder] y en su lugar escogió respaldar a Maduro», afirmó Scott en una carta abierta a Foley & Lardner en la que no menciona a Kise.
«Mientras que ustedes representen a un peligroso dictador que está contra todo lo que este país ha construido, me rehúso a reunirme con cualquiera de su firma».
Kise había sido procurador (solicitor general) del gobierno de Scott y miembro de su equipo de transición al actual gobernador Ron De Santis. El solicitor general supervisa las apelaciones civiles y penales que involucran al estado.
Al conocerse la terminación del acuerdo con el procurador venezolano, un vocero de Foley & Lardner le dijo a la publicación Law.com que el bufete no haría comentarios por tratarse de asuntos de sus clientes.
Los nexos con Venezuela
La negociación con Venezuela estuvo precedida por una serie de acercamientos entre bastidores que pusieron en evidencia las posturas diametralmente opuestas de la política aplastante de Trump hacia Maduro y las actitudes conciliadoras de empresarios estadounidenses empeñados en mantener abiertas las puertas del régimen venezolano.
El papel de Stryk, el cabildero de Washington, fue clave en la antesala del acuerdo del abogado de Trump con el gobierno de Venezuela. Según The New York Times, en el verano de 2019, Stryk se entrevistó en Caracas con Maduro.
A la reunión asistieron el multimillonario magnate estadounidense del sector energético Harry Sargeant III y el conocido intermediario del gobierno de Venezuela Raúl Gorrín, quien había sido acusado el año anterior en Miami por lavado de dinero producto de la corrupción en ese país.
Stryk, quien se quejó frente a Maduro de que los asesores de Trump no mantenían bien informado a su jefe sobre los asuntos de Venezuela, «propuso un plan para revivir canales diplomáticos», agregó el Times.
En ese momento Maduro tomó una figura de Trump hecha en chocolate y frente a los invitados simuló que le estaba dando la mano mientras decía: «Estamos reunidos todos ahora».
Los intereses petroleros
No es claro cómo logró Kise el contrato con el gobierno de Venezuela, pero se sabe que en la última década ha sido abogado de cabecera de Harry Sargeant III, el billonario empresario que participó en la reunión con Maduro en el verano de 2019.
Sargeant, quien fue director de finanzas del Partido Republicano de la Florida, ya se había reunido con Maduro en 2018, según se lo explicó a la agencia Reuters.
En esa ocasión le expresó al mandatario que Venezuela necesitaba a las compañías estadounidenses para reconstruir el país, agregó Reuters.
El empresario consideraba que las sanciones contra Venezuela ponían en desventaja a Estados Unidos frente adversarios como China y Rusia.
Semanas después del encuentro con Maduro, Erepla Services LLC, una de las empresas del portafolio de Sergeant, empezó negociaciones con PDVSA para la recuperación de tres pozos petroleros en mal estado.
La compañía anunció que planeaba invertir 500 millones de dólares para aumentar la producción en los campos Tía Juana Lago y Rosa Mediano a cambio de un cincuenta por ciento del crudo producido.
«No hay duda de que ellos (el gobierno de Venezuela) estaban abiertos a los negocios de Estados Unidos», le dijo Sargeant a Reuters.
El contrato con Erepla Services se vio afectado por una ola de sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
Global Oil Management Group en América Latina
Carlos Fernández se desempeña como director para América Latina y empresas caribeñas propiedad de Global Oil Management Group, compañía petrolera estadounidense que opera en varios países. Entre las empresas que dirige Fernández se encuentran: Triangle Lithium, Panama Oil Terminals, SA; Perth Amboy Trading Company; y Global Oil Environmental Services (Guyana) Inc.
Fernández ingresó a Global Oil Management Group en 2015 y desde entonces ha trabajado en el desarrollo de relaciones internacionales con clientes y la gestión y ampliación de Terminales Petroleras en Panamá y Puerto Rico para productos que incluyen fuel oil, diesel y betún.
