Mientras el periodista Casto Ocando ubica al empresario Raúl Gorrín como pieza clave en las tramas contra Nicolás Maduro, un nombre brilla por su ausencia: César Antonio Omaña Alcalá. Esta figura, según el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Manuel Christopher Figuera, jugó un papel crucial en la planificación del intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019 en Venezuela.
La versión de Ocando: Una danza de millones y poder
Casto Ocando, en su podcast en YouTube, describe una trama que buscaba la salida de Nicolás Maduro del poder. El periodista relata cómo el chavismo, representado por Jorge Rodríguez, recibió ofertas de Estados Unidos para facilitar una transición democrática. Millones de dólares y mansiones en el extranjero eran parte del supuesto trato, que, según Rodríguez, fue rechazado por la lealtad inquebrantable de Maduro a los ideales de Simón Bolívar.
Sin embargo, Ocando argumenta que esta versión es solo la punta del iceberg. El periodista desvela una intrincada red de negociaciones que se tejieron en la sombra, con la participación de personajes como el mercenario norteamericano Eric Prince, el empresario Raúl Gorrín, la primera dama Cilia Flores y la hermana de Jorge Rodríguez, la antes canciller Delcy Rodríguez. Militares de alto rango, como Vladimir Padrino y Suárez Chourio, también figuran en el relato de Ocando. La cifra de 500 millones de dólares emerge como un punto central en la trama, aunque sin menciones a César Omaña Alcalá.
Ocando ubica el inicio de esta historia a finales de 2016, con Raúl Gorrín, entonces operador financiero del chavismo, estableciendo lazos con Brian Ballard, un cabildero con acceso directo al entonces candidato presidencial Donald Trump.
El acceso al poder tiene su precio
La relación entre Gorrín y Ballard se intensificó rápidamente. Aprovechando su influencia en la campaña de Trump, Ballard logró que Gorrín, bajo la autorización de Delcy Rodríguez, consiguiera una donación de 500.000 dólares de las arcas de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El objetivo: financiar la celebración de la investidura presidencial de Trump, en enero de 2017, y, a cambio, obtener una invitación para Delcy Rodríguez, buscando mostrar al mundo una supuesta cercanía con el nuevo gobierno estadounidense. Sin embargo, el protocolo impidió la asistencia de Rodríguez al evento.
Siempre según Ocando, no sería el único revés para el chavismo. Gorrín, actuando en nombre de la administración de Maduro, contrató los servicios de Ballard como lobista, pagando 150.000 dólares trimestrales a través de la empresa Globovision Tele CA, Corp. La finalidad declarada: introducir a Globovisión en el mercado estadounidense. No obstante, la verdadera intención, orquestada por Delcy Rodríguez, era frenar las sanciones que el Departamento del Tesoro preparaba contra Tareck El Aissami, entonces vicepresidente de Venezuela, y su socio, el empresario Samark López.
Sanciones inevitables y un nuevo plan en marcha
Las gestiones de Gorrín para evitar las sanciones contra El Aissami y López se toparon con un muro. A pesar de los esfuerzos del exdiplomático Thomas Shannon, quien abogó por la causa chavista a petición del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el Departamento del Tesoro, el 13 de febrero de 2017, anunció las sanciones contra ambos funcionarios venezolanos. Ese mismo día, se congelaron activos de Samark López por un valor de 500 millones de dólares.
Lejos de darse por vencido, Gorrín concibió un nuevo plan, mucho más ambicioso: negociar una transición democrática en Venezuela que incluyera la salida de Nicolás Maduro del poder. La administración Trump, por su parte, buscaba una solución definitiva a la crisis en el país sudamericano, explorando todas las opciones, incluso la militar, para lo cual creó una fuerza de tarea especializada en Venezuela.
