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En medio de un sinfín de controversias y a pesar de las denuncias periodísticas que han sacado a la luz sus condenables prácticas, Eliminalia, una empresa dedicada a la limpieza de reputación en línea, ha resurgido con más fuerza que nunca. Esta compañía, que muchos creían había abandonado el sector, sigue siendo el refugio de aquellos individuos con oscuros antecedentes personales y judiciales, vinculados a delitos de corrupción, lavado de dinero, violencia, asesinato, fraudes, estafas y otros crímenes, quienes buscan borrar sus huellas digitales de la web.

La compañía originaria de Barcelona, España, ha retomado su misión de limpiar la reputación en línea de personas con un pasado turbio. A partir del primer trimestre de 2024, la empresa ha reanudado su contacto con antiguos clientes y ha atraído a nuevos usuarios, prometiendo eliminar de internet cualquier rastro que pueda resultar molesto para sus contratantes. Esto incluye artículos e investigaciones de prensa basados en hechos reales, todo bajo una interpretación del «derecho al olvido» reconocido en la legislación española.

Sin embargo, la trampa de Eliminalia no ha pasado desapercibida para todos. En 2024, Google fue una de las primeras en caer nuevamente en su engaño. La gigante tecnológica estadounidense ha aceptado como legítimas decenas de reclamaciones de derechos de autor o DMCA, sin darse cuenta de que son incongruentes, ilegítimas y elaboradas por intermedio de Eliminalia. Se trata de quejas que mienten sobre su verdadero propósito. Como resultado, Google ha procedido a desindexar de su motor de búsqueda enlaces, imágenes e incluso blogs enteros, bajo el argumento de incumplir la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, conocida como Digital Millennium Copyright Act o DMCA.

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En algunas de las reclamaciones se argumenta que los blogs y sitios web han “sustraído” imágenes personales de las redes sociales o blogs de sus clientes. Sin embargo, estas afirmaciones son en su mayoría falsas y tienen como objetivo que Google y otras empresas de alojamiento web asuman que se trata de una violación de DMCA y procedan a desindexar o suspender el contenido. Esta actividad es conocida técnicamente como copyfraud.

Para ello, Eliminalia recurre a perfiles ficticios en redes sociales para alojar el contenido objeto del reclamo. No obstante, tales perfiles no pertenecen a sus clientes, sino que han sido creados con el único propósito de utilizarlos para presentar los falsos reclamos.

Además, se ha informado que varios medios en línea han sufrido ataques de denegación de servicio, también conocidos como ataques DDoS, al mismo tiempo que Eliminalia presentaba falsas reclamaciones de derechos de autor contra estos medios. Esto ha llevado a especulaciones de que los ataques podrían estar conectados con la empresa de limpieza de reputación en internet.

Un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) es un intento deliberado de interrumpir el flujo normal de tráfico hacia un servidor o sitio web, hasta el punto de hacerlo inaccesible, inundándolo con una multitud de visitas maliciosas.

En 2024, Marco Dalla Stella, un comunicador independiente y graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha sido uno de los primeros en alertar sobre la persistencia de Eliminalia en sus operaciones, prácticamente sin cambios. Esto a pesar de que en 2023, la organización francesa Forbidden Stories obtuvo acceso a miles de archivos filtrados de Eliminalia. Estos archivos fueron compartidos con el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) y con docenas de socios. Esta filtración permitió a los periodistas trazar un mapa de la extensa red de influencia digital de Eliminalia.

Sin embargo, la historia no terminó con los informes periodísticos resultantes de esa filtración. Con el paso de los meses, se han escrito nuevos capítulos de esta historia, que ahora relatamos aquí.

Eliminalia y otras empresas bajo la lupa que siguen actuando en las sombras

El periodista independiente Marco Dalla Stella ha puesto el foco sobre las opacas prácticas del sector de la reputación online, particularmente en lo que respecta a la empresa Eliminalia. En su trabajo publicado en una edición especial de la revista La Marea, Dalla Stella expone cómo esta empresa, a pesar de haber sido señalada en múltiples ocasiones por prácticas fraudulentas y poco éticas, continúa operando bajo diferentes nombres, como iData Protection y World Delete, con el objetivo de suprimir información periodística incómoda para sus clientes.

El 20 de enero de 2024, un video promocional, protagonizado por la modelo y actriz italiana Valentina Carlone, fue publicado por la empresa World Delete en la plataforma YouTube. En él, Carlone, en un formato de entrevista ficticia, responde en italiano a una pregunta crucial: ¿Es posible eliminar información de cualquier motor de búsqueda en el mundo? La respuesta de Carlone, interpretando a una aparente representante de World Delete, es contundente: al firmar un contrato con ellos, se especifica el país donde se desea eliminar la información y World Delete garantiza su completa desaparición en ese territorio.

Sin embargo, la descripción del video añade un detalle llamativo: «Eliminalia lo garantiza». El video de Carlone evoca similitud con los videos promocionales del sitio web oficial de Eliminalia, en donde el actor catalán Jordi Armengol interpreta a un representante de la compañía.

Nótese la mención a Eliminalia como garante del servicio de eliminación de contenidos en internet ofrecido por World Delete, en la descripción de un video subido a Youtube por la propia World Delete el 20 de enero de 2024.

Según la investigación de Dalla Stella, entre los clientes de Eliminalia se encuentran personas de interés público relacionadas con casos de lavado de dinero, corrupción y abuso sexual. Para lograr la eliminación de información sensible, la empresa utiliza nombres falsos de bufetes legales que buscan aparentar legitimidad e intimidar a pequeños medios de comunicación. Uno de estos nombres ficticios es «EU Data Lawyers».

Dalla Stella también denuncia que otras compañías del sector de la gestión de la reputación online están empleando tácticas abusivas similares a las de Eliminalia. Una de las más comunes es la falsificación masiva de infracciones de copyright. Esta práctica consiste en copiar artículos periodísticos en sitios web ficticios, modificar la fecha de publicación y posteriormente presentar una queja al motor de búsqueda alegando una infracción de derechos de autor.

Debido al carácter parcialmente automatizado de los sistemas de detección de infracciones de copyright, plataformas como Google pueden llegar a caer en esta trampa. La investigación de Dalla Stella revela que periódicos y blogs de investigación como Ruscrime, Corruption Tracker y The Elephant han visto desaparecer algunos de sus artículos de Google tras denuncias anónimas vinculadas al mismo tipo de prácticas antes descritas.

En países como India y Pakistán, existe un próspero mercado de servicios de supresión de información que se benefician de la ley DMCA de Estados Unidos. Dalla Stella tuvo acceso a pruebas que demuestran la relación laboral entre una fuente que admitió haber utilizado regularmente este tipo de servicios y NetReputation, una reconocida empresa de reputación online.

El periodista concluye que el sector de la gestión de reputación online continúa operando con una preocupante opacidad, amparándose en tecnicismos legales para limpiar la imagen de individuos y empresas con un pasado cuestionable. Además, denuncia la falta de consecuencias reales para aquellos que, como Eliminalia, son señalados por prácticas abusivas.

Más detalles de la investigación de Marco Dalla Stella pueden conocerse en la edición especial número 100 de La Marea, revista dedicada al periodismo de investigación, que se encuentra disponible en formato físico y digital.