Antes de unirse a Global Oil Management Group, Fernández había trabajado en diversas empresas relacionadas con el mercado energético, tales como BP, Lukoil, Glencore, Gunvor, ExxonMobil, Freepoint y Trafigura; en el desarrollo de proyectos de abastecimiento de combustible, almacenamiento y comercialización.
Fernández es licenciado en Economía por la Universidad Concordia en Montreal.
¿Sargeant en Venezuela gracias Ruperti?
Algunas teorías sugieren que Harry Sargeant III, a pesar de ser republicano y de las consabidas diferencias entre Trump y Maduro, continuaría en Venezuela de la mano del magnate naviero venezolano Wilmer Ruperti. Ruperti es conocido por su amistad con el gobierno de Caracas desde tiempos de Hugo Chávez, luego que ayudara a exportar petróleo venezolano durante la época del paro petrolero en el año 2002.
Sin embargo, esta supuesta relación entre Sargeant III y Ruperti contrasta con el hecho de que ambos se enfrentaron en una demanda judicial en el año 2017. En esa ocasión, Sargeant III acusó a Ruperti y a su empresa Maroil Trading Inc. de defraudarlo por más de $40 millones.
Los detalles de la demanda de Sargeant III contra Ruperti
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, se centró en un acuerdo de liquidación realizado en 2014 entre Maroil Trading y la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA sobre contratos de transporte marítimo impagados. Sargeant III alegó que Ruperti y Maroil Trading le ocultaron el acuerdo de liquidación de $177.6 millones y luego malversaron los fondos.
Según los documentos judiciales, Sargeant III poseía una participación del 25% en Latin American Investments Ltd. (LAIL), que tenía empresas conjuntas de transporte marítimo con las empresas de Ruperti, Maroil Trading y Sea Pioneer Shipping. LAIL y las firmas de Ruperti presentaron reclamaciones de arbitraje contra PDVSA en 2011 y 2012 por incumplimiento de contratos.
En 2014, LAIL autorizó a Ruperti a negociar un acuerdo con PDVSA sobre las reclamaciones. Sin que Sargeant III y LAIL lo supieran, Ruperti aseguró un acuerdo de liquidación de $177.6 millones con PDVSA en diciembre de 2014. Ruperti luego supuestamente arregló que los fondos del acuerdo se pagaran a sus empresas, no a LAIL como Sargeant III alegaba que debería de haber sido.
La demanda alegaba que Ruperti ocultó activamente la liquidación a Sargeant III y engañó a LAIL sobre el estado de las negociaciones con PDVSA. Creyendo que no se había llegado a ningún acuerdo, Sargeant III aceptó renunciar a su participación del 25% en LAIL en 2015 sin compensación.
Si Sargeant III hubiera sabido sobre el acuerdo de liquidación de $177.6 millones, sostiene la demanda, no habría renunciado a sus acciones en LAIL sin nada a cambio. En 2017, Sargeant III buscaba más de $40 millones en daños de Ruperti y Maroil Trading por fraude, ocultamiento y conspiración civil.
La demanda parece haber sido desestimada en el año 2018, luego que Ruperti pidiera la desestimación, entre otros motivos, por falta de jurisdicción.
Wilmer Ruperti: un empresario venezolano envuelto en polémicas
Wilmer Ruperti Perdomo, quien fue demandado por el norteamericano Harry Sargeant III en el año 2017, es un empresario venezolano que ha estado involucrado en varias controversias a lo largo de su carrera. Su relación con el gobierno de Venezuela, sus negocios con la petrolera estatal Pdvsa, sus regalos a los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, su participación en la defensa de los sobrinos de Cilia Flores y su vida personal han sido motivo de escándalo y crítica.
En el año 2022, Ruperti le obsequió a Nicolás Maduro dos pistolas que, según el mandatario, pertenecieron al presidente estadounidense George Washington y que este le regaló al Libertador Simón Bolívar hace 200 años. Maduro mostró las armas en cadena nacional de radio y televisión y afirmó que estaban valoradas en 1.800.000 de dólares y que las había pagado el propio Ruperti.
Las pistolas fueron subastadas a finales de 2021 por la casa de subastas Christie’s, en la ciudad de Nueva York. No es la primera vez que Ruperti hace un regalo de este tipo a un presidente venezolano. En el año 2004, compró en otra subasta de Christie’s un par de pistolas labradas en oro que fueron propiedad de Simón Bolívar y se las entregó a Hugo Chávez.
Más recientemente, tras estallar en Venezuela en 2023 el escándalo conocido como Pdvsa-Cripto, Ruperti fue señalado de mantener una millonaria deuda con Pdvsa por el envío de cargamentos de hidrocarburos en su flota de buques. Según un acuerdo, Maroil acordó invertir 138 millones de dólares en una terminal marítima de Pdvsa. A cambio, a Maroil se le otorgó el derecho de vender y retener la mayor parte de las ganancias de alrededor de 12 millones de toneladas métricas de coque de petróleo, un subproducto del petróleo que se usa para producir electricidad y encender hornos de cemento en todo el mundo.
En una entrevista para un medio internacional, Ruperti dijo que el contrato, que vencía en 2021, se extendió por dos años debido a la pandemia. Pdvsa, según Ruperti, negó luego que se hubiese extendido el contrato y quería que Maroil pagara los cargamentos de coque de petróleo vendidos después de la fecha límite original de 2021.
En marzo de 2023, Reuters informó que Maroil debía 432 millones de dólares a Pdvsa. Ruperti, por su parte, aseguró en julio de 2023 que Pdvsa le debía a su empresa más de 300 millones de dólares, ya que la compañía logró exportar un poco más de 6,5 millones de toneladas de las 12 millones a las que tenía derecho.
A pesar de la enorme diferencia de los reclamos, las conversaciones son “amistosas” y hay “disposición” de ambas partes para llegar a una solución, aseguró Ruperti en la entrevista en julio de 2023.
Sin embargo, debido a ese desacuerdo, se aseguraba que Pdvsa había cortado los negocios que tenía con Ruperti, aunque otras versiones han indicado que los negocios entre Ruperti y Pdvsa continuarían activos.
Ruperti también se encargó de pagar la defensa de los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, cuando los sobrinos Flores fueron detenidos y acusados en Estados Unidos de conspirar para traficar droga hacia territorio estadounidense.
Ruperti ha dado mucho que decir por aparecer en algunas ocasiones en aparente estado de ebriedad mientras era entrevistado en el Canal i, un canal de televisión de su propiedad en Caracas. El jueves 26 de octubre de 2023 alguien comentó en redes sociales que Ruperti había aparecido la noche anterior, acompañado de numerosos escoltas, en el Estadio Universitario de Caracas, pues Ruperti es uno de los nuevos propietarios del equipo de béisbol profesional venezolano Tiburones de La Guaira. El mismo usuario comentó en las redes sociales que a Ruperti, le decían «cuerpo cobarde» por estar en total estado de ebriedad y que llegó regañando a todo el mundo, «o sea es borracho y apoyado», comentó el mismo usuario.
Ruperti estuvo casado entre los años 2010 y 2016 con la actriz venezolana Anastasia Mazzone, con quien tuvo una hija. Tras la separación, Mazzone confesó en 2016 que era ella quien se ocupaba económicamente de la hija que ambos tuvieron en común. “De lo que estoy segura, con una gran firmeza y serenidad, es que todo lo vivido, valió la pena solamente por mi hija… mi gran tesoro, quien desde la separación solo ha contado conmigo como madre y padre, moral y económicamente”, dijo Mazzone en 2016.
Los escándalos de los hermanos Sargeant y sus negocios en América del Sur
Los hermanos Harry y Daniel Sargeant han estado involucrados en diversas controversias y conflictos por sus actividades empresariales en el sector petrolero, especialmente en América del Sur. Estas son algunas de las historias más relevantes que han salido a la luz pública en los últimos años.
El pago de sobornos a funcionarios de Brasil, Ecuador y Venezuela
En 2020, Sargeant Marine Inc., una empresa estadounidense de asfalto que pertenecía a Daniel Sargeant, se declaró culpable de haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios de Brasil, Ecuador y Venezuela entre 2010 y 2018. El objetivo era obtener contratos lucrativos con las petroleras estatales de esos países, que en ese período tenían gobiernos de izquierda.
Según los fiscales federales de Brooklyn, la compañía con sede en Boca Raton, Florida, obtuvo más de 38 millones de dólares en ganancias como resultado de los sobornos. La mayor parte de las ganancias se consiguieron en Brasil, donde se corrompió a un congresista, a un ministro y a altos directivos de Petrobras durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Como parte del acuerdo judicial, Sargeant Marine Inc. acordó pagar 16,6 millones de dólares en multas. Además, Daniel Sargeant, exejecutivo y copropietario de la empresa, también se declaró culpable en secreto en julio de 2020 de lavado de dinero y participación en el plan de pago de sobornos.
En un caso relacionado, en 2020 fue detenido un exdirectivo de la venezolana PDVSA que estuvo a cargo de las ventas de asfalto. Se trata de Daniel Comoretto, quien fue acusado de conspirar para cometer lavado de dinero y recibir sobornos para facilitar los negocios con PDVSA entre 2011 y 2015. Con él, sumaron siete el número de directivos, operadores y agentes de Sargeant Marine y exfuncionarios venezolanos vinculados con los sobornos.
En el año 2020, fiscales estadounidenses en Brooklyn revelaron que un ex ejecutivo de Vitol pagó US$870.000 en sobornos a funcionarios ecuatorianos para ganar contratos de combustible. Vitol es propietaria de una empresa de asfalto llamada Valt, de la que es propietario en su totalidad desde 2019 después de comprar la participación de Sargeant Marine.
El hermano de Daniel Sargeant, Harry Sargeant III, había sido directivo de Sargeant Marine Inc., pero Harry III abandonó la empresa en medio del conflicto legal con sus hermanos y su padre. En 2015, tras el fin de la batalla legal en Estados Unidos entre los Sargeant, Harry III acordó renunciar a cualquier derecho de propiedad de las empresas controladas por sus hermanos y su padre, incluida Sargeant Marine Inc. Harry III también acordó no utilizar el nombre o logotipo de “Sargeant Marine” en relación con ningún proyecto futuro. Sin embargo, Harry III formaba parte de la empresa en 2010, cuando iniciaron las tramas de soborno en Brasil, Ecuador y Venezuela. No obstante, no se conoce si Harry tuvo algún papel en las mismas.
Las recíprocas demandas entre Harry Sargeant III y su familia expusieron profundos agravios personales. En su demanda, Sargeant acusó a su hermano Daniel de despilfarrar millones en ganancias de la empresa, ayudando a sus hijos a dedicarse a la conducción de autos de carrera y a montar en motocicletas, hidrodeslizadores y una sala de videojuegos.
En su demanda, Daniel Sargeant afirmó que su hermano también era un derrochador. Criticó el “gusto de Sargeant por los juguetes muy caros”, como su mansión de 7,5 millones de dólares, tres jets privados, numerosos coches exóticos y un camión de bomberos. Como resultado, dijo Daniel Sargeant, se vieron obligados a destituir a Harry III de la dirección de la empresa familiar Trigeant.
El video sexual
Otra polémica que involucra a los hermanos Sargeant tiene que ver con un video sexual en el que aparece Harry Sargeant III, multimillonario petrolero estadounidense y exrecaudador de fondos del Partido Republicano. Este video fue supuestamente robado por su hermano Daniel Sargeant de su computadora y luego intercambiado por documentos confidenciales con un cobrador de deudas y su empleador.
El cobrador de deudas es Daniel Hall, un ejecutivo de Burford Capital, una empresa que se dedica a recuperar los activos de las personas que no pagan sus obligaciones financieras. Hall fue contratado por Novoship, un gigante naviero ruso, para investigar los activos del magnate naviero venezolano Wilmer Ruperti. Para ello, Novoship le dio acceso a documentos internos confidenciales, incluidos los extractos bancarios de Ruperti.
Sin embargo, según Novoship, Hall intercambió ilegalmente esos documentos por el video sexual relacionado con Harry Sargeant III. Hall también fue contratado por otra persona para investigar los activos de Harry Sargeant III. Esa persona es Mohammad Al-Saleh, cuñado del rey de Jordania, quien obtuvo una sentencia de 28 millones de dólares contra Harry después de que este lo sacara de un trato para distribuir hidrocarburos a las tropas durante la guerra de Irak.
Novoship demandó en 2019 a Burford Capital y a Hall por hasta 91 millones de dólares por haber violado la confidencialidad de la información que le habían entregado. Además, las empresas de Ruperti también demandaron a Novoship por entre 53 y 91 millones de dólares por incumplir un acuerdo de conciliación que habían alcanzado en 2016. Novoship, a su vez, quería que Hall y Burford Capital pagaran la factura de la demanda presentada contra ellos por Ruperti.
Por su parte, Harry Sargeant III afirmó que su hermano Daniel Sargeant había encabezado una campaña de desprestigio de años en su contra y que había entregado cientos de páginas de registros comerciales y «videos y fotografías extremadamente sensibles» a Burford Capital. Burford sostiene que no es responsable ante Novoship por ninguna pérdida o daño ya que la información que utilizaron era «de dominio público y no era privada ni confidencial».
La disputa familiar que terminó en un acuerdo millonario
Los escándalos de los hermanos Sargeant no son solo con terceros, sino también entre ellos. En 2015, se resolvió una feroz disputa familiar que generó más de una docena de demandas que involucraban a compañías que operan en todo el mundo. El acuerdo, presentado en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en West Palm Beach, le otorgó a Harry Sargeant III la friolera de 56 millones de dólares.
La pelea enfrentó a Harry Sargeant III contra sus hermanos y su padre, que viven en Boca Ratón. La disputa se volvió especialmente desagradable cuando cada parte presentó demandas en duelo en el Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach, acusándose mutuamente de despilfarrar millones en juguetes lujosos a expensas de empresas familiares multimillonarias.
Uno de los motivos de la discordia fue el supuesto desvío de 6,5 millones de dólares en fondos corporativos por parte de Daniel Sargeant «con el fin de promover las actividades de carreras de carros internacionales» de sus hijos Logan y Dalton. Harry Sargeant III lo acusó de esto en una demanda presentada en 2013.
El abogado que representó a Harry Sargeant III en el complejo y extenso litigio fue Christopher Kise, quien años más tarde fue contratado para brindar una millonaria asesoría legal para el procurador general de Nicolás Maduro en Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza.
«Esta es una buena manera de resolver todo y volver a las barbacoas familiares», dijo Kise en 2015 al anunciar el acuerdo.
¿Cuál será el destino de los negocios de Sargeant en Venezuela?
A pesar de las numerosas controversias que rodean la trayectoria empresarial y política de Harry Sargeant III, su compañía Global Oil Management Group podría recibir finalmente de la administración Biden la ansiada licencia para comprar petróleo venezolano y producir asfalto en Curazao.
Sargeant, un republicano cercano al expresidente Donald Trump, ha buscado por años concretar negocios petroleros en Venezuela. Incluso se reunió con Nicolás Maduro en 2018, meses antes de las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero venezolano impuestas por Trump.
Ahora, con Joe Biden en la Casa Blanca, el gobierno de Maduro parece dispuesto a negociar con la empresa de Sargeant, a pesar de su cercanía con el trumpismo.
Sea como fuere, Sargeant podría tener éxito donde otros han fracasado. Su lobby y sus contactos políticos en la turbulenta Venezuela de Maduro parecen estar dando frutos.
No dejan de ser controversiales los acercamientos de un magnate republicano a una administración cuestionada globalmente como la de Maduro. Pero en el mundo de los negocios petroleros, la ideología muchas veces pasa a un segundo plano cuando se trata de grandes ganancias potenciales.
Habrá que ver si finalmente la administración Biden cede a las presiones del lobby petrolero y autoriza a Global Oil Management Group a comprar crudo venezolano. Y si ello se concreta, cómo reaccionará la oposición republicana y el ala dura del trumpismo ante lo que sería una victoria empresarial del polémico Sargeant en la Venezuela chavista.
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