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En el mes de junio de 2023, José Ignacio Moreno, representante legal en Venezuela de la empresa minera canadiense Gold Reserve INC, fue detenido en el marco de la «Operación Alta Conspiración». Según el usuario de la red social X «Las Verdades de Eleazar», la operación fue ejecutada por el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Alexander Granko Arteaga, bajo las instrucciones precisas de la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez.

«Las Verdades de Eleazar» aseguró, mencionando fuentes internas de la DGCIM, que la detención de Moreno ocurrió poco después de la promulgación, el 22 de mayo de 2023, de la «Ley para la Protección de Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero», lo que ha generado sospechas sobre la motivación detrás de su arresto.

«Las Verdades de Eleazar» subraya la coincidencia entre el arresto de Moreno y la promulgación de la «Ley para la Protección de Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero», sugiriendo que este evento no fue una mera casualidad. El usuario señala que la detención se produjo pocos días después de que la ley entrara en vigor, lo que plantea preguntas sobre la verdadera motivación detrás de esta acción.

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Además, «Las Verdades de Eleazar» relaciona el caso con la querella judicial en curso que varias empresas trasnacionales, incluyendo Owens-Illinois Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments, Koch Minerals, Rusoro Mining y Gold Reserve INC, mantienen contra PDV Holding Inc. (propietaria de CITGO) en los Estados Unidos. El usuario insinúa que el arresto de Moreno y la presentación de una supuesta conspiración son maniobras para disfrazar los conflictos legales y económicos más amplios que enfrenta el régimen venezolano.

Contexto de la nueva ley y su implicación en el caso

La mencionada ley, aprobada por Nicolás Maduro, tiene como objetivo proteger los activos de la nación venezolana contra cualquier intento de expropiación desde el extranjero, involucrando tanto a entidades internacionales como a nacionales. La normativa declara nulo cualquier acto jurídico que busque apropiarse de bienes del Estado venezolano y establece sanciones severas para quienes participen en tales actividades.

CITGO, la refinadora propiedad del Estado venezolano domiciliada legalmente en Delaware, ha sido un punto focal de los conflictos legales. La empresa ha enfrentado múltiples demandas de embargo en Estados Unidos, impulsadas por bonistas y otros acreedores de Venezuela, lo que ha generado un entorno de incertidumbre y litigio constante. Las acciones legales buscan recuperar deudas pendientes mediante la apropiación de activos de CITGO, complicando aún más la situación financiera y legal de PDVSA y sus filiales.

Declaraciones y controversias

En su mensaje anual a la nación el 15 de enero de 2024, el mandatario Nicolás Maduro anunció que los servicios de inteligencia venezolanos habían desmantelado varias conspiraciones en su contra durante 2023. Posteriormente, la fiscalía venezolana informó que una supuesta conspiración había sido desactivada en mayo de 2023, resultando en la detención de Uaiparu Guerere López y la acusación de otras diez personas, incluyendo a José Ignacio Moreno.

Entre los acusados se encuentran Manuel Gedler, Willians Caña, Sarkis Sako, Nelson Villasmil, Ricardo Marcano, Wilmer Soto, Rafael Dum, Luis Alvarado y Franklin Alvarado. Tres de los acusados aún no habían sido capturados, al menos hasta enero de 2024.

Pero «Las Verdades de Eleazar» en la red social X, antes Twitter, ha cuestionado la legitimidad de estas acciones, calificando la detención de Moreno como un «secuestro» por parte del régimen. Según él, el arresto está claramente vinculado a las medidas legislativas y las disputas legales internacionales, sugiriendo una trama más compleja detrás de la «Operación Alta Conspiración».


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