Mujeres y hombres procedentes de Venezuela también sufren este flagelo en países como Costa Rica, Panamá, México y Surinam, según el reporte del gobierno norteamericano
El último informe del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico de personas señala que venezolanos de todas las edades son sometidos a explotación, tanto laboral como sexual, en por lo menos seis islas del Caribe, y en otros cuatro países con fachadas hacia este mar, como Costa Rica, Panamá, México y Surinam.
Las islas en las que la cancillería estadounidense ha documentado algún caso de explotación son Aruba, Curazao, Bahamas, República Dominicana, Trinidad & Tobago, e incluso Haití.
El documento, dado a conocer este miércoles primero de octubre de 2025, indica que se ha reportado un incremento en los casos de trata de hombres venezolanos en Curazao, quienes son utilizados en sectores como la construcción y el turismo.
Igualmente, se mantiene la trata de mujeres en los bares, donde las conocen como “trago girls” (chicas-trago), debido a que sus ingresos vienen mayoritariamente de la cantidad de bebidas que puedan vender, mientras se relacionan con los clientes de estos locales. En estos ambientes, las mujeres son usadas en redes de prostitución.
Según el informe, existe una relación entre las redes de explotación y las que procuran el traslado de los venezolanos. A menudo, las deudas contraídas por el transporte, la entrega de documentos de identidad (pasaportes) y la colocación en el destino deben ser pagadas mediante trabajos forzados.
“Los migrantes venezolanos son vulnerables a explotación por traficantes de habla hispana, quienes pueden aparentar que ofrecen asistencia laboral en Curazao. Las investigaciones sugieren que los traficantes en Curazao pueden explotar a más curazoleños y víctimas masculinas que en tiempos previos”, indica el informe.
Tanto Aruba como Curazao permanecen en el nivel 2 dentro de la clasificación de los países por su tratamiento a este problema. La cancillería estadounidense considera que no hicieron suficiente para prevenir y reprimir estas manifestaciones del delito organizado.
Impunidad
El informe indica que los traficantes de personas suelen cobrar entre 300 dólares y 400 dólares por los traslados en botes desde Venezuela hacia Aruba y Curazao.
Estas actividades contarían con la participación o la anuencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Armada “activos en estados costeros como Sucre y Falcón”.
A pesar de que las redes de tráfico internacional no han dejado de operar, el informe indica que no se llevaron a cabo detenciones ni enjuiciamientos de civiles o funcionarios involucrados en esta actividad.
Tampoco han prosperado las averiguaciones en torno a las desapariciones de personas que navegaban con dirección a las islas del Caribe.
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