Dedicado al personal honesto que labora en la Presidencia de la República de Panamá , Ministerio de Seguridad Publica y el Servicio Nacional de Migración de Panamá.
La historia de Rolando López Pérez se entrelaza con la de su abuelo materno, Agustín Pérez Colmenares, un connotado educador nacido en 1886 y fallecido en 1947. Oriundo de Palmira, en el departamento colombiano del Valle del Cauca, Pérez Colmenares no solo dejó una huella imborrable en la pedagogía, sino que también abrazó en su juventud con fervor las ideas del expresidente ecuatoriano Eloy Alfaro. Este personaje histórico de Ecuador, que combinó roles de militar, comerciante, revolucionario y político liberal, influyó notablemente en la visión temprana del abuelo de Rolando «Picuiro» López. Tal vez, siguiendo la senda de su abuelo, fue que López cursó estudios en la academia militar Eloy Alfaro en Ecuador.
El compromiso del abuelo de «Picuiro» con la enseñanza se extendió por más de tres décadas, trascendiendo fronteras. Su labor como docente lo llevó a impartir conocimientos tanto en Colombia como en Panamá, donde llegó a dirigir diversas instituciones educativas. Su dedicación fue tal que, en la actualidad, un centro educativo en La Peña, distrito de Santiago, en la provincia panameña de Veraguas, honra su memoria llevando su nombre.
El emprendimiento familiar y la expansión patrimonial
Más allá del legado educativo de su abuelo, del que «Picuiro» López parece haber heredado muy poco, la familia de Rolando López también ha incursionado en el ámbito empresarial. Desde 1974, la compañía BERTHA S.A., también conocida como «Dinamics Explosive», ha estado activa, declarando legalmente un amplio objeto social que abarca desde la «importación, exportación, reexportación, producción, mezcla, preparación, almacenaje, transporte, uso, compra y comercialización de explosivos industriales», hasta «la limpieza y remoción de municiones no detonadas, restos de explosivos de guerra, polígonos de tiro, campos de bombardeo y otras actividades asociadas.» Esta empresa de carácter familiar tuvo en sus inicios a Berta, hermana de Rolando López, como su presidenta.
A lo largo de su trayectoria, padres, esposa e hijos de López también han formado o forman parte de su equipo directivo. El propio Rolando López ha actuado legalmente como apoderado de BERTHA S.A. En el presente, la presidencia y administración de la compañía recae en Hilda Name, esposa de López, licenciada en administración y contabilidad.
En paralelo a las actividades empresariales, la pareja conformada por Rolando López e Hilda Name ha ido consolidando un patrimonio inmobiliario considerable.
Localidades como Santiago, Río de Jesús y San Francisco, en la provincia de Veraguas; Las Tablas, en la provincia de Los Santos; y Boquete, en la provincia de Chiriquí, albergan o han albergado propiedades de los esposos López Name.
Con el paso del tiempo, y mientras Rolando López ascendía en la jerarquía de la Policía Nacional de Panamá, su patrimonio se expandía, acumulando extensiones de tierras, algunas destinadas a labores agropecuarias.
Este reportaje de investigación llega a ustedes gracias al patrocinio de la familia de Anclas Mall & Plaza y Anclas Magic, quienes te desean un Feliz Año Nuevo 2025, lleno de alegría y momentos mágicos.
Adquisiciones inmobiliarias y transacciones estratégicas
Negocios con un exvicepresidente, transacciones a bajo costo y traiciones familiares
Entre las propiedades que hoy forman parte del patrimonio de la familia de Rolando López, figuran algunas que previamente pertenecieron al empresario y político Felipe «Pipo» Virzi López, quien ocupó la segunda vicepresidencia de Panamá entre 1994 y 1999, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Un ejemplo concreto de estas transacciones se encuentra en el Registro Público de Panamá en Santiago, Veraguas. Allí consta la venta de una parcela de terreno por parte de «Pipo» Virzi. La escritura pública, asentada bajo el número 104256 el 7 de junio de 2010, y formalizada en la Notaría del Circuito de Veraguas ante el Notario Público Miguel Sifontes, detalla la transferencia de un lote segregado de la Finca Número 7859.
