El mundo del hipismo venezolano ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, con el surgimiento de una suerte de mafia hípica integrada por diversos personajes con estrechos vínculos políticos y estatales. Este fenómeno ha llamado la atención de observadores y aficionados, quienes han difundido información en redes sociales sobre los protagonistas de esta nueva élite ecuestre.
El ascenso de los «enchufados»
Uno de los casos más notorios es el de Carlos Fermín, propietario del Stud Excelso. Fermín, quien inicialmente se desempeñaba como ingeniero en Conduven, una empresa dedicada a la fabricación y venta de tubos de acero, logró posicionarse entre los denominados «enchufados» gubernamentales hace aproximadamente seis años. Actualmente, se presenta como «inversionista» y goza de un éxito considerable, presuntamente gracias a sus conexiones y las de su cónyuge con el régimen venezolano.
La situación de Freddy Escobar ilustra las dinámicas de poder en el sector. Escobar, conocido por su postura opositora, fue removido de su cargo cuando Antonio «El Potro» Álvarez, exministro madurista, asumió la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) de Venezuela. Posteriormente, Abraham Campos, descrito como palero/santero y simpatizante del chavismo, tomó las riendas de la Unión de Entrenadores, alineándose con «El Potro».

Campos mantuvo hasta hace poco tiempo bajo su cuidado los equinos de José Bacile, hermano del General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Giovanni Bacile Bacile. José Bacile reside actualmente en Miami, donde se desempeña como agente aduanal, supuestamente blanqueando la fortuna de su hermano.


La Unión de Criadores está ahora bajo la dirección de Luigi Miglietti, señalado como un títere de «El Potro». A pesar de que su centro de cría no se encuentra operativo, Miglietti cumple un papel crucial al representar los intereses de «El Potro» en la Confederación Hípica del Caribe. Este año, en diciembre, se prevé la celebración de otra edición del Clásico del Caribe en Venezuela.
Actores clave en la nueva élite hípica
El entramado de la llamada mafia hípica venezolana incluye a varios personajes prominentes:
Carlos Silva y el Haras Los Samanes
El exdirectivo del Banco Occidental de Descuento (BOD), Carlos Silva, es propietario del Haras Los Samanes Polo & Racing. Se le atribuye la titularidad de ejemplares que pertenecen o pertenecieron a «El Potro», como LyndaCarter y SaraSarita.
Los hermanos Madriz Azócar y sus conexiones
Los hermanos Madrid Azócar, señalados como testaferros del empresario Samark López (a su vez presunto testaferro del ministro Tareck El Aissami), son dueños de Lemon White, considerado el mejor caballo de 3 años hasta su lesión.
Haras y propietarios bajo sospecha

Alejandro Ceballos, contratista del Estado y presunto «enchufado», es propietario del Haras Urama. Por su parte, Francisco Convit padre, progenitor del prófugo Francisco Convit Guruceaga e hijo del fallecido científico Jacinto Convit, posee el Haras El Centauro, cuya situación cambió notablemente tras su supuesto «enchufe» con el gobierno.

Alejandro León, señalado como testaferro, dirige el Haras Bello Monte. Su regreso al mundo hípico coincidió con la liquidación de los animales de Arné Chacón, hermano del exministro chavista Jesse Chacón.
El misterioso caso de Kelvin Álvarez
Kelvin Álvarez, otro presunto testaferro, experimentó un auge repentino en la adquisición de animales de calidad tras la llegada de «El Potro» al poder. Se rumorea que es primo de este último y que su hija está casada con un miembro de la familia Flores, emparentada con Cilia Flores, esposa del mandatario Nicolás Maduro. Álvarez ocupa la presidencia de la fundación de propietarios hípicos y se le atribuye la tenencia de varios ejemplares pertenecientes a «El Potro».
La última subasta hípica, afectada por las lluvias y la escasez de inversionistas, se llevó a cabo en las caballerizas de Kelvin Álvarez, lo que subraya su posición de influencia en el sector.
Este entramado de poder y conexiones políticas en el hipismo venezolano deja dudas sobre la integridad del deporte y la concentración de riqueza en manos de un selecto grupo de individuos con vínculos gubernamentales, dejando en evidencia la compleja red de intereses que se teje en torno a esta actividad deportiva en Venezuela.

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