Un conglomerado más amplio

Aunque en ciertas ocasiones, a partir de los reportajes periodísticos sobre Eliminalia, se ha interpretado que de esta compañía surgieron empresas destinadas a otras actividades, pertenecientes a los mismos accionistas de Eliminalia, la realidad es otra.

Eliminalia, empresa cuyo domicilio se estableció en un espacio de coworking adornado con paneles de madera en la histórica vía comercial Portal de l’Angel, en Barcelona, España, es simplemente una división de un conglomerado más grande, aún en funcionamiento, y que surgió casi simultáneamente a que Eliminalia comenzara a dar sus primeros pasos de manera formal a partir del año 2013 como una entidad comercial bajo el amparo de empresas que fueron evolucionando y cambiando de denominaciones, como Internet Privacy Europe SL (año 2013), Ecodalia Print SL (año 2015), Grupo Didac Sánchez SL (año 2016), Eliminalia 2013 SL (año 2018) y la más reciente, Idata Protection SL (año 2023). No obstante, para fines técnicos y comerciales, aún sigue existiendo el nombre de Eliminalia. Prueba de ello es que actualmente sigue activo el sitio web tradicional de la empresa de gestión de reputación en línea (eliminalia.com) y, además, también está activo el dominio eliminalia.app, que contiene la interfaz de la aplicación desde donde los usuarios interactúan con la empresa y supervisan los enlaces cuyos contenidos buscan eliminar de internet o desindexar de los motores de búsqueda. Esto después de que la aplicación descargable de Eliminalia dejara de estar disponible en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple.

Los clientes

Diversos testimonios, informes y análisis han permitido identificar a varios de los clientes actuales de Eliminalia, repartidos entre América, Europa, África y Asia.

A continuación, presentamos solo una diminuta muestra de algunos de ellos, sus países de residencia, sus respectivos perfiles y los medios de comunicación, blogs y sitios web contra los que, utilizando los servicios de Eliminalia, han sido presentadas reclamaciones falsas de DMCA ante Google.


Reclamante: Passam Yusef

Passam Yusef

País del reclamante: Venezuela

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: elpublique.me, awriterwithfreedom.com, blogger.com

Perfil del reclamante:

Passam Yusef se ha establecido en el ámbito empresarial venezolano como un aparente referente del desarrollo tecnológico. Como presidente de Síragon, una empresa ensambladora de equipos electrónicos, y propietario de las tiendas Ivoo, especializadas en la comercialización de electrodomésticos, Yusef ha expandido su red de compañías desde Venezuela hasta países como Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y la Unión Europea.

En 2012, Yusef fue elogiado por el entonces ministro de Ciencia y Tecnología venezolano, Jorge Arreaza, como líder de una «empresa privada nacionalista». Esto ocurrió tras la firma de un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para la creación de una empresa mixta de electrónica y computación. En esa ocasión, Yusef agradeció al otrora mandatario Hugo Chávez por sus políticas económicas, afirmando que gracias a ellas, Síragon pudo «nacer, caminar y competir en escenarios internacionales, superando a grandes transnacionales con un diseño hecho en Venezuela».

Sin embargo, la trayectoria de Yusef no está exenta de controversias. Su ascenso empresarial está marcado por cuestionamientos y denuncias que ponen en duda la ética de sus negocios.

En 2015, fue galardonado como la «Personalidad Iberoamericana del Año» por la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI). No obstante, los productos de Síragon, especialmente sus equipos electrónicos, han recibido numerosas críticas por parte de compradores, quienes señalan su baja calidad y escasa durabilidad.

Las quejas recurrentes incluyen equipos que no encienden, que se sobrecalientan o que presentan desperfectos en poco tiempo. La falta de soporte técnico y la escasez de repuestos en los talleres autorizados dejan a los clientes con productos inservibles y una inversión perdida.

Aunque Síragon asegura tener una política de calidad que busca satisfacer y superar las expectativas de sus clientes, las experiencias de muchos usuarios contradicen esta afirmación. Algunos han denunciado que Síragon ensambla sus equipos con componentes de baja calidad, lo que explicaría su rápido deterioro.

Las acusaciones contra Yusef van más allá de la calidad de sus productos. En algunas webs le han relacionado con el movimiento extremista islámico Hezbollah y con una organización dedicada al tráfico de personas procedentes de Arabia, Colombia y Ecuador, a través de su importadora Canaima. También ha sido acusado de vender mercancía no original adquirida en Panamá.

La realidad de Yusef parece tratarse de una mezcla de ambición empresarial, elogios políticos y sombras de duda. Mientras su imperio se expande, las acusaciones sobre la calidad de sus productos y las prácticas comerciales cuestionables lo persiguen, dejando una pregunta en el aire: ¿es el éxito de Passam Yusef fruto del talento empresarial o el resultado de una red de intereses y concesiones que le han permitido construir un imperio sobre la base de la promesa de calidad, pero a un precio que terminan pagando los consumidores?

Datos adicionales:

Las falsas reclamaciones de Passam Yusef ante Google han sido presentadas, con apenas días de diferencia, usando direcciones en Colombia y Venezuela, a pesar de que Yusef tiene nacionalidad venezolana y reside en Venezuela. Sin embargo, tal inconsistencia no ha causado suspicacia en Google, asumiendo como válidos los reclamos.


Reclamante: Jean Feghali

Jean Feghali

País del reclamante: Colombia

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: semana.com, las2orillas.co, elpublique.me

Perfil del reclamante:

Jean Feghali, un hombre de múltiples identidades y una larga sombra de controversia, ha sido acusado de ser supuestamente una de las principales figuras del contrabando entre Colombia y Panamá. El exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, lo señaló en 2014 como el «gran capo» del contrabando, describiéndolo como un personaje que supuestamente utilizaba diferentes nombres para evadir la justicia y manejar sus negocios ilícitos.

Ortega mencionó que Feghali, quien opera principalmente desde Panamá, se esconde detrás de varias identidades, entre ellas Jean Ibrahim Figali, Jean Kaiser Fhegali y Jean Figali Figali. Estas acusaciones se basan en información de inteligencia de la época, que lo vincula directamente con el Cartel de Medellín.

En 1996, un allanamiento del Bloque de Búsqueda a un restaurante de propiedad de Jean Ibrain Feghali, alias John Nasser, lo identificó como uno de los jefes del cartel de la costa. Informes de inteligencia de la Policía de la misma época lo relacionan con Miki Ramírez, conformando supuestamente una de las organizaciones colombianas del narcotráfico más poderosas.

Robert Mazur, un agente de la DEA que trabajó encubierto en las finanzas del cartel de Medellín, escribió en su libro «El Infiltrado» que un miembro del cartel lo identificó como «Jean Figali, alias John Nasser», describiéndolo como un «judío colombiano más poderoso que Pablo Escobar» con conexiones con el ejército, la policía, jueces y políticos.

Los cables de Wikileaks de la embajada de Estados Unidos en Panamá también corroboran estas acusaciones, mencionándolo como «Jean Ibrahim Feghali Waked (Jean Figali)» y un reconocido lavador de dinero con una larga historia de operaciones ilícitas en Panamá y Colombia desde 1990.