El documento legal consigna que Virzi vendió este lote de terreno a Rolando López Pérez por la suma simbólica de cien Balboas (B/. 100.00). Esta nueva finca quedó inscrita bajo el folio 320545, con código de ubicación 9901. El lote en cuestión contaba con una superficie de 1850 metros cuadrados, cuyos linderos se detallan minuciosamente en la escritura.
Un aspecto notable es que uno de sus límites colindaba con otra propiedad ya perteneciente a la esposa de Rolando López. En marzo de 2019, justo antes de dejar su cargo como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional (CSN), al finalizar el mandato presidencial de Juan Carlos Varela, López transfirió a su esposa la propiedad de este terreno que había adquirido de Virzi.
Un escenario similar se había presentado con otro terreno segregado, de 1500 metros cuadrados, identificado bajo el folio 40101 y el código de ubicación 9901. Entre los años 2001 y 2005, este lote también pasó por un proceso de traspaso que involucró a Felipe «Pipo» Virzi. Inicialmente, Virzi transfirió la propiedad a una dama, familiar de Rolando López, y posteriormente, la esposa de López se convirtió en la titular del terreno.
La relación entre Rolando López y Felipe Virzi iba más allá de lo comercial. Virzi, militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) hasta su fallecimiento en febrero de 2022, era primo hermano paterno de López, pues la madre de Virzi y el padre de López eran hermanos. Además, López era ahijado y compadre de Virzi, creando un entramado de lazos familiares y de amistad.
Paradójicamente, la cercanía familiar y de compadrazgo no impidió que, en agosto de 2017, mientras Rolando López ejercía como secretario del Consejo de Seguridad, Felipe Virzi fuera detenido. A sus 74 años y con antecedentes de diabetes e hipertensión, Virzi fue acusado por la presunta desviación de fondos de la Caja de Ahorros en 2014, destinados a un consorcio encargado de la construcción del Centro de Convenciones de Amador.
Inicialmente, permaneció siete días en una celda transitoria de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), para luego ser trasladado al Complejo Carcelario El Renacer.
Según filtraciones de conversaciones del entonces mandatario Juan Carlos Varela, conocidas como Varelaleaks, el propio presidente intercedió ante la entonces procuradora Kenia Porcell a favor de Virzi, solicitando además a la entonces ministra de Gobierno, María Luisa Romero, un trato especial para el empresario durante su reclusión en El Renacer.
En el año 2014, Rolando López cursaba una maestría en derecho, teniendo entre sus profesoras a Kenia Porcell. Se presume que López, en su rol como secretario del Consejo de Seguridad, extendió una invitación a Porcell para formar parte del aparato de seguridad, asignándole la tarea de elaborar expedientes.
La presencia de Porcell en reuniones del Palacio de las Garzas, en representación del Consejo de Seguridad, sería un factor determinante en su posterior designación como procuradora. Se ha indicado que, antes de asumir su cargo en el Ministerio Público, Kenia Porcell habría preparado varios expedientes en el Consejo de Seguridad, con el objetivo de enjuiciar a opositores políticos de Varela, incluyendo figuras cercanas a Ricardo Martinelli, como el propio «Pipo» Virzi.
En 2015, Virzi enfrentó acusaciones por supuestamente recibir 10 millones de dólares en pagos irregulares por parte de la compañía ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo, contratada durante la administración Martinelli para un fallido proyecto de riego en Tonosí, provincia de Los Santos.
A pesar de haber sido un amigo cercano del padre de Varela y consuegro del empresario Stanley Motta -principal donante de campaña de Varela-, e incluso con una cuñada siendo tía de Isabel Saint Malo, quien fuera vicepresidenta y canciller durante el gobierno de Varela, Virzi no estuvo exento de los procesos judiciales en su contra, por algunos atribuidos a la relación de Virzi con Martinelli, enemigo jurado de Varela.
