Los venezolanos Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo son acusados de haber sido cómplices de Claudia Díaz y Adrián Velásquez, exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez, en el mercado paralelo de divisas que causó un grave daño económico a Venezuela.
Gorrín y Perdomo, dueños del canal de televisión Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia, no solo se beneficiaron de las operaciones cambiarias ilegales, sino que también utilizaron su influencia para evitar que Díaz y Velásquez fueran extraditados a Venezuela, luego que ambos esposos huyeran de suelo venezolano.
Díaz, quien fue enfermera personal de Chávez y luego tesorera nacional de Venezuela, y Velásquez, quien fue jefe de seguridad del fallecido presidente, fueron condenados en Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Gorrín y Perdomo lograron que un tribunal distinto al que había decretado las privativas de libertad en su contra en Venezuela, emitiera un oficio dejando sin efecto la orden a Interpol Venezuela, para que hiciera el trámite correspondiente ante Interpol-Francia.
El oficio fue firmado por los jueces Framik Rojas y Solshy Delgado, quienes actuaron bajo las órdenes del en ese entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, Maikel Moreno.
Estas revelaciones ponen en evidencia la impunidad extrema de la que gozan Gorrín y Perdomo en Venezuela, pese al incalculable perjuicio económico causado a todo un país.
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