Un plan de salida con precio: inmunidad y millones
Con la venia de Maduro y su círculo cercano, Gorrín se convirtió en un asiduo visitante de Washington. El empresario se reunió con congresistas, funcionarios del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y hasta el Departamento de Energía, siempre acompañado por su influyente socio, el lobista Brian Ballard.
Para demostrar su cercanía al poder en Venezuela, Gorrín realizaba llamadas a Cilia Flores y otros altos funcionarios del chavismo en presencia de sus interlocutores estadounidenses. Incluso contactó a líderes de la oposición, buscando mostrar un supuesto consenso en torno a su plan.
La propuesta de Gorrín, que le permitiría limpiarse su nombre frente a las investigaciones federales que lo acechaban, consistía en una amnistía general para Nicolás Maduro, Cilia Flores y un grupo de sus aliados. A cambio de la renuncia de Maduro y la apertura de un período de transición democrática, el chavismo recibiría inmunidad total, garantías de seguridad para salir de Venezuela sin ser perseguidos y la jugosa suma de 500 millones de dólares para cubrir sus gastos.
Las grietas en el plan y la caída en desgracia de Gorrín
La ambiciosa propuesta de Gorrín comenzó a desmoronarse. La extensa lista de chavistas que buscaban amnistía –se hablaba de 45 personas, aunque la cifra exacta nunca se confirmó– generó rechazo entre algunos funcionarios de la administración Trump.
A esto se sumó el creciente escepticismo hacia el propio Gorrín. Juan Cruz, director del Consejo Nacional de Seguridad para América Latina y funcionario en comisión de servicio de la CIA, se opuso ferozmente a la participación del empresario en cualquier negociación, debido a las investigaciones federales en su contra.
El propio Cruz fue quien impidió, a última hora, que Gorrín se tomara una fotografía con Donald Trump en un evento de recaudación de fondos en el Hotel Trump. A pesar de que Gorrín ya estaba en la zona VIP, listo para la foto, agentes del Servicio Secreto, alertados por Cruz, lo sacaron del lugar, evitando la imagen que el empresario tanto ansiaba. Si bien Gorrín logró fotografiarse con el vicepresidente Mike Pence en un evento posterior, su suerte ya estaba echada.
El fracaso de la salida negociada y un nuevo complot
En agosto de 2017, meses antes del incidente en el hotel Trump, un gran jurado en Miami ya había acusado secretamente a Raúl Gorrín por sobornos a funcionarios venezolanos utilizando el sistema financiero estadounidense. El plan de una transición negociada, con Gorrín como mediador, se derrumbó. El empresario, prófugo de la justicia estadounidense, se vio obligado a huir de Estados Unidos.
Sin embargo, Gorrín, siempre astuto, no se dio por vencido. Entre febrero y abril de 2019, orquestó un nuevo plan, esta vez buscando la salida forzosa de Maduro. Según Ocando, esta nueva conspiración contaba con un elemento inesperado: la participación de altos funcionarios del chavismo, líderes de oposición, el Tribunal Supremo de Justicia y sectores del ejército.
Señales cruzadas y un nuevo fracaso
Como muestra de apoyo al plan de Gorrín, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), levantó las sanciones que pesaban sobre la esposa de Gorrín, María Alexandra Perdomo Rosales, y Mayela Antonina Tarascio Pérez, esposa de su socio Gustavo Perdomo. La medida se hizo efectiva el 19 de marzo de 2019, un mes antes del fallido alzamiento del 30 de abril.
Entre los involucrados en la conjura se encontraban el magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y los generales Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y Jesús Suárez Chourio, comandante general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Estos altos funcionarios mantuvieron conversaciones con representantes estadounidenses, buscando evidenciar su compromiso con la caída de Maduro.
El plan se desplomó, entre otras razones, por las exigencias desmedidas de Maikel Moreno, quien pretendía asumir la presidencia de Venezuela durante la transición, algo que, según Ocando, el resto de los conspiradores no aceptó. Como consecuencia, Moreno se abstuvo de emitir una sentencia que declarara ilegítimo a Maduro, la señal que los demás esperaban para actuar.