En 2022, tras el deceso de «Pipo» Virzi, Rolando López expresó públicamente sus condolencias en redes sociales, refiriéndose a Virzi como su «primo, compadre y padrino». Esta publicación generó una fuerte reacción por parte de Alfredo Vallarino Alemán, abogado que logró la absolución judicial de Virzi. Vallarino desafió a López a presentarse en solitario en los actos religiosos en memoria de Virzi.
Personas cercanas a Virzi le han atribuido a «Picuiro» López la «persecución judicial» de la que fuera objeto su «padrino», anterior dueño de terrenos que ahora ostentan «Picuiro» y su familia.
Un terreno baldío nacional
La resolución de la ANATI, firmada por el entonces Administrador General, Franklin I. Oduber B., se basó en consideraciones legales y en la solicitud presentada por el propio Rolando López Pérez, correspondiente al expediente AL-138-2012. Se especificaron los linderos del terreno, colindante al norte con propiedad nacional ocupada por Ventura Vega, al sur con terreno nacional ocupado por Matildo Vargas y otros, al este con la ribera de la playa y al oeste con la Vereda Central El Estero.
El documento señala que la solicitud de López Pérez habría cumplido con los requisitos del artículo 3 de la Ley 80 de 2009, acreditando la posesión por más de cinco años mediante documentos, como una certificación de derecho posesorio emitida por la corregiduría de El Manantial, declaraciones juradas notariales de vecinos, fotografías y una certificación adicional de la corregidora de El Manantial. Eso muy a pesar de que López tenía su domicilio principal en Veraguas.
Se mencionó que López Pérez adquirió los derechos de Fany González Ruíz de Fábrega, poseedora original, mediante un contrato de compraventa de derechos posesorios de junio de 2010. La ANATI también tomó en cuenta la renuncia de López a la gratuidad del proceso, estableciendo un valor catastral y de adjudicación de B/. 438.22, pagado mediante recibo N° 12780. Formalmente, la ANATI reconoció el derecho posesorio y adjudicó la propiedad a López.
Vale acotar que Fany González Ruíz de Fábrega y su esposo, Rodrigo Fábrega Diaz, son los propietarios de la empresa Ring Ring & Energy Corp, dedicada a la venta, en Pananá y Perú, de materiales y equipos para la industria eléctrica y de telecomunicaciones.
Resulta notable que, al momento de la titulación, Rolando López ejercía como subdirector general del Servicio Nacional de Migración. El terreno, identificado bajo el folio 453729, y con código de ubicación 7106, fue posteriormente donado por López a su esposa e hijos en marzo de 2019, justo antes de abandonar su cargo en el Consejo Nacional de Seguridad, al igual que sucedió con el terreno que López le había «comprado» en Veraguas a «Pipo» Virzi.
Resulta significativo que Franklin Oduber, quien autorizó la adjudicación del terreno en Playa El Estero a favor de López, fuera posteriormente denunciado penalmente en 2016 por su sucesor en la ANATI, Carlos González, por presunto acaparamiento de tierras en Coclé del Norte y San José del General. Según González, el Consejo de Seguridad del Estado, liderado por Rolando López, había mostrado interés en este caso e iniciado su propia investigación desde 2015, alertando sobre posibles «titulaciones irregulares», aunque aparentemente no con respecto a la extraña adjudicación otorgada a López en Playa El Estero.
Entre 2008 y 2009, una sociedad denominada Grupo López Name, S.A. (GLONASA), encabezada por Rolando López y su esposa, adquirió varios terrenos en Boquete, Chiriquí. En julio de 2010, la sociedad cambió su nombre a Ilusion Phunjou, S.A. modificando su directiva, pasando a manos de una familia dedicada a la ganadería, aunque López y su esposa continuaron como suscriptores. No está claro si López y su familia han seguido teniendo o no, tras bambalinas, algún poder sobre Ilusion Phunjou, S.A.
«Picuiro» López no solo representó a Varela en temas de seguridad con Washington, sino que también fue una figura clave en el acercamiento de Panamá hacia China, acompañando al expresidente en viajes al país asiático, en el que López, adicionalmente, realizó gestiones diplomáticas.
