El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este 12 de septiembre la designación de 16 funcionarios venezolanos alineados con Nicolás Maduro por obstruir un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violar los derechos civiles y humanos de la población. Las sanciones, impuestas bajo la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, enmendada, se dirigen a líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos. También se incluyen funcionarios militares, de inteligencia y gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura. Todos los funcionarios designados fueron nombrados por Nicolás Maduro, quien ya fue sancionado por la OFAC en 2017.
El Subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, declaró: “Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a unas elecciones libres y justas”. Adeyemo enfatizó que el Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la gran mayoría de los venezolanos claman por un cambio. La administración Biden-Harris reafirmó su compromiso de utilizar las herramientas a su disposición para responsabilizar a Maduro y sus colaboradores y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano.
Represión Post-Electoral y Restricciones de Visa
Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles, desplegando una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estas acciones incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial electo, Edmundo González Urrutia (González), que lo obligó a abandonar Venezuela para buscar asilo en España.
En paralelo a las sanciones del Tesoro, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa bajo la Proclamación Presidencial 9931 a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas restricciones, cerca de 2.000 personas han sido sujetas a restricciones de visa por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos.
Funcionarios Venezolanos Designados
La OFAC designó a los siguientes individuos, que obstruyeron la participación política democrática y socavaron el proceso electoral, bajo la E.O. 13692, “Bloqueo de bienes y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, enmendada, por ser funcionarios o exfuncionarios del gobierno venezolano:
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta (Figueroa): Magistrado del TSJ alineado con Maduro desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional. Anteriormente, se desempeñó como magistrado de la Sala Político-Administrativa, según múltiples informes de prensa. De acuerdo con la cobertura mediática, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones. Participó en la revisión técnica experta del TSJ en el CNE y estuvo involucrado en la convocatoria de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.
Otros magistrados del TSJ bajo Sanciones
Malaquías Gil Rodríguez (Gil): Juez y presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente de la Sala Electoral; ha ocupado un cargo en el poder judicial desde 2010. Según fuentes mediáticas creíbles, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado. En 2018, Canadá lo sancionó por corrupción y violación de derechos humanos.
Juan Carlos Hidalgo Pandares (Hidalgo): Juez y vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general militar. Según fuentes mediáticas, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (Rodríguez): Presidenta del TSJ alineado con Maduro. Rodríguez ha sido presidenta del TSJ desde enero de 2024 y dirige la Sala Electoral. Según fuentes mediáticas, Rodríguez y la Sala Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
Fanny Beatriz Márquez Cordero (Márquez): Vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral. Márquez estuvo entre los funcionarios de la Sala Electoral que supervisaron el proceso de evaluación técnica del material probatorio presentado por el CNE, las organizaciones políticas y los excandidatos que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Varios medios de comunicación afirmaron que Márquez estuvo entre los funcionarios de la Sala Electoral que certificaron la infundada afirmación de victoria de Maduro.
Jueces y Fiscales Sancionados por Persecución Política
Edward Miguel Briceño Cisneros (Briceño): Juez especial del Primer Tribunal de Primera Instancia con competencia en terrorismo, alineado con Maduro. Según fuentes mediáticas, Briceño emitió una orden de arresto contra González menos de una hora después de que la Fiscalía la solicitara por los cargos de usurpación de funciones, incitación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación con miembros de la oposición a quienes Maduro considera criminales.
Luis Ernesto Dueñez Reyes (Dueñez): Fiscal de la Fiscalía alineada con Maduro. En su cargo, Dueñez emitió la solicitud oficial de la orden de arresto contra el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela al exilio en España el 8 de septiembre.
Rosalba Gil Pacheco (Gil Pacheco): Rectora del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE alineado con Maduro desde 2023. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional alineada con Maduro desde enero de 2021. Gil Pacheco ha obstruido la democracia al instituir una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, al introducir irregularidades en el registro electoral y al retrasar intencionadamente los procesos de los centros de votación. Además, Gil Pacheco declaró a Maduro ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito electoral y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país, entre otras irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.
Más Funcionarios del CNE sancionados
Antonio José Meneses Rodríguez (Meneses): Secretario General del CNE desde agosto de 2023. Según informes de prensa, Meneses instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionadamente los procesos de los centros de votación. Antes de servir en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría General que ratificaba la descalificación de Machado.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta (Bustamante): Fiscal del Primer Tribunal Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro. Según fuentes mediáticas, Bustamante obstruyó la democracia y el Estado de derecho al iniciar procesos judiciales por motivos políticos, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015, reconocida por Estados Unidos, y otros funcionarios que se oponen a Maduro. La Unión Europea, el Reino Unido y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020, según las bases de datos de sanciones.
Sanciones a Funcionarios de la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas
Pedro José Infante Aparicio (Aparicio): Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial para la Investigación y Acusación de Partidos y Representantes de la Oposición de la Legislatura 2016-2021 por la Desposesión y Robo de CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En ese cargo, la comisión citó a varios miembros de la oposición en procesos judiciales aparentemente motivados políticamente.
