El homicidio del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda ha desencadenado una serie de investigaciones complejas en Chile, donde los equipos de la Fiscalía y la Policía De Investigaciones (PDI) intensifican su labor para desentrañar el misterio que rodea su muerte. Los avances en el caso han permitido corroborar detalles tanto del secuestro como de la vida previa de Ojeda en territorio chileno.
Finanzas bajo la lupa
Uno de los focos de la investigación se centra en el rastreo de los movimientos financieros de Ojeda. A pesar de que su familia proporcionó acceso a sus cuentas bancarias el mismo día de su secuestro, la indagatoria ha agregado nuevos elementos que amplían el espectro de análisis. Se han revelado contactos financieros significativos con Anyelo Heredia Gervacio, capitán retirado venezolano vinculado a la operación «Brazalete Blanco», un supuesto plan para conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La PDI y el Ministerio Público chileno han descubierto que hasta diciembre de 2023, Ojeda mantuvo un «contacto activo» con Heredia, quien fue arrestado en diciembre ese mismo año en la frontera con Colombia. En un video publicado por las autoridades venezolanas, Heredia confesó su relación con Ojeda en el contexto de la mencionada operación. Una fuente clave en la causa ha señalado que Heredia, mientras residía en Estados Unidos, realizó envíos de dinero significativos a Ojeda, oscilando entre 100.000 y 1.000.000 de pesos chilenos, con el fin de apoyar económicamente al teniente retirado y su familia.
Los depósitos y transferencias en las cuentas de Ojeda, como la cuenta RUT del Banco Estado y la cuenta corriente FAN del Banco Chile, son escudriñados por los investigadores. Además, Ojeda habría estado implicado en el envío de remesas hacia Venezuela, canalizando fondos a un conocido apodado «Fefo», encargado de distribuir el dinero en Caracas. No obstante, las transacciones no se limitaron a dinero convencional; también incluyeron el envío de criptomonedas.
Préstamos irregulares
Paralelamente, se indaga sobre un préstamo irregular solicitado por Ojeda en enero, a través de un tercero, con el objetivo de obtener $2 millones para su hermana. Estos fondos, que comenzaron a ser devueltos mensualmente por la hermana del teniente, se suman a otros créditos que ella había pedido anteriormente al mismo prestamista para sus negocios personales.
La PDI prosigue con el análisis de cámaras, declaraciones de testigos y revisión de cuentas bancarias, entre otras diligencias. Mientras tanto, este 12 de marzo, la familia de Ojeda ha acudido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, presentando los antecedentes del caso a través del abogado penalista Juan Carlos Manríquez. Los hechos se integrarán en la investigación preliminar «Venezuela 1», que bajo la dirección del fiscal Karim Khan, examina las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano.
El cuerpo de Ojeda fue hallado en un campamento en Maipú, Santiago, dentro de una maleta y bajo una estructura de cemento. Se determinó que su muerte por asfixia «con un elemento de tracción» ocurrió entre 7 y 10 días antes del descubrimiento, coincidiendo con su desaparición. Actualmente, hay un detenido por el caso, un joven venezolano de 17 años, y se ha confirmado la implicación de la organización criminal Tren de Aragua en el asesinato.
Ojeda había sido arrestado en abril de 2017 por el régimen de Venezuela bajo acusaciones de «traición a la patria», pero logró escapar meses después. Refugiado en Chile, fue reconocido como tal a fin al año siguiente, por lo que continuó su vida en Chile bajo la condición de refugiado político concedida a finales del año anterior a su secuestro. Sin embargo, la sombra de la persecución lo seguía, ya que un mes antes de su secuestro, el régimen venezolano lo había incluido en una lista de 33 exoficiales acusados de conspirar para cometer magnicidio en Venezuela.
Con el avance de las investigaciones, el caso de Ronald Ojeda ha trascendido las fronteras de Chile, llegando hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este 12 de marzo, representados por el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, los familiares del teniente retirado presentaron los antecedentes del secuestro y posterior asesinato de Ojeda. Manríquez, conocido por su representación de exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, ha confirmado que los detalles del caso se añadirán al expediente «Venezuela 1», llevado por el fiscal Karim Khan, que investiga las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen venezolano.
La inclusión del caso Ojeda en el expediente «Venezuela 1» en la Corte Internacional de Justicia de La Haya refuerza la naturaleza política del asesinato y su posible conexión con las actividades de disidencia contra el régimen.
Macabro hallazgo
Ronald Ojeda, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en un campamento en Maipú, Santiago, había sido secuestrado el 21 de febrero y fue encontrado muerto luego de una semana a diez días, según las pruebas periciales. La causa de muerte fue asfixia, producida, según se determinó, por «un elemento de tracción». El macabro hallazgo de su cuerpo debajo de una estructura de cemento y en el interior de una maleta ha conmocionado a la opinión pública.
La Fiscalía de Chile ha informado que un venezolano menor de edad ha sido detenido en relación con el crimen. Además, se ha establecido un vínculo entre el asesinato de Ojeda y la organización criminal Tren de Aragua, lo que sugiere un trasfondo más oscuro y complejo.
Ojeda, quien había sido apresado por el régimen de Venezuela acusado de «traición a la patria», logró evadir su cautiverio y, tras permanecer oculto, reapareció en Chile. En este país, se le concedió asilo político, un estatus que no logró protegerlo de un destino trágico.
Mientras la PDI sigue adelante con el análisis de cámaras de vigilancia, testimonios y cuentas bancarias, el caso de Ronald Ojeda se ha convertido en un símbolo de las luchas y peligros que enfrentan los disidentes venezolanos en el extranjero.
La comunidad internacional y los observadores de derechos humanos siguen de cerca el desarrollo de este caso.

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