Otras polémicas alrededor de Rolando López
Allanamiento por tráfico de armas
Un allanamiento, realizado simultáneamente en la residencia y en una finca de Rolando López en Veraguas, tuvo lugar en horas de la mañana del 14 de julio de 2020. Fue liderado por el fiscal Primero contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez.
Durante el allanamiento, las autoridades se incautaron de una computadora, diversos documentos y tres armas de fuego, estas últimas aparentemente con permiso. Según fuentes oficiales, la acción formó parte de la denominada «Operación Furia», una investigación que buscaba desarticular una red de tráfico de armas.
Las pesquisas se centraron en el delito contra la Seguridad Colectiva, específicamente en la modalidad de tráfico ilícito de armas de fuego. Como resultado de esta operación, se detuvo a 19 personas, entre funcionarios y exaltos mandos de seguridad, y se recuperaron 34 armas de un lote de 86 bajo investigación.
Posteriormente, Rolando López fue imputado por posesión y tráfico de armas y explosivos. Se le impuso la medida de impedimento de salida del país, además de la obligación de reportarse mensualmente ante las autoridades.
Polémica jubilación
En los últimos días del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), una decisión administrativa generó fuertes críticas y controversia: la jubilación del entonces director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López.
López se acogió a la jubilación con un monto mensual de 8,006 dólares, una cifra considerablemente superior al tope de 2,500 dólares mensuales que usualmente reciben los jubilados, dependiendo de sus 10 mejores años como asalariados.
López recibió su jubilación sin haber cumplido los 30 años de servicio que establece la carrera policial. A pesar de haber ingresado a la institución policial el 11 de noviembre de 1989, se le otorgó el beneficio faltando cinco meses para cumplir dicho requisito.
La jubilación de López fue posible gracias a tres decretos presidenciales firmados por el expresidente Juan Carlos Varela. Estos decretos modificaron la ley especial para funcionarios de la carrera policial, con el aparente objetivo de favorecer a López.
Varela creó un cargo de director general o secretario ejecutivo para que las unidades que prestaban servicios en otras dependencias del Estado pudieran aplicar a la jubilación por la ley de la Policía Nacional.
Mediante un tercer decreto ejecutivo, Varela impuso que se reconociera el servicio continuo de López a partir del 11 de noviembre de 1989, a pesar de no tener los 30 años cumplidos en la carrera policial.
La decisión de otorgar una jubilación con beneficios especiales a Rolando López fue vista por algunos sectores como un acto de favoritismo y un premio por su papel en la persecución política contra adversarios del Gobierno de Varela.
El uso de fondos públicos para una cirugía
En mayo de 2017, la opinión pública se vio sacudida por la revelación del uso de fondos públicos para cubrir una cirugía del entonces Secretario del Consejo de Seguridad, Rolando López. El caso generó controversia y críticas debido a la naturaleza del gasto y al contexto en el que se produjo, sumado al rol de López, no solo como funcionario, sino además como ganadero y latifundista, al que, irónicamente, tuvo que ser el Estado panameño el que le financiara una cirugía bariátrica.
La Presidencia de la República destinó 17,320 dólares de la partida discrecional del Gobierno para que Rolando López se sometiera a una operación de banda bariátrica en el Centro Médico Paitilla. Esta partida discrecional está destinada a cubrir situaciones sociales, médicas y de emergencia.
En ese momento, López recibía un salario mensual de 10,000 dólares, compuesto por 7,000 dólares de salario y 3,000 dólares en gastos de representación.
Ante las críticas surgidas, la Presidencia emitió un comunicado catalogando la intervención quirúrgica de López como «urgente». Se argumentó que el funcionario solicitó apoyo económico debido a la necesidad de realizar la intervención en el menor tiempo posible.
El entonces presidente Juan Carlos Varela defendió la decisión, afirmando que era su facultad como presidente dar este tipo de apoyo a quienes lo necesitaran. Además, señaló que había brindado apoyo similar en otras operaciones más costosas.