Sin embargo, Feghali ha negado todas las acusaciones, argumentando que se trata de confusiones de identidad. Su abogado ha asegurado que se trata de dos personas diferentes con el mismo nombre.

A pesar de su supuesto papel en el mundo del narcotráfico y el contrabando, Feghali ha logrado acumular riqueza y poder en Panamá. Obtuvo una concesión durante el gobierno de Mireya Moscoso para la explotación comercial de una zona privilegiada del canal de Panamá, y fue nombrado embajador plenipotenciario en ese país.

Feghali también ha sido acusado de amenazar al exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, tras la amenaza de Colombia de incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales si no se firmaba un acuerdo de intercambio de información.

Las contradicciones en sus declaraciones y la evidencia que lo vincula con el crimen organizado han alimentado las sospechas sobre su verdadero supuesto papel en el mundo del contrabando. A pesar de las acusaciones, Feghali continúa gozando de una vida de lujo.

Datos adicionales:

A pesar de que las2orillas.co ya había emitido una retractación en 2017 sobre artículos anteriores relacionados con Jean Feghali, se presentó una queja de DMCA, en su nombre, en abril de 2024. 


Reclamantes: Gerardo Pantin Shortt y Carlos Manuel Pantin Shortt

Gerardo Pantin Shortt y Carlos Manuel Pantin Shortt

País de los reclamantes: Estados Unidos – Venezuela – Colombia

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: noticiascandela.informe25.com, medium.com, infodio.com, aserne.blogspot.com

Perfil del reclamante:

Gerardo Pantin Shortt es un empresario conocido en el mundo petrolero venezolano, y ha sido objeto de intensas críticas por su supuesta participación en una trama de corrupción que habría afectado a la estatal Pdvsa.

Según investigaciones realizadas en 2016, Pantin Shortt habría sido beneficiado con contratos por un valor de $1.130 millones a través de sus empresas Cementaciones Petroleras Venezolanas (CPVEN) y SEPESA SA. Esta fortuna, aparentemente proveniente de negocios con Pdvsa, le habría permitido a Pantin Shortt adquirir una lujosa mansión en Sunset Island, Miami, por un valor de $12.9 millones.

La investigación también reveló que Pantin Shortt había obtenido hipotecas por valor de $13.8 millones del Sabadell United Bank, financiando así la compra de propiedades de lujo en diversas zonas de Miami.

En 2014, Gerardo Pantin Shortt y su fallecido socio, Oswaldo Cisneros, adquirieron las operaciones de barcazas de Maersk en Venezuela. Gerardo Pantin Shortt, junto a su hermano Eduardo, ha liderado CPVEN, una empresa que ha obtenido contratos por miles de millones de dólares de Pdvsa.

En 2007, Gerardo Pantin Shortt también fue accionista de Cpven Sucursal Colombia, dedicada a la exploración de gas y petróleo en Bogotá.

La relación de los hermanos Pantin Shortt con Pdvsa ha sido cuestionada por su estrecha conexión con Petrosaudi, empresa acusada de corrupción.

La unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FinCEN, ha emitido alertas sobre transacciones sospechosas en las que los hermanos Pantin Shortt, incluyendo a Carlos Manuel Pantin Shortt, recibieron más de $5.3 millones en el año 2009.

Carlos Manuel Pantin Shortt, aunque no forma parte de la directiva de la empresa petrolera familiar, ha sido presidente de Agropaca, S.A., una empresa dedicada a la producción de fertilizantes y protectores agrícolas.

Las cuestionables prácticas de los hermanos Pantin Shortt en el ámbito petrolero y agropecuario, sumado a las investigaciones de entidades internacionales como FinCEN, han generado fuertes dudas sobre la transparencia de sus negocios, y arrojan otra sombra sobre la corrupción que ha plagado a Pdvsa en los últimos años.


Reclamante: Guillermo Pablo Whpei

Guillermo Pablo Whpei

País del reclamante: Argentina

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: puntobiz.com.ar

Perfil del reclamante:

Guillermo Pablo Whpei, junto a su hermano Fernando, se encuentra en el centro de una polémica investigación en Argentina, que apunta a una posible maniobra de lavado de dinero.

La investigación se originó en una denuncia de la multinacional TMF Trust Company, tras la venta de una cartera de créditos a la Mutual Provincial en 2018. La mutual, ligada a los hermanos Whpei a través de su empresa Grupo Unión S.A., incumplió con los pagos al fideicomiso donde se depositaban los fondos de los deudores, a pesar de que estos continuaban realizando sus pagos.

Las irregularidades se detectaron en 2020, cuando TMF constató que Mutual Provincial desviaba los fondos hacia un fideicomiso denominado AMP, vinculado al grupo Whpei, en lugar de depositarlos en la cuenta original. La información sobre la liquidación de sueldos del personal municipal de Rosario fue clave para desentrañar este esquema.

Inicialmente, la jueza Alejandra Alliud, en el fuero criminal y correccional, no encontró pruebas suficientes para sostener una acusación penal, argumentando que el caso tenía un carácter comercial. Los hermanos Whpei justificaron los impagos alegando la mora de sus clientes debido a la pandemia.

Sin embargo, TMF no se detuvo y amplió la denuncia, acusando a los Whpei de estafa, asociación ilícita y lavado de dinero. La jueza Alliud, aceptando la solicitud de la fiscal Laura Belloqui, finalmente remitió el caso al fuero Penal Económico, para investigar los posibles delitos financieros.

La defensa de los Whpei apeló esta decisión, argumentando que no se había iniciado ninguna investigación por lavado de dinero y que la causa permanecía en suspenso a la espera de un dictamen sobre la acusación.

El caso ha seguido sigue su curso con la sombra de las sospechas sobre Guillermo Pablo Whpei y su vínculo con las operaciones financieras del grupo.


Reclamante: Baran Gunes

Baran Gunes

País del reclamante: Estados Unidos – Reino Unido – Turquía

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: nypost.com

Perfil del reclamante:

Baran Gunes, un hombre con un prontuario violento, consiguió esquivar a la justicia estadounidense mientras acumulaba acusaciones en su contra. Tras ser declarado culpable, en marzo de 2019, de agredir brutalmente a la arquitecta noruega Amanda Kjaervik, Gunes huyó a Turquía antes de su sentencia, evadiendo así una posible condena de hasta un año de cárcel.

Los hechos se remontan al 24 de marzo de 2018, cuando Gunes, entonces con 35 años, conoció a Kjaervik, de 24 años, en el club Paul Casablanca de Manhattan. Tras una invitación al apartamento de Gunes en SoHo, la situación se tornó violenta. Kjaervik alegó que Gunes la sujetó contra su voluntad, la insultó por su aspecto físico, la empujó violentamente contra una pared y la golpeó repetidamente, dejándola ensangrentada en el suelo.

A pesar de que un cirujano plástico tuvo que intervenir para minimizar las cicatrices en el rostro de Kjaervik, Gunes, escudándose en su estatus social y familiar, negó la credibilidad del testimonio de la víctima durante el juicio. Sin embargo, la justicia no se dejó persuadir y lo declaró culpable de asalto en tercer grado y acoso agravado en segundo grado.

Este no es el único caso de violencia que mancha el historial de Gunes. En agosto de 2020, su entonces novia, la modelo ucraniana Daria Kyryliuk, apareció golpeada en un club nocturno de Turquía. Aunque Gunes y Kyryliuk culparon a un guardia de seguridad, la policía turca sospechó la implicación de Gunes, según informes de prensa.

Kjaervik exigió una compensación por daños y perjuicios en una demanda contra Gunes y la cooperativa del edificio donde ocurrieron los hechos.

La abogada de Kjaervik, Jennifer Freeman, denunció la impunidad de la que parecía gozar Gunes: «Escapó por completo de toda responsabilidad». A pesar de la condena en su contra, su huida a Turquía lo convirtió en un prófugo de la justicia estadounidense, dejando a Kjaervik con el trauma de la agresión y la amarga sensación de que el sistema judicial no pudo protegerla completamente.

Datos adicionales:

Reclamaciones falsas ante Google, en nombre de Baran Gunes, han sido presentadas incluso el mismo día, usando direcciones en Estados Unidos y Reino Unido. Las reclamaciones han sido presentadas además en idioma español, lengua que no corresponde al reclamante.


Reclamante: Derek Roga

Derek Roga

País del reclamante: Estados Unidos – Pakistán

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: derekroga.su

Perfil del reclamante:

Nacido en Pakistán y posteriormente nacionalizado estadounidense tras la migración de sus padres desde Omán, Derek Roga, se presenta ante el mundo como un empresario exitoso. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde un oscuro historial de acusaciones por fraude que abarcan cuatro continentes y al menos 14 países.

Roga, quien se benefició del trabajo de su padre, Oscar B. Roga, vendedor de seguros, y de su madre, Wynes Roga, empleada de tierra en KLM, es acusado de orquestar un complejo esquema fraudulento de inversión que ha dejado a su paso un rastro de pérdidas financieras y trabajadores impagos. A través del uso de diversas empresas como tapaderas, Roga presuntamente desvió millones de dólares de al menos 350 inversionistas para financiar su estilo de vida, dejando a su paso una estela de deudas e incumplimientos.

Entre las compañías que se presume sirvieron como fachada para las operaciones fraudulentas de Roga se encuentran OUTERCURVE TECHNOLOGIES, INC, OUTERCURVE INTERNATIONAL FZ, LLC, SS8 Networks Inc., Silent Circle, Blackphone, Article 12, SaltDNA Secure Communications, EQUIIS UK LIMITED, EQUIIS Secure Platform (ESP) y Equiis Technologies (Switzerland) AG, todas ellas actualmente en liquidación o disueltas.

A pesar de que la mayoría de estas empresas han cesado sus operaciones, Roga continúa operando a través de otras como EQ-Group LLC-DWC, Flaim, IQV, Amber, Sezams, Limitless, Michele Char (ex empleada de Blue Tree) y Open Forum.

La gravedad de las acusaciones contra Roga radica en la sistemática apropiación de los fondos de los inversionistas para su beneficio personal. Se estima que decenas de millones de dólares desaparecieron en una década de operaciones fraudulentas, dejando a su paso a 80 trabajadores sin el pago de sus salarios y a cientos de inversionistas con pérdidas millonarias.

Las denuncias contra Roga presentan un patrón consistente de manipulación, engaño y desfalco. Su modus operandi, según las acusaciones, se basaba en atraer a inversionistas con promesas de altos rendimientos, para luego desviar los fondos a cuentas personales y empresas fantasmas.

A pesar de que Roga aún no ha sido declarado culpable en un tribunal de justicia, la información disponible pinta un panorama sombrío. Las acusaciones, de ser ciertas, lo retratan como un individuo que se ha aprovechado de la confianza de inversionistas y trabajadores para enriquecerse ilícitamente.

Datos adicionales:

Las quejas ante Google, en nombre de Derek Roga, han sido efectuadas en español, un idioma distinto al del reclamante. Alrededor de 2022 se conocía sobre la permanencia de Derek Roga en Lituania y años antes, en Suiza y Dubái.


Reclamante: Laura Sánchez Hernández

Laura Sánchez Hernández

País de la reclamante: Colombia

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: infobae.com, elheraldo.co, tropicanafm.com

Perfil de la reclamante:

Laura Sánchez, una figura pública colombiana conocida por su presencia en redes sociales y su trabajo como modelo, se encuentra en el ojo de la polémica tras una serie de escándalos que la señalan como la tercera en discordia en una presunta agresión física.

A pesar de que Sánchez goza de una considerable base de seguidores en plataformas como Instagram, donde ostenta 1,7 millones de seguidores, su imagen se ha visto empañada por acusaciones de un supuesto romance con un hombre conocido como «El Tigre», esposo de Linda Palacio.

En marzo de 2024, las redes sociales hervían con la noticia de un violento altercado en un gimnasio de Medellín. Según múltiples testimonios anónimos difundidos a través de plataformas digitales, Palacio habría confrontado físicamente a Sánchez, arrastrándola por el cabello y profiriendo insultos y amenazas de muerte. Se dice que «El Tigre» presenció el incidente sin intervenir inicialmente.

Diversas versiones del incidente circularon en redes sociales, algunas incluyendo detalles escabrosos como la supuesta existencia de videos íntimos enviados por Sánchez a «El Tigre». Ojo Vallenato, por ejemplo, publicó un audio en el que se afirmaba que Sánchez necesitó atención médica tras el altercado, alegando que recibió golpes y patadas. Internautas también reportaron la posibilidad de que Palacio hubiera golpeado a Sánchez con una pesa.

La gravedad de las acusaciones escaló con la publicación de un audio por parte del creador de contenido Jeii Comunica en Instagram. En este, se afirmaba que «El Tigre» finalmente intervino, rescatando a Sánchez del baño del gimnasio y sacándola del lugar con ayuda de sus escoltas.

Mientras el escándalo crecía, Sánchez optó por guardar silencio inicialmente, limitándose a publicar un video en sus redes sociales donde se mostraba tranquila y despreocupada. Posteriormente, la modelo rompió su silencio negando categóricamente las acusaciones en su contra. Afirmó haber pasado el día trabajando y en el gimnasio, restando importancia a los rumores y exhortando a sus seguidores a enfocarse en sus propias vidas.

Hasta la fecha, Linda Palacio no ha emitido declaraciones al respecto, mientras que «El Tigre» permanece en el anonimato. La falta de pronunciamiento por parte de los directamente implicados no ha hecho más que alimentar las especulaciones en torno a este turbio incidente que ha puesto en entredicho la imagen de Laura Sánchez.


Reclamante: Luftar Hysa

Luftar Hysa

País del reclamante: México – Albania

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: hable.se

Perfil del reclamante:

Luftar Hysa es un nombre que resuena en los pasillos de la ilegalidad, pues en México autoridades lo han vinculado con el presunto lavado de dinero del sanguinario Cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas lo han señalado como un supuesto actor clave en el entramado financiero que permite a esta organización criminal blanquear sus ganancias provenientes del narcotráfico.

Los tentáculos de Hysa se extienden desde México hasta Europa del Este, donde se ha dedicado a invertir grandes sumas de dinero en Albania, su país natal. Denuncias han asegurado que casinos y el sector turístico se han convertido en sus fachadas predilectas para inyectar capital sospechoso, burlando los controles.

Las sospechas sobre Hysa no son nuevas. En 2020, fue fotografiado junto al exdiputado alemán Mark Hauptmann, saliendo del despacho del mismísimo Primer Ministro de Albania, Edi Rama. Un encuentro que desató un escándalo sin precedentes al evidenciar la supuesta penetración del narcotráfico mexicano en las altas esferas del gobierno albanés.

Las alarmas volvieron a sonar en 2023, cuando se reveló que Hysa era investigado en tres países por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa, liderado por el escurridizo Ismael «El Mayo» Zambada. Esta vez, el foco apuntaba al casino Magic Palace Montreal, en Canadá, donde Hysa figuraba como inversionista.

Las autoridades canadienses no tardaron en actuar. Tras una investigación por lavado de dinero, la Comisión de Juego de Kahnawake (KGC) ordenó el cierre inmediato del casino en marzo de 2024. La investigación reveló que el casino estaba siendo utilizado para actividades sospechosas.

El Consejo Mohawk de Kahnawake, en un incidente que profundizó aún más el escándalo, reveló la existencia de un beneficiario real del Magic Palace, cuya identidad se mantenía oculta al público y ajena a la comunidad tribal. Este personaje, actuando en la sombra, ejercía un control significativo sobre las operaciones del casino y se embolsillaba la mayor parte de las ganancias, violando flagrantemente los acuerdos que permitían la operación del casino en territorio Mohawk. Este hallazgo desató la indignación de la comunidad, que veía en el casino una fuente de empleo e ingresos para su desarrollo.

A pesar de las contundentes evidencias, Hysa ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado. Sus abogados alegan que las acusaciones en su contra son falsas y responden a un intento por sacarlo del negocio por parte de sus competidores. Sin embargo, las pruebas hablan por sí solas, retratando a Luftar Hysa como un personaje oscuro que opera en las sombras, moviendo los hilos de capitales de origen sospechoso.


Reclamante: Pedro Miguel Haces Barba

Pedro Miguel Haces Barba

País del reclamante: México

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: reforma.com

Perfil del reclamante:

Mientras que los principios de la autodenominada «cuarta transformación» pregonan en México la austeridad republicana, Pedro Miguel Haces Barba, figura prominente del «nuevo sindicalismo» afín a este movimiento, parece vivir bajo su propio código. En abril de 2023, Haces Barba se paseó por la Feria de Abril en Sevilla y el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, eventos reservados para las élites, lejos de la realidad de los obreros que decía representar.

Las sombras de su pasado proyectan serias dudas sobre su actuar. Acusado de operar con métodos mafiosos, Haces Barba se introdujo en el sindicalismo hace dos décadas con la ambición de controlar la representación de todos los guardias privados de México. Su historial incluye acusaciones por robo, un antecedente que contrasta con su posición actual como senador suplente por Morena.

Las controversias no terminan ahí. El Instituto Nacional Electoral (INE) lo vinculó con el financiamiento ilícito de la campaña de Jorge Luis Preciado, candidato del PAN a la gubernatura de Colima en 2015. Además, se le acusó de utilizar su influencia para obtener contratos millonarios para su empresa, Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V., como los otorgados durante la administración de Alejandro Murat en Oaxaca, que ascendieron a más de 213 millones de pesos.

Su apetito por el poder lo ha llevado a intentar monopolizar las subcontrataciones para la construcción de los tramos 4 y 5 del Tren Maya en Quintana Roo, según denunció la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 2020. A Haces Barba parece interesarle más el enriquecimiento personal y la acumulación de poder que el bienestar de los trabajadores.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, Haces, que también se desempeña como ganadero de toros de lidia, anunció en 2022 la construcción de una plaza de toros en la Ciudad de México, un proyecto que compartía con el ingeniero Carlos Peralta, también criador de toros. Una muestra más de su afán por consolidar su figura en un mundo de ostentosidad, muy alejado de las bases que ha dicho defender.


Reclamante: Agenonga Robert o Robert Agenonga

Robert Agenonga

País del reclamante: Uganda

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: oblogdeeoblogda.me

Perfil del reclamante:

Robert Agenonga se presenta ante el mundo como un ferviente defensor del medio ambiente y de los Derechos Humanos. Al frente de organizaciones como Lake Albert Social Network (LASNET) y Ngetha Media Association for Peace (NMAP), Agenonga ha captado la atención internacional, especialmente por su activismo en la protección del lago Alberto, en el occidente de Uganda. Su discurso, enfocado en exigir responsabilidades a las empresas petroleras y al Gobierno ugandés por daños ambientales, le ha valido el reconocimiento y apoyo económico de diversas organizaciones internacionales.

Sin embargo, tras esta fachada de Derechos Humanos y ambientalismo en África, se esconde un historial de agresiones y amenazas profundamente preocupante. Información publicada en octubre de 2015 por el sitio «O-blog-dee-o-blog-da» revela una faceta de Agenonga que contrasta radicalmente con su imagen pública.

De acuerdo con la información, Agenonga, quien también utiliza el nombre de Agenonga Robert, estaba solicitando fondos a nombre de la organización juvenil Layoca Youth Music Project (Gabinete Juvenil del Lago Alberto – LAYOCA), de la cual se autoproclamó presidente. El problema radica en que, paralelamente, este supuesto defensor de los derechos humanos utilizaba sus perfiles en redes sociales para difundir mensajes de odio y discriminación hacia la comunidad LGBT.

En una serie de publicaciones en su perfil de Facebook, Agenonga no solo negaba la condición humana de las personas homosexuales, sino que llegaba al extremo de amenazar con quemar una fundación de salud por brindar atención a personas LGBT. Sus ataques, además de violentos, estaban plagados de desinformación y prejuicios, revelando una profunda ignorancia sobre la diversidad sexual, según «O-blog-dee-o-blog-da».

Resultaba especialmente alarmante que Agenonga, mientras lanzaba ataques de odio contra la comunidad LGBT, pretendiese presentarse como un defensor de los derechos humanos. En su página de LinkedIn, describía a The Great Lakes Village Projects como una organización comprometida con la atención de las «personas LGBT». Esta flagrante contradicción, sumada a las amenazas directas que ha lanzado contra activistas LGBT como Kasha Jacqueline Nabagesera, ponían en evidencia la hipocresía de su discurso y la peligrosidad de sus acciones, explicaba «O-blog-dee-o-blog-da».

A pesar de haber sido confrontado con sus propias palabras, Agenonga se negó a retractarse de sus comentarios discriminatorios. Al contrario, respondió con más agresividad, llegando incluso a amenazar a personas LGBT relacionadas con la activista por la igualdad y defensora de los Derechos Humanos sudafricana, Melanie Nathan.

El accionar de Agenonga, según «O-blog-dee-o-blog-da», han puesto en tela de juicio la legitimidad de las organizaciones que representa.

Datos adicionales:

Las quejas ante Google, en nombre de Agenonga Robert, han sido efectuadas en español, un idioma distinto al del reclamante.


Reclamante: Sherina Michela Latorraca Santamaría

Sherina Latorraca Santamaría

País del reclamante: Panamá

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: agenciabk.net

Perfil del reclamante:

Escándalos y controversias parecen perseguir a Sherina Michela Latorraca Santamaría. Su nombre saltó en Panamá a la palestra pública, en el año 2003, cuando se vio involucrada en un trágico accidente de tránsito que le costó la vida al pequeño Giovanny Vladimir Murillo Guerra.

A pesar de la gravedad del suceso, y de haberse dado a la fuga tras el incidente, Latorraca Santamaría, en aquel entonces menor de edad, recibió un trato privilegiado por parte de las autoridades judiciales panameñas. La sombra del favoritismo se cernía sobre el caso, ya que su madre, Zaira Edilma Santamaría Aguilar, estaba relacionada con el Gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso.

El juez Argo Alberto Hyman Montoya, en una cuestionable decisión, prohibió a la prensa panameña publicar el nombre de Latorraca Santamaría y el de su madre, un acto que levantó serias sospechas sobre la imparcialidad de la justicia. La indignación pública no se hizo esperar, denunciando un supuesto comportamiento abusivo de poder por parte del juez y una clara obstrucción al derecho a la información.

A pesar de haber sido absuelta del delito de homicidio culposo, las circunstancias del caso y la posterior actuación de Latorraca Santamaría dejan un manto de duda sobre su responsabilidad en el trágico suceso. Lejos de asumir algún tipo de responsabilidad, la joven continuó con su vida sin aparente remordimiento, llegando incluso a ocupar un cargo como oficial de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo, una ironía considerando su pasado.

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde la memoria colectiva se niega a olvidar. Comentarios de usuarios recuerdan el caso, criticando la impunidad de la que gozó la ahora abogada Latorraca Santamaría y la doble moral que representa su posterior desempeño en un cargo relacionado con la defensa de los derechos humanos. Incluso se menciona que la madre del niño fallecido fue acusada de intentar sacar provecho de la situación, una versión que algunos perciben como una estrategia para desviar la atención de la responsabilidad de Latorraca Santamaría.

Su aparente afán de limpiar su imagen la ha llevado incluso a incursionar en el mundo del modelaje, promocionando vestidos de baño, una actitud que muchos consideran frívola e insensible, considerando la tragedia que marcó su pasado. Su relación con la dirigencia del Colegio Nacional de Abogados de Panamá también ha sido objeto de controversia.

La sombra del accidente ha seguido persiguiendo a Latorraca, quien a pesar de intentar construir una imagen de éxito profesional, cursando un máster en la Escuela Europea de Dirección De Empresas EUDE Business School en Madrid, no logra desprenderse del estigma de su pasado.


Reclamante: Mara Bechara Castilla

País de la reclamante: Colombia

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: eltiempo.com, elheraldo.co

Perfil de la reclamante:

Mara Graciela Bechara Castilla, exrectora de la Universidad del Sinú, ha estado en el ojo del huracán tras ser acusada por la Fiscalía de Colombia de graves delitos contra la administración pública. Las sombras de la corrupción se cirnieron sobre Bechara y su hermana, María Fátima Bechara Castilla, exrepresentante legal de la misma institución, debido a su presunta participación en manejos irregulares de recursos de regalías en el departamento de Córdoba.

El escándalo continuó en 2018, cuando un juez de Soacha dictó medida de aseguramiento intramural contra ambas hermanas, reviviendo un caso que se había iniciado un año antes. En mayo de 2017, las Bechara Castilla fueron capturadas en Montería y trasladadas a la cárcel, solo para ser liberadas un mes después por un juez de segunda instancia. Esta decisión, calificada de «irregular» por Jaime Lombana, abogado de María Fátima, fue apelada por la Fiscalía, lo que condujo a la nueva orden de captura.

La investigación, originada en hallazgos de la Contraloría, apunta a dos convenios firmados en 2013 entre la Gobernación de Córdoba, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia «George Dahl». Estos convenios, que sumaban más de 10 mil millones de pesos, presentaban un sospechoso desfase entre el avance financiero y el avance físico de los proyectos.

Mientras el convenio 750, por valor de casi 3 mil millones de pesos, registraba un avance financiero del 95% en diciembre de 2016, su ejecución real apenas alcanzaba un 30.5%. Similar irregularidad se evidenció en el convenio 755, por 7.659 millones de pesos, cuyo avance físico se limitaba a un 42.5%.

La Fiscalía imputó a las hermanas Bechara Castilla los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir y concusión. La defensa, por su parte, denunció irregularidades en el proceso, señalando incluso una posible injerencia del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.

A pesar de las acusaciones, la Universidad del Sinú, una universidad privada fundada en 1974 por Elías Bechara Zainúm, padre de las implicadas, ha insistido en que su actuación fue transparente. Sin embargo, la sombra de la duda se cernía sobre la institución y sus directivos, mientras la justicia colombiana avanzaba en la búsqueda de la verdad.


Reclamante: Jorge Ernesto Rodríguez (Jorge «Corcho» Rodríguez)

Jorge Ernesto Rodríguez

País del reclamante: Argentina

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: lanacion.com.ar, perfil.com

Perfil del reclamante:

Jorge Ernesto Rodríguez, más conocido como Jorge «Corcho» Rodríguez, es un empresario argentino envuelto en un torbellino de escándalos y sospechas. Su nombre, asociado durante años a la farándula por su pasada relación con la presentadora televisiva Susana Giménez, ha quedado manchado por su presunta participación en la trama de corrupción que involucra en Argentina a la constructora brasileña Odebrecht.

En 2018, ante el juez federal Sebastián Casanello, Rodríguez negó ser intermediario en el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios argentinos. Sin embargo, admitió haber recibido 3.5 millones de dólares de la empresa para la construcción de un estadio, dinero que, según él, fue gestionado a través del banco Goldman Sachs.

Rodríguez también reconoció su vínculo con Sabrimol Trading, una firma uruguaya señalada como la presunta lavadora de dinero de Odebrecht. Si bien negó ser el dueño, admitió haber operado con sus cuentas y estar relacionado con sus administradores, quienes lo habían señalado como propietario.

La sombra de la sospecha se extendió a su relación con el kirchnerismo. Rodríguez admitió haberle presentado su proyecto del estadio al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, quien, según su versión, le ofreció ayuda para obtener un préstamo del Banco Nación.

Sin embargo, la información proveniente de Estados Unidos en 2022 desmontó la versión de Rodríguez. Los informes, remitidos en el marco del caso Lava Jato, lo ubicaron como intermediario en el circuito de sobornos de Odebrecht para la construcción de plantas potabilizadoras en Buenos Aires.

La Justicia argentina pudo comprobar, con la información aportada, que Rodríguez habría recibido 6.450.000 dólares a través de Sabrimol Trading, dinero que se presume fue utilizado para sobornar a funcionarios del Ministerio de Planificación a cambio de la adjudicación de las obras.

Para colmo, en 2024 la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Rodríguez por supuesto lavado de dinero. Se le acusa de utilizar 1.415.000 dólares, provenientes de la red de sobornos de Odebrecht, para comprar un helicóptero en 2012. Según la acusación, el dinero se canalizó a través de una compleja red de empresas y préstamos simulados, que incluían a la firma uruguaya Latin Financial LP, controlada por personas de confianza de Rodríguez.

A pesar de las pruebas en su contra, Rodríguez continúa negando las acusaciones. Su defensa alega que el dinero utilizado para la compra del helicóptero era lícito y que la justicia argentina no tiene jurisdicción sobre el caso, ya que la operación se realizó en Uruguay.

Mientras tanto, la sombra de la corrupción continúa planeando sobre Jorge «Corcho» Rodríguez, un hombre que pasó de ser un personaje conocido por la prensa del corazón a ser investigado por uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia reciente argentina.


Reclamante: César Román Mora Velázquez

César Román Mora Velázquez

País del reclamante: México

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: joelsan.wordpress.com, facebook.com

Perfil del reclamante:

César Román Mora Velázquez, extitular de la Secretaría de Contraloría durante la administración del otrora gobernador Omar Fayad Meneses en Hidalgo, está envuelto en controversias y señalamientos que lo persiguen hasta el día de hoy. Acusado en México de ser uno de los artífices de la llamada «Estafa Siniestra», Mora Velázquez enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción que salpican a varios funcionarios de la administración pasada en el estado de Hidalgo.

Las sospechas sobre la participación de Mora Velázquez en la «Estafa Siniestra» surgieron en noviembre de 2022, cuando el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, lo señaló públicamente como el principal responsable de una red de corrupción que involucró a 13 alcaldes. Estas acusaciones se vieron reforzadas cuando Santiago Nieto Castillo, entonces encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), confirmó la existencia de una denuncia directa contra un exsecretario del gobierno de Fayad Meneses, mostrando una imagen con el rostro difuminado de César Mora Velázquez.

En un intento por evadir a la justicia, Mora Velázquez solicitó un amparo en diciembre de 2022 ante el Juzgado Primero de Distrito en Hidalgo, buscando protección contra una posible orden de aprehensión. El exfuncionario señaló a 12 autoridades estatales como responsables de la supuesta persecución en su contra, incluyendo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), subprocuradurías y fiscalías especializadas.

A pesar de sus esfuerzos, las investigaciones en su contra no han cesado. Recientemente, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) realizó un cateo en una de sus propiedades en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, encontrando vehículos de lujo y documentos que lo vinculan con diversas propiedades en el país. Sin embargo, el operativo no logró su objetivo principal: capturar al exfuncionario, quien no se encontraba en el lugar.

Actualmente, Mora Velázquez enfrenta una nueva batalla legal. En marzo de 2024, promovió un juicio de amparo ante el Tercer Juzgado de Distrito de Hidalgo para evitar ser detenido en relación con la causa penal 537/2023. Esta causa, que investiga la simulación de compra de un software de vigilancia por 12 millones de pesos durante su gestión como Contralor, ya tiene a dos exfuncionarios tras las rejas: Martiniano Vega Orozco, exoficial Mayor, y Verónica Vizuet Balderas, excoordinadora de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas.

Con una posible ficha roja de la Interpol en su contra, César Román Mora Velázquez se ha convertido en un objetivo prioritario para la justicia hidalguense. Su paradero sigue siendo un misterio, mientras la sombra de la «Estafa Siniestra» se cierne sobre él, esperando que responda por los graves señalamientos en su contra.


Reclamante: José Ignacio Benito Mendoza Cruz

José Ignacio Benito Mendoza Cruz

País del reclamante: México

Sitios objeto de falsos reclamos de DMCA: becmpolimentes.wordpress.com

Perfil del reclamante:

Un nombre resuena en México entre acusaciones de supuesto fraude y deudas millonarias: José Ignacio Benito Mendoza Cruz, también conocido como Benito Mendoza Cruz. A pesar de presentarse como un innovador líder en el sector tecnológico a la cabeza del Grupo BECM, las sombras de su pasado lo persiguen.

En agosto de 2020, el blog becmpolimentes.wordpress.com sacó a la luz un historial de denuncias que apuntan a un modus operandi consistente en la creación de empresas con direcciones falsas o temporales – como Grupo BECM, SAMANI, Polimentes y Butek, entre otras – para luego desaparecer sin dejar rastro tras acumular deudas con proveedores, empleados y socios.

El método, según las acusaciones, es siempre el mismo: un acercamiento directo y amigable, la promesa de grandes oportunidades y el pago puntual al inicio de la relación laboral o comercial. Una vez ganada la confianza, las fechas límite de pago se incumplen, las excusas se multiplican y, finalmente, desaparece con el dinero, dejando tras de sí un rastro de deudas y promesas rotas. En 2020 se estimaba que la suma adeudada por Mendoza superaba los 4 millones de pesos mexicanos.

A pesar de las acusaciones, Benito Mendoza Cruz se presenta en 2024 como un exitoso empresario en el campo del desarrollo de software, buscando reclutar pasantes a través de su empresa Grupo BECM Technologies, la cual promociona con un perfil en el que se describe como una organización que ofrece oportunidades para “contribuir al diseño e implementación de plataformas SAAS”.

Entre 2023 y 2024, Mendoza Cruz ha intensificado su campaña de relaciones públicas, utilizando plataformas digitales para promocionar sus negocios. Se presenta como un visionario, un líder que impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico en México a través de proyectos como Polimentes Academy, Novek y PoliPay.

Sin embargo, la disparidad entre la imagen pública que proyecta y las acusaciones de fraude sistemático que lo persiguen plantean dudas sobre la legitimidad de sus emprendimientos.

Para complicar aún más el escenario, se señala la participación de familiares directos en sus operaciones, entre ellos: María Mendoza, su prima hermana, quien supuestamente se encarga de la atención al cliente y desaparece al primer indicio de problemas; Enedina Cruz Maldonado, su madre, responsable del manejo financiero y quien, presuntamente, se desentiende de cualquier reclamo; y David Cruz, su tío, quien elabora facturas y da seguimiento a los acuerdos con clientes, desligándose de cualquier responsabilidad argumentando que trabaja «por proyectos», o al menos, así se aseguraba en el blog becmpolimentes.wordpress.com en 2020.

Los hechos plantean la duda de si: ¿Es Mendoza un emprendedor visionario o un maestro de la estafa que utiliza la tecnología como fachada para actividades ilícitas?


Reclamante: Aqsa Bhat

Aqsa Bhat

País del reclamante: Malasia – India

Sitios objeto de sospechosos reclamos de DMCA: goprofile.in, indiaglitz.com, tvguide.com, nowrunning.com, xwhos.com, kashmirlife.net

Perfil del reclamante:

La modelo y actriz cachemira Aqsa Bhatt, conocida por su participación en películas del sur de la India, figura en una serie de reclamaciones de derechos de autor que han utilizado su nombre. Las quejas, que apuntan a diversos sitios web con información sobre actores y actrices indios, se han presentado en español, un idioma aparentemente ajeno a la propia Bhatt.

Bhatt irrumpió en el cine indio en 2015, dejando huella en películas como «Life of Josutty» (2015), «Game» (2016) y «Preethiyalli Sahaja» (2016), pertenecientes a las industrias cinematográficas en lenguas dravídicas, habladas en el sur de la India: malayalam, kannada y tamil, respectivamente. Su interpretación en «Life of Josutty», donde encarnó dos personajes opuestos, un ángel y un diablo, le valió el reconocimiento por su versatilidad. Desde su adolescencia, Bhatt también ha participado en numerosos anuncios de televisión en India.

Las razones detrás de esta ola de sospechosas reclamaciones de derechos de autor realizadas aparentemente desde Malasia, en nombre de la actriz, contra sitios web de información sobre el cine indio, aún son un misterio.


Muchos otros clientes

En el mundo de la limpieza de reputación en línea, Eliminalia no se limita a una clientela común. Su lista de clientes es tan diversa como intrigante, y los nombres que hemos mencionado anteriormente son solo una muy delgada punta del iceberg.

Durante los primeros meses del año 2024, medios rusos dieron a conocer que Andrei Berezin, un empresario prófugo y propietario de Euroinvest, una firma de inversiones, ha estado haciendo uso intensivo de los servicios de Eliminalia. Berezin es objeto de acusaciones en su país natal, Rusia, por una serie de delitos que incluyen, entre otros, fraude relacionado con terrenos militares y municipales, así como lavado de dinero.

Además de Berezin, otros informes apuntan a que Chamel y José Gaspard Morell, dos hermanos originarios de Venezuela, también han buscado los servicios de una empresa especializada en limpieza de reputación en línea. Ambos hermanos enfrentan acusaciones de fraude, estafa y lavado de dinero, en detrimento de sus inversores. Se sospecha que la empresa a la que han recurrido para limpiar su reputación en línea es Eliminalia o alguna de sus filiales.

En el año 2024, Google no ha sido la única entidad que ha procesado una avalancha de reclamaciones falsas para la retirada de contenido. Empresas de ciberseguridad de renombre como Cloudflare, junto con numerosas empresas de registro de dominios y servicios de alojamiento web, también se han visto inundadas por reclamaciones de derechos de autor falsas. Se sospecha que muchas de esas quejas, que se están aceptando como válidas en todo el mundo, provienen de Eliminalia. Es así que no solo Google, sino también otras empresas de la industria tecnológica y de ciberseguridad, están siendo impactadas por esta ola de reclamaciones de derechos de autor infundadas.

Compañías en plena actividad en Estados Unidos y Europa

Nacido en noviembre de 1992 en el humilde barrio de Raval, en Barcelona, España, Diego Sánchez, también conocido como Dídac Sánchez, es el fundador de Eliminalia. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, viviendo en una residencia para menores después de que el gobierno de Cataluña retirara la custodia a sus padres, incapaces de mantener a sus hijos: Diego y sus dos hermanas.

En sus primeros años, Sánchez se ganaba la vida como aprendiz en una compañía de seguros y reparando ordenadores, lo que le proporcionaba un ingreso adicional. Sin embargo, su vida cambió drásticamente y casi de la noche a la mañana, se transformó en un exitoso empresario con negocios en varios países.

Hoy en día, Sánchez dirige un conglomerado de empresas que abarcan cinco áreas de negocio distintas: medicina, con clínicas de reproducción asistida; marketing, a través de campañas publicitarias; finanzas y derecho, en el mundo fintech y legal; tecnología e Internet, con empresas de reputación online; y su propia fundación, la Fundación Dídac Sánchez. En esta última, afirma ayudar a jóvenes emprendedores con pasados difíciles, al igual que él.

La Fundación Dídac Sánchez está realizando un trabajo multifacético en Ucrania. Por un lado, canaliza donaciones para niños enfermos en hospitales. Al mismo tiempo, atiende a animales abandonados, proporcionando refugio y cuidado a perros y gatos sin hogar. Además, la fundación ha proporcionado «equipamiento militar y otras provisiones» a las tropas ucranianas en su lucha contra Rusia.

En 2017, Sánchez estableció en Kiev, Ucrania, un nuevo grupo empresarial llamado Maidan Holding. Este grupo es la matriz de World Delete LLC y World Reputation LLC, dos empresas pantalla de Eliminalia que operan en Florida, Estados Unidos, bajo el paraguas de Maidan Holding LLC. Desde 2020, Sánchez preside Maidan Holding LLC en Miami, Florida.

A pesar de las revelaciones de 2023 por parte de la organización francesa Forbidden Stories y el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP), que indicaban que Eliminalia había sido contratada por individuos implicados en casos de lavado de dinero, fraude, estafa y otros delitos financieros en diferentes países, Maidan Holding LLC sigue en plena actividad.

Según el OCCRP, personas condenadas o bajo investigación por diversos delitos habían contratado a Eliminalia con el objetivo de limpiar su imagen pública y blanquear sus reputaciones.

Maidan Holding tiene más de 12 empresas en diferentes países. El nombre del holding proviene de la Maidán Nezalézhnosti o «Plaza de la Independencia», situada en Kiev, Ucrania, país donde Sánchez ha estado haciendo negocios desde al menos 2017. Esta plaza fue el escenario de intensas protestas que culminaron con la renuncia del presidente prorruso Viktor Yanukovich el 22 de febrero de 2014.

El motivo de la presencia de «Dídac» y sus empresas en Ucrania

La presencia del catalán Diego «Dídac» Sánchez y sus empresas en Ucrania ha sido objeto de especulaciones, pero  la respuesta parece ser bastante simple: Ucrania es el país de origen de Tamila Bilan, la modelo con quien Sánchez se casó en una ceremonia de ensueño el 17 de julio de 2021.

La boda, un evento de lujo y elegancia, tuvo lugar en el SPA Hotel Riverwood Relax Park, situado en la provincia de Cherkasy, en la región central de Ucrania. La familia de Tamila y los amigos de Sánchez fueron los invitados a este enlace matrimonial.

Durante meses, se prepararon decoraciones majestuosas en estilo Art Nouveau para el salón de ceremonias. Todos los elementos, desde otomanos hasta candelabros, fueron producidos exclusivamente para la celebración, combinando tonos, materiales y texturas. Bajo el lema “infinito contigo”, la ceremonia se vistió con un escenario adornado con flores y arcos de color rosa. La pareja pronunció sus votos matrimoniales de pie sobre una plataforma floral, y la fiesta se prolongó durante toda la noche, con la presencia del presentador de televisión ucraniano Hryhoriy Reshetnik como anfitrión.

Tras la boda, Sánchez y su esposa disfrutaron de su luna de miel en las costas de Montenegro, entre otros destinos, rentando un yate para pasear por la bahía de Kotor, en la región suroccidental montenegrina.

Además de Sánchez, otro nombre destacado en las empresas del fundador de Eliminalia es el de su esposa Tamila, quien ha sido directora de Brand Reputation Ltd, registrada en Londres en junio de 2021. Tamila administraba los negocios de Sánchez en España antes de que ambos se mudaran a Ucrania. Además, Tamila ha desarrollado una carrera como modelo, aunque no muy conocida, y sus fotografías han aparecido en catálogos de moda y en la revista canadiense Vigour Magazine.

En 2020, Tamila estableció dos compañías en Florida, Estados Unidos: Bilan Consulting LLC y Florida Business School LLC, que estuvieron activas hasta 2022. Bilan Consulting LLC, inicialmente llamada Royal Artist LLC, tenía como socios a la modelo nudista Europa Seguil Montes y al productor musical Max Llobell, ambos de Barcelona, España. Por otro lado, Florida Business School LLC estaba dirigida, además de por Tamila, por Maidan Holding LLC, la corporación presidida por su ahora marido, Diego Sánchez.

Sánchez también controla en Reino Unido la compañía Transferpay International Limited, otra de las empresas pantalla de Eliminalia, destinada a la movilización internacional de fondos.


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