Domingo Antonio Hernández Lárez (Hernández): Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2021. Hernández anteriormente se desempeñó como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital (REDI Capital). En 2019, un defensor de los derechos humanos denunció a Hernández como represor en nombre de Maduro debido al aumento de la represión y el acoso sistemático por parte de las agencias de inteligencia y seguridad registrado en las zonas bajo su control. Además, según varias publicaciones de prensa, la FANB ha llevado a cabo actos de represión contra los venezolanos, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en protestas pacíficas.
Comandantes de la Guardia Nacional bajo Sanciones
Elio Ramon Estrada Paredes (Estrada): Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2023. En ese puesto, Estrada dirige la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los implicados en supuestos planes desestabilizadores y otros delitos. Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la GNB acosó y detuvo a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado en la campaña electoral, según numerosas fuentes de noticias. Estrada dirigió a la GNB en el arresto de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
Johan Alexander Hernández Lárez (Lárez): Comandante de la REDI Capital de la GNB. Lárez fue anteriormente General de División de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente referida como ZODI Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández (Brito): Director de Investigaciones Penales de la DGCIM. Brito fue anteriormente director de contrainteligencia del destacamento presidencial. Brito está identificado como torturador en informes de las Naciones Unidas y, según múltiples publicaciones de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y la sociedad civil después de las elecciones.
Sanciones al Subdirector del SEBIN y sus Implicaciones
Miguel Antonio Muñoz Palacios (Muñoz): Subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) alineado con Maduro desde 2021. El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales por orden de Maduro. Muñoz es uno de los principales líderes del Grupo Pitbull de Venezuela, un grupo formado por personal del SEBIN de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El Grupo Pitbull fue encargado de hacer el “trabajo sucio”, sin parámetros legales en sus tareas. Se cree que el Grupo Pitbull también fue responsable de secuestros y asesinatos. El grupo probablemente secuestró a personas para presionarlas a que les dieran dinero, que luego utilizaban para otros fines operativos.
Acciones Previas del Tesoro contra Funcionarios Venezolanos
Las acciones de hoy se basan en múltiples medidas que la OFAC ha tomado para sancionar a funcionarios o exfuncionarios venezolanos, de conformidad con la E.O. 13692, en su versión modificada, por tomar medidas antidemocráticas y violar los derechos humanos. Hasta la fecha, la OFAC ha sancionado a más de 140 personas y 100 entidades venezolanas, entre ellas:
Funcionarios clave de Venezuela: Nicolás Maduro Moros (sancionado desde 2017), Tarek William Saab (sancionado desde 2017), Jorge Elieser Márquez Monsalve (sancionado desde 2017), Celia Adela Flores de Maduro (sancionada desde 2018), Delcy Eloína Rodríguez Gómez (sancionada desde 2018), Diosdado Cabello Rondón (sancionado desde 2018), José David Cabello Rondón (sancionado desde 2018), Marleny Josefina Contreras Hernández (sancionada desde 2018), Vladimir Padrino López (sancionado desde 2018), Jorge Jesús Rodríguez Gómez (sancionado desde 2018), Remigio Ceballos Ichaso (sancionado desde 2019), Nicolás Ernesto Maduro Guerra (sancionado desde 2019).
Sanciones a Funcionarios Militares, de Inteligencia y Electorales
Funcionarios militares y de inteligencia clave: Gustavo Enrique González López (sancionado desde 2015), Iván Rafael Hernández Dala (sancionado desde 2019), Hildemaro José Rodríguez Mucura (sancionado desde 2019), Rafael Enrique Bastardo Mendoza (sancionado desde 2019).
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral: Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso (sancionado desde 2017), Carlos Enrique Quintero Cuevas (sancionado desde 2017), Conrado Antonio Pérez Linares (sancionado desde 2020), Fabio Enrique Zavarse Pabón (sancionado desde 2018).
Funcionarios y exfuncionarios del Tribunal Supremo de Justicia: Gladys María Gutiérrez Alvarado (sancionada desde 2018), Maikel José Moreno Pérez (sancionado desde 2018), Calixto Antonio Ortega Ríos (sancionado desde 2018), Luis Fernando Damiani Bustillos (sancionado desde 2018), Arcadio de Jesús Delgado Rosales (sancionado desde 2018), Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán (sancionada desde 2018), Lourdes Benicia Suárez Anderson (sancionada desde 2018), Juan José Mendoza Jover (sancionado desde 2018).
Implicaciones de las Sanciones
Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes e intereses en propiedad de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la E.O. 13692.
Implicaciones Internacionales y Objetivo de las Sanciones
A las personas que no son estadounidenses también se les prohíbe causar o conspirar para que las personas estadounidenses violen, a sabiendas o sin saberlo, las sanciones estadounidenses, así como participar en una conducta que evada las sanciones estadounidenses. Las Directrices de la OFAC para la aplicación de sanciones económicas proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones estadounidenses por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC generalmente considera al determinar una respuesta adecuada a una aparente violación.
Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen ciertas transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados pueden exponerse a sanciones o ser objeto de una acción coercitiva. Las prohibiciones incluyen hacer cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a o para el beneficio de cualquier persona designada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de esa lista.
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