La asignación de fondos públicos para la cirugía de un funcionario con un salario elevado desató fuertes críticas por parte de la sociedad civil. Representantes de organizaciones como la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Movimiento Independiente por Panamá (Movin) expresaron su descontento, cuestionando la ética del uso de fondos públicos en este tipo de casos. Se argumentó que estos fondos deberían destinarse a atender necesidades urgentes de la población, como la falta de medicamentos en hospitales públicos.
El caso de los correos falsos en el proceso contra Ricardo Martinelli
En el marco del proceso judicial contra el expresidente Ricardo Martinelli, salió a relucir un elemento que generó gran controversia: la creación de correos electrónicos falsos. Las investigaciones y testimonios apuntaron directamente a Rolando «Picuiro» López, quien en ese momento se desempeñaba como secretario del Consejo de Seguridad Nacional.
Durante una audiencia en el caso contra Martinelli, un testigo protegido confirmó que Rolando López fue el autor de al menos siete correos electrónicos que se presentaron como prueba en un disco compacto entregado por la fiscalía. Este disco contenía un total de 517 archivos, de los cuales solo se abrieron siete.
Se determinó que los correos fueron fabricados, no enviados, y que López utilizó un logo de Gmail correspondiente al periodo 2002-2010, lo que evidenciaba la manipulación. Un perito informático confirmó que López estuvo presente en las diligencias en las que se descargó la información utilizada en el caso.
El testigo protegido, al ser confrontado con la evidencia y reconocer a López como el autor de los correos, se mostró nervioso y sudoroso, teniendo que admitir que sí lo conocía, a pesar de haberlo negado en declaraciones anteriores.
La defensa de Ricardo Martinelli anunció que interpondría una querella criminal contra Rolando López por los presuntos delitos cometidos. El abogado Sidney Sittón acusó a López de haber fabricado las pruebas y de haber sido parte de un montaje en contra del expresidente.
Se señaló que López, junto con otros funcionarios y fiscales del Ministerio Público, participó activamente en el proceso de volcado de información utilizada como prueba en este caso.
La defensa de Martinelli denunció que el Ministerio Público se había opuesto a la apertura de la evidencia digital, ya que esto revelaría que Rolando López fue quien armó el caso. Los abogados argumentaron que la fiscalía no había presentado una sola evidencia material y que estaba protegiendo a los responsables del montaje.
Se denunció que la creación de correos falsos y el uso de información manipulada fueron parte de un plan de persecución política contra Ricardo Martinelli. Se vinculó este caso con el gobierno de Juan Carlos Varela, quien presuntamente buscaba perjudicar a sus adversarios políticos.
Persecución política y la manipulación de la justicia
En el periodo del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), la figura de Rolando López se convirtió en el centro de una serie de acusaciones sobre persecución política y manipulación de la justicia. López fue señalado de armar expedientes ilegales y perseguir a opositores políticos del gobierno de Varela, específicamente personas cercanas a Ricardo Martinelli.
López fue señalado como uno de los elementos importantes dentro de una «Procuraduría Paralela», que se dedicaba a armar casos contra adversarios del gobierno de Varela. Se le acusó de ser la persona que persiguió a todos los allegados a Ricardo Martinelli.
Se señaló que López contó con la estrecha colaboración de la exprocuradora general de la Nación, Kenia Isolda Porcell, en su labor de persecución política.
El mayor Alex Cedeño, tras ser detenido, reveló supuestos negociados y actos de corrupción de oficiales del Consejo de Seguridad, señalando a López. Cedeño denunció que López estaba furioso con él.
Varios testigos del caso de las escuchas telefónicas señalaron a López como la persona que los presionó para declarar en contra de Martinelli.
El subcomisionado de policía Ronny Rodríguez declaró que Rolando López le ofreció un cargo diplomático si colaboraba para incriminar a Ricardo Martinelli en casos de escuchas telefónicas ilegales y posteriormente lo amenazó cuando se negó.
