En medio de la conmoción que ha sacudido a Chile y Venezuela por el brutal asesinato del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda, refugiado político desde 2018 en Chile, la usuaria Sol Rojas ha estallado en duras acusaciones contra la periodista venezolana Sebastiana Barráez. Rojas no ha dudado en tildar a Barráez de ejercer un «sicariato mediático» por su actitud ante el caso.
A través de la red social X, antes Twitter, Rojas ha expresado su indignación con vehementes palabras: «No es crítica, es denuncia de un delito. El sicariato mediático de @SebastianaB ha causado mucho daño. Su última andanza como sicaria fue en el caso del Tte. Ronald Ojeda, queriendo limpiarle la cara a la DGCIM. No denunciar los delitos cometidos por @SebastianaB es ser cómplice».
En una entrevista reciente, Barráez ha manifestado su escepticismo sobre la posible implicación del régimen venezolano en el crimen, al cuestionar: «¿Cuál es la intención del régimen venezolano de querer, digamos, cometer una acción de estas? El régimen venezolano no tiene fuerza para eso». La periodista ha insistido con vehemencia en que oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela no están relacionados con el suceso.
Esta postura ha encendido las alarmas de Rojas y otros críticos, quienes señalan a oficiales de la temida DGCIM como posibles autores intelectuales del asesinato.
No es crítica es denuncia de un delito El sicariato Mediático de @SebastianaB ha causado mucho daño su última andanza como sicaria fue en el caso del Tte Ronald Ojeda queriendo limpiarle la cara a la DGCIM
No denunciar los delitos cometidos por @SebastianaB es ser cómplice pic.twitter.com/oqlFdhG63X— Sol Rojas (@Sol651) April 24, 2024
El caso que sacudió a Chile
El teniente Ojeda, quien formaba parte de un grupo de militares que desconocían a Nicolás Maduro como jefe de la Fuerza Armada venezolana, fue secuestrado el 21 de febrero. Su cuerpo sin vida fue hallado diez días después, enterrado bajo cemento en una zanja de 1,4 metros de profundidad en la comuna de Maipú, Santiago.
Tras exhaustivas pesquisas, el fiscal Héctor Barros ha asegurado que «no existen evidencias que lleven a otra conclusión diferente a la de un crimen político», organizado desde Venezuela, según sus palabras. Un ciudadano venezolano de 17 años ha sido el primer detenido por el delito de secuestro con homicidio.
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