Intentos desesperados y la sombra de una conspiración mayor
En septiembre de 2020, se produjo un nuevo intento de negociación. Jorge Rodríguez, entonces ministro de Información de Maduro, solicitó una reunión secreta con representantes de Estados Unidos en Ciudad de México.
Washington aceptó y envió a Richard Grenell, director encargado de Inteligencia Nacional en la Casa Blanca, y a Eric Prince. La intención del chavismo, sin embargo, no era negociar la salida de Maduro, sino lograr la liberación de Alex Saab, empresario colombiano cercano a Maduro y encarcelado en Cabo Verde, a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, incluyendo a los seis ejecutivos de Citgo y a dos exmilitares estadounidenses vinculados a la Operación Gedeón.
La reunión fue un fracaso. Grenell, molesto por la estratagema de Rodríguez, rechazó cualquier acuerdo que no incluyera la salida de Maduro.
La detención de Tareck El Aissami en 2023 y la incautación de equipos electrónicos permitieron al chavismo descubrir la verdadera dimensión de las conspiraciones en su contra. Las grabaciones de conversaciones entre Samark López y líderes opositores, incluyendo a Leopoldo López, dejaron al descubierto una trama de traiciones en la que altos funcionarios chavistas buscaban, a espaldas de Maduro, deshacerse de su líder. Una trama que, quizás, según Ocando aún no haya llegado a su fin.
La pieza faltante: César Omaña Alcalá, el agente doble
La narrativa de Casto Ocando, a pesar de su aparente exhaustividad, deja un vacío crucial: la figura de César Antonio Omaña Alcalá. Este médico y empresario venezolano, con aparentes vínculos con la inteligencia cubana, no aparece en el relato de Ocando, a pesar de que existen fuertes indicios de su participación en las conspiraciones contra Maduro. La omisión resulta aún más llamativa si consideramos la versión ofrecida por Manuel Christopher Figuera, quien señala a Omaña como un actor clave en la trama que derivó en la “Operación Libertad” del 30 de abril de 2019.
Figuera, en una entrevista concedida en marzo de 2024 al periodista colombiano Francisco Santos, aseguró que Omaña Alcalá fue quien lo sacó de Colombia hacia Estados Unidos tras la fallida operación, utilizando un complejo operativo logístico que evadió la vigilancia de las autoridades colombianas. Omaña, siempre según Figuera, también habría sido el responsable del rescate en altamar de Iván Simonovis, exjefe policial venezolano, tras su fuga de prisión domiciliaria en Venezuela, ocurrida en mayo de 2019.
El exjefe del Sebin añadió que Omaña Alcalá también habría facilitado la salida de Venezuela, a través de Colombia, de un grupo de militares que buscaron refugio en la embajada de un país no especificado tras el 30 de abril de 2019. Estos militares, según Figuera, habrían sido enviados posteriormente a El Salvador.
Figuera describió a Omaña Alcalá como una figura ambigua, “un chivo eléctrico”, que se movía con soltura en ambos bandos, trabajando tanto para la cúpula chavista como para la oposición. Según el exfuncionario, Omaña Alcalá habría sido la persona que financió al dirigente opositor Freddy Guevara y que administraba una estructura económica vinculada a Leopoldo López.
Sin embargo, Figuera también aseguró que Omaña Alcalá era testaferro de Iván Hernández Dala, director de la DGCIM, y con quien compartiría una clínica de estética en Venezuela llamada “The Drip Clinic C.A.”, registrada bajo el nombre de Omaña Alcalá.
Figuera planteó la hipótesis de que Omaña Alcalá, a quien comparó con un James Bond o con Eli Cohen, el famoso espía israelí, pudo haber estado en Chile en febrero de 2024, días antes del secuestro y posterior asesinato del teniente venezolano disidente Ronald Ojeda Moreno. El exjefe del Sebin especuló que Omaña Alcalá pudo estar involucrado en la extracción de los autores del crimen para proteger a funcionarios de la administración gobernante en Venezuela.
Las explosivas declaraciones de Figuera, que presentan a Omaña Alcalá como un personaje oscuro que se movía entre las sombras, fueron desmentidas por medios oficialistas venezolanos. Sin embargo, la ausencia de Omaña Alcalá en la narrativa de Ocando, y su supuesto rol como agente doble, añade más complejidad a la trama de conspiraciones y traiciones que ha marcado la política venezolana en los últimos años.
César Omaña: El reclutador
La noche del 28 de marzo de 2019, en una Caracas envuelta en la incertidumbre, se gestaba una traición en las entrañas de la administración madurista. César Omaña, un médico y empresario venezolano, se adentró en la fortaleza del SEBIN con una misión delicada: convencer a su director, el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, de unirse a la conspiración contra Nicolás Maduro.
Omaña no era un opositor más. Mantenía estrechos vínculos con la elite chavista, incluyendo a familiares del fallecido Hugo Chávez. Sin embargo, aseguraba que la crisis que azotaba a Venezuela y su amistad con Leopoldo López, mentor del líder opositor Juan Guaidó, lo habían llevado a tomar un papel activo en la conjura, o al menos eso aparentaba Omaña, quien se cree fue reclutado por la inteligencia cubana desde sus tiempos como estudiante de medicina en un programa de la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) de Cuba, revalidado en Venezuela por la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg). El propio Figuera ha reconocido haberse formado con maestros de inteligencia cubanos, un aspecto en común con Omaña.
¿Cesar Antonio Alfonso Omaña Alcalá, el James Bond venezolano made in Cuba?
El encuentro con Figuera no estuvo exento de riesgos. El jefe del SEBIN, un hombre formado en la escuela de inteligencia cubana, representaba un peligro para cualquier conspirador. Sin embargo, Omaña aceptó el desafío.
Figuera, intrigado por la propuesta de Omaña, escuchó con atención. El empresario le habló de un plan para convencer a Maduro de abandonar el poder, un plan que incluía amnistía y garantías de seguridad para el líder chavista y su círculo cercano. Figuera, desilusionado por la corrupción y la brutalidad del régimen, se mostró receptivo.
Ese encuentro marcó el inicio de una alianza secreta que cambiaría el curso de los acontecimientos. Omaña se convirtió en el enlace entre Figuera y el grupo de empresarios y líderes opositores que, con el apoyo tácito de Estados Unidos, buscaban la salida de Maduro.
A partir de ese momento, Omaña se convirtió en una pieza clave en el tablero de la conspiración. Su capacidad para moverse en las sombras, su acceso a las altas esferas del poder y su aparente determinación, lo convirtieron en un actor fundamental en los meses que precedieron al levantamiento del 30 de abril de 2019.
La Venezolana
Además de su omisión sobre la relación de César Omaña con actividades conspirativas en Venezuela. Este no es el primer desliz del periodista Casto Ocando.
En un episodio de su podcast en YouTube, Ocando sostuvo que el magistrado venezolano Maikel Moreno, conocido por su afinidad con el chavismo, es el propietario oculto de la aerolínea "Venezolana", también conocida como "La Venezolana". Según Ocando, William Posada, el antiguo dueño de la aerolínea, vendió la empresa a un supuesto testaferro de Moreno.
Estas declaraciones no solo se limitaron a su podcast, sino que también las repitió durante una entrevista en el canal EVTV Miami. Sin embargo, el nuevo propietario de la aerolínea no tardó en mostrar su descontento. Con evidente disgusto, se presentó en la sede del canal en Miami para refutar las afirmaciones de Ocando y desafiarlo a presentar pruebas que respaldaran sus palabras.
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