Acusaciones de espionaje y seguimiento a civiles
Durante su gestión como director del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López fue objeto de fuertes críticas y acusaciones por presunto espionaje y seguimiento a líderes sindicales, civiles y por la infiltración en protestas. Estas acciones, que salieron a la luz a través de investigaciones y testimonios, generaron un debate sobre los límites del poder estatal y la protección de las libertades civiles.
Se reveló que el CSN, bajo la dirección de López, llevaba a cabo un seguimiento sistemático a líderes sindicales y de grupos de presión, incluyendo la sociedad civil. Agentes del CSN declararon que la interceptación telefónica era una actividad regular y que se mantenían equipos para este fin.
Los agentes del CSN se infiltraban en manifestaciones y protestas, recopilando información, fotos y videos, que luego eran usados para elaborar informes. Se mencionó específicamente la infiltración en actividades del sindicato Suntracs.
Además del seguimiento físico, el CSN monitoreaba las redes sociales y utilizaba información de fuentes humanas para rastrear a los líderes sindicales y otros grupos de presión.
Tres agentes del CSN confirmaron bajo juramento que la entidad daba seguimiento a sindicalistas y líderes de grupos de presión, sin excluir a la sociedad civil. La agente Carmen Esther Salinas, con el seudónimo de «Raquel» o «La Profe», testificó que la interceptación telefónica era una actividad regular en el CSN.
A pesar de las evidencias y testimonios, Rolando López negó que el CSN se utilizara para espiar a la sociedad civil. Sin embargo, su versión contrastaba con las declaraciones de sus propios agentes.
Se acusó a López de estar relacionado con la filtración de información confidencial a medios de comunicación, incluyendo el caso del padre David Cosca. Esto se interpretó como una estrategia organizada desde la Presidencia para desviar la atención pública.
El subcomisionado de policía Ronny Rodríguez declaró que durante su gestión como Director de Inteligencia del Consejo de Seguridad, se realizaba monitoreo de marchas, protestas, huelgas y movimientos sociales, lo que incluía el seguimiento de líderes y la magnitud de dichas actividades. Indicó además que esta metodología de trabajo era una práctica que se había heredado de gobiernos anteriores.
El analista político José Isabel Blandón Castillo acusó a López de investigar ilegalmente al exmagistrado Víctor Benavides, tras revelar detalles de un encuentro que sostuvo con López. Irónicamente, Blandón Castillo es padre de José Isabel Blandón Figueroa, líder del Partido Panameñista que respaldó las aspiraciones de la esposa de Rolando López a alcaldesa en Veraguas.
Controversia por escoltas pagados por el Estado
Según información del Ministerio de la Presidencia, confirmada en 2020 por el entonces director del Servicio de Protección Institucional (SPI), el comisionado Julio Cesar Jean-Louis Garrido, Rolando López Pérez, exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, contó con un equipo de cinco escoltas pagados por el Estado panameño durante 15 meses. Este servicio de protección finalizó el 1 de octubre de 2020. La asignación de escoltas a exfuncionarios está regulada por la Ley Orgánica del SPI, la cual establece que los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Nacional tienen derecho a este servicio hasta por tres meses por cada año de servicio en la institución.
Algunos exdirectores de la Policía Nacional y exministros de Seguridad Pública expresaron su desconcierto ante la asignación de una gran cantidad de escoltas a López, considerando que había dejado su cargo en el gobierno del expresidente Varela hacía más de un año. Adicionalmente, una fuente humana indicó que Rolando López seguía, incluso en 2024, manteniendo un escolta a su disposición, el cual fue asignado por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo. El escolta, el sargento primero Adonis Leonel Arias Villareal, perteneciente al grupo PMI de la Dirección General de la Policía Nacional, fue asignado a la Presidencia de la República desde 2019, antes de la salida de Varela.
Querella contra López por violencia de género
Una de las polémicas más destacadas en torno a Rolando López es la querella presentada en su contra por la diputada Zulay Rodríguez. Esta acción legal se originó a partir de los denominados Varelaleaks, y en ella también se incluyó al expresidente Juan Carlos Varela, Ismael Pittí y el exdiputado José Luis “Popi” Varela. La abogada de la diputada Rodríguez, María Del Pilar Pitty, señaló en 2020 que López intentó evitar la notificación de esta querella.
En un incidente relacionado con este caso, López solicitó una audiencia que resultó ser breve, durando solo ocho minutos. Durante esta audiencia se conoció que el exdirector se representaba a sí mismo. Debido a lo que se consideró como una falta de seriedad al abordar el caso, López fue sancionado con una multa de 200 dólares.
Es importante señalar que esta no fue la primera vez que López intentaba evadir una notificación en un proceso legal. Según informes, también intentó lo mismo en el caso de tráfico de armas en el que fue imputado junto a otros exaltos oficiales de la Policía Nacional.
Cuestionado asesor de seguridad de excandidato presidencial
En el ámbito político, Rolando López Pérez fue nombrado asesor de seguridad para la campaña presidencial de Rómulo Roux en 2024. Esta designación generó fuertes críticas debido a su pasado controversial.
El trabajo de López para Roux, estuvo en sintonía con el apoyo brindado en Veraguas por el entonces candidato presidencial por Cambio Democrático, a la candidatura a alcaldesa de la esposa de Rolando López.
Conflicto con el mayor Álex Cedeño y revelaciones de corrupción
Un enfrentamiento entre Rolando López y el mayor de policía Álex Cedeño, destapó una serie de controversias y acusaciones sobre corrupción y abuso de poder dentro de los estamentos de seguridad panameños. Los eventos, que tuvieron su punto álgido en 2017, revelaron tensiones internas y supuestas acciones irregulares por parte de López y otros funcionarios.
En abril de 2017, el mayor Álex Cedeño fue indagado durante 19 horas, luego de ser arrestado por un presunto caso de droga, y trasladado a La Gran Joya. Este hecho fue el catalizador de una serie de revelaciones por parte de Cedeño.
Cedeño, quien era jefe de la Unidad de Asuntos de Fronteras de la Policía Nacional, denunció la existencia de «grupos de uniformados que se joden unos a otros», así como corrupción y negociados de oficiales del Consejo de Seguridad. También mencionó ejecuciones de uniformados y lavado de dinero por parte de empresas deportivas, bancos y financiadores de campañas políticas. Estas revelaciones se enmarcaron dentro de la denominada Operación «Rastro Verde».
Cedeño afirmó ser víctima de un caso armado desde el aparato de seguridad del Estado, señalando directamente a Rolando López.
Según Cedeño, el conflicto se remontaba a un incidente ocurrido el 6 de junio de 2015, cuando realizó una incursión en el edificio donde residía el entonces presidente Juan Carlos Varela, encontrando supuestamente armas y fuertes sumas de dinero, lo que provocó malestar en el mandatario.
Unos años antes había surgido entre López y el mayor Álex Cedeño, quien en ese momento era jefe de la Unidad de Asuntos de Fronteras de la Policía Nacional, un conflicto relacionado con un BlackBerry.
Según Cedeño, Rolando López, entonces subdirector del Servicio Nacional de Migración, tenía asignado un teléfono BlackBerry 9900 que era pagado por la CIA, junto con otras 50 líneas asignadas a la Unidad de Frontera.
Cedeño relató que, en algún momento, consultó con la CIA para reunir todas las cuentas bajo dos contratos con Movistar y Cable and Wireless, incluyendo la línea de López.
Esta acción molestó a López, quien convocó a Cedeño a su oficina y lo acusó de haberse prestado para que la CIA le interviniera su celular.
El motivo de la furia de López, según Cedeño, era que este quería tener «carta abierta» para el consumo de minutos y data en su celular. Es decir, deseaba utilizar la línea sin restricciones de consumo.
Posteriormente, López envió reiterados mensajes a Cedeño a través del teniente Luis Magallón, diciendo: «dile a ese capitancito que algún día me la paga».
En 2017, Cedeño fue detenido luego de que el Consejo de Seguridad, bajo el mando de Rolando López, incautara 100 kilos de cocaína durante una operación antidrogas en un hangar en Llano Bonito.
Tras su detención, Cedeño fue dado de baja en una «extraña junta disciplinaria» por supuestas irregularidades en operativos antidrogas y por denigrar la imagen de la Policía.
A Cedeño se le abrieron dos expedientes, uno por el Sistema Penal Acusatorio y otro por el Inquisitivo. La sumaria que lo llevó a La Joya fue obra del fiscal Marcelino Aguilar.
Cedeño declaró que sus operaciones eran de conocimiento de los fiscales y hasta del jefe de la estación de la CIA en Panamá.
Dos meses antes de su detención, Cedeño se reunió en territorio colombiano con altos cargos de la Dirección Antinarcóticos de Colombia.
Cedeño afirmó tener «muestras de corrupción» resguardadas en diferentes puntos de Panamá y el extranjero.
El caso de Nicholas Tuffney
Es importante señalar que en algunos documentos se menciona a un Rolando López Pérez como exdirector del centro penitenciario La Joya, aunque no se puede confirmar si se trata de la misma persona que fungió como secretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), cargo que ocupó durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019). En esa misma época, el comisionado de la Policía Nacional Rolando López Pérez fue asignado al Servicio Nacional de Migración.
Uno de los episodios más controvertidos que involucran a un Rolando López, esta vez como director de la cárcel La Joya, se relaciona con acusaciones de tratos crueles e inhumanos contra un detenido de origen británico llamado Nicholas Tuffney. Según una denuncia presentada por los abogados de Tuffney el 30 de agosto de 2016, este habría sufrido una serie de abusos durante su tiempo en prisión.
La denuncia por los tratos crueles e inhumanos en perjuicio de Nicholas Tuffney fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación por la firma forense Barrios, Barrios & Asociados, en representación de Nicholas Tuffney.
El 16 de mayo de 2013, Tuffney fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y llevado al centro de detención policial de Ancón para ser investigado por un supuesto delito contra la libertad e integridad sexual. En Ancón, se alega que Tuffney fue obligado a desnudarse y golpeado por guardias fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Además, no se le proporcionó un lugar para dormir, viéndose obligado a hacerlo en el suelo de concreto, lo que resultó en malnutrición y deshidratación. Durante su detención en Ancón, Tuffney perdió más de 11kg.
El 4 de junio de 2013, tras 16 días en Ancón, Tuffney fue trasladado al Hospital San José de la Palma, en Darién, donde se le diagnosticó síndrome depresivo, intento autolítico, deshidratación moderada, gastritis aguda, infección de las vías urinarias y anemia. Se afirma que había gozado de perfecta salud antes de su detención. En el hospital, Tuffney habría sido encadenado a la cama bajo la custodia de un policía.
El 8 de junio de 2013, Tuffney fue trasladado desde el hospital a la cárcel de La Palma, en Darién, en contra de la recomendación médica. Fue transportado en una silla de ruedas debido a su inestable condición. En La Palma, fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes: se le encadenó durante 24 horas al día a los barrotes de una ventana que daba a la calle principal, a la vista del público, sin poder moverse con libertad, lo que causó el deterioro de sus articulaciones. Se le negó acceso a medicinas, al cuarto de aseo y comunicación con las embajadas británica y estadounidense.
El 16 de julio de 2013, Tuffney fue trasladado a La Joya, donde no se le realizó el análisis de enfermedades contagiosas a su llegada y fue enviado al pabellón 6 en una carretilla por su incapacidad para caminar. Recibió solo una evaluación médica entre julio de 2013 y agosto de 2014. En La Joya, permaneció en una celda hacinada, sin acceso a agua potable, debiendo recoger agua de lluvia o pagar por ella, y la asistencia médica debía ser pagada por los reclusos. Se le negó el acceso al patio y a clases de español, así como una evaluación psicológica.
El 12 de septiembre de 2013, el entonces director de la Policía Nacional, Julio Moltó, emitió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores encubriendo los tratos crueles contra Tuffