En el panorama político venezolano, los hermanos Magin y Fernando Blasi-Blanchard han emergido como figuras clave tras la reciente postulación de Manuel Rosales, líder opositor y gobernador, como candidato a la presidencia de Venezuela. Establecidos en Estados Unidos, los Blasi-Blanchard tienen la mirada puesta en su natal Venezuela, buscando no solo regresar, sino también resolver los impedimentos legales que enfrentan por acusaciones de corrupción vinculadas al período de Juan Guaidó como «presidente interino».
Lazos estrechos con Manuel Rosales
El lunes 25 de marzo, Rosales, en una supuesta decisión de último minuto, inscribió su candidatura presidencial, asegurando que su postulación obedecía a que Corina Yoris, la suplente de la líder opositora María Corina Machado, no pudo formalizar sus aspiraciones ante el Consejo Nacional Electoral.
Fernando Blasi-Blanchard, incluso, ha expresado en círculos privados su intención de postularse a la gobernación del estado Zulia en las próximas elecciones regionales. Este anhelo parece ser parte de un esquema más amplio en el que los hermanos han desempeñado un papel central en asegurar el soporte financiero para la campaña presidencial de Rosales. Se les atribuye tener influencia en el Departamento de Estado norteamericano y estar altamente conectados con entidades clave en los Estados Unidos, lo que les ha permitido gestionar un alivio de las sanciones impuestas a Venezuela.
Investigaciones por corrupción durante el «Gobierno interino»
Con la candidatura de Rosales tomando forma, los Blasi-Blanchard ven una oportunidad para resolver sus propios dilemas legales en Venezuela. Su estrategia, durante el «Gobierno interino» de Juan Guaidó, incluyó intentos por obtener comisiones ilícitas en un acuerdo para recuperar activos de PDVSA en el Caribe, hechos por los cuales la justicia venezolana los ha señalado.
La relación entre los hermanos y Rosales es estrecha; Fernando Blasi-Blanchard no solo ha facilitado financiamiento, a través de sus contactos, para la campaña del gobernador, sino que también ha abogado en Washington para que el gobierno estadounidense respalde su postulación presidencial. Del mismo modo, se ha implicado en el cabildeo para suavizar las sanciones hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, una maniobra que parece haber dado frutos.
Investigación abierta por la fiscalía venezolana en 2020
En septiembre de 2020, la fiscalía de Venezuela inició una investigación en torno a una serie de acusaciones de corrupción que involucraban a representantes de Juan Guaidó en el exterior. Guaidó, reconocido entonces por alrededor de cincuenta naciones como presidente interino del país sudamericano, se vio envuelto en alegaciones que apuntaban a un intento de desvío de activos venezolanos en la región del Caribe.
Se informó que cinco delegados vinculados a Guaidó habían participado en la firma de un contrato en Miami, Estados Unidos. Dicho acuerdo, que no llegó a concretarse, contemplaba el pago de 750.000 dólares por parte de un consorcio que solicitaba autorización para emprender acciones legales en busca de activos estatales venezolanos dispersos en diversas naciones.
Entre los implicados se encontraban los hermanos Fernando y Magín Blasi-Blanchard, junto a José Ignacio Hernández, Luis Pacheco y Javier Troconis, siendo este último designado por Guaidó para ocupar el cargo de comisionado presidencial con responsabilidades específicas en la gestión y recuperación de activos, que buscaba apropiarse ilícitamente de activos venezolanos y de saldos adeudados a Venezuela.
Se reveló que Reyes y Antar habían presentado en 2019 su propuesta a Guaidó, quien ya estaba bajo la lupa de la justicia venezolana por presuntos delitos que incluían terrorismo, asociación con organizaciones criminales y un intento de golpe de Estado.
Los individuos mencionados fueron formalmente acusados de delitos como traición a la patria, blanqueo de capitales, usurpación de funciones y formación de grupos para delinquir. La fiscalía venezolana, que tomó conocimiento de los hechos a través de una «noticia críminis», hizo un llamamiento a las autoridades estadounidenses, recordando que Estados Unidos reconoce a Guaidó como el líder interino legítimo de Venezuela, para que procedieran en consecuencia contra los acusados.
El caso legal del Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA)
El caso legal que pesa sobre los Blasi-Blanchard está relacionado con el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), compuesto por LockinCapital y Global Risk Management, creado para tomar control de los activos venezolanos administrados por el Gobierno de Maduro en el Caribe, centrándose en la participación de PDV Caribe en entidades vinculadas a la red de Petrocaribe, una iniciativa estratégica creada por el exmandatario Hugo Chávez para que los países caribeños adquiriesen petróleo venezolano en términos preferenciales.
En una reunión en Miami, en diciembre de 2019, los delegados del CRA expusieron su propuesta no solo a Carlos Prosperi, aspirante presidencial del partido AD, sino también a Magin Blasi-Blanchard, en representación de su hermano y de Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Washington. Los Blasi-Blanchard exigieron a los dueños del CRA una sustancial comisión y la mitad de los honorarios del consorcio como socios, amenazando con anular el contrato de no acceder a sus demandas.
Los Blasi-Blanchard, con un pasado de influencia en el suministro de insumos hospitalarios durante la administración de Rosales en Zulia, han reivindicado su representación de los intereses tanto de Rosales como de los partidos del G4, incluido Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia. Ese historial ha reforzado su rol en la estructura de poder actual y sus aspiraciones políticas futuras.
La propuesta de Fernando Blasi que agitó el tablero opositor venezolano
La propuesta de Fernando Blasi, representante de la oposición venezolana en Estados Unidos, de mitigar las sanciones petroleras al Gobierno de Nicolás Maduro, generó una oleada de críticas y un pedido de sustitución en abril de 2023. Sus declaraciones marcaron un cambio de rumbo con respecto a la postura que había mantenido la oposición durante los cinco años anteriores.
Blasi ha mantenido diálogos con congresistas estadounidenses, mayormente demócratas, incluido el representante Gregory Meeks, una figura prominente en la Comisión de Asuntos Exteriores. Aunque fue nombrado en enero de 2023 como enviado de la Asamblea Nacional a Estados Unidos, dejó claro que no hablaba en nombre de la totalidad de la Plataforma de Unidad de la oposición. Reconoció que la idea de hacer concesiones a Maduro sin garantías de un proceso electoral equitativo no era bien recibida entre sus aliados.
El tiempo se estaba agotando, subrayó Blasi, haciendo hincapié en la necesidad de iniciar un plan coherente que permitiera un intercambio de concesiones con el Gobierno de Maduro. En respuesta a estas declaraciones, el Departamento de Estado de EE.UU. había indicado que cualquier ajuste en las sanciones estaría condicionado a resultados democráticos y necesidades humanitarias, siempre en sincronía con la Plataforma de Unidad de la oposición.
Dinorah Figuera, entonces presidenta de la Asamblea Nacional opositora en el exilio, fue una de las primeras en reaccionar, marcando en Twitter que las declaraciones de Blasi no representaban una postura oficial de la oposición. Horacio Medina, presidente Ad Hoc de PDVSA, expresó su rechazo a la idea de levantar las sanciones, enfatizando la falta de mejoras en la gestión de la estatal petrolera y la necesidad de un debate cuidadoso sobre este asunto. Otras figuras opositoras también se mostraron críticas y acusaron en las redes sociales a Fernando Blasi, de actuar en beneficio de intereses particulares.
Edwin Luzardo, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, exigió la sustitución inmediata de Blasi. Luzardo, miembro del partido Alianza Bravo Pueblo y jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, argumentó que Blasi había excedido sus facultades y había adoptado una posición divergente con la línea oficial de la Asamblea Nacional opositora. Calificó de «absurdo y grave» que Blasi se escudara en la personalidad de sus declaraciones, enfatizando la necesidad de una acción disciplinaria para preservar la coherencia institucional.
Luz Elizondo
El Condumio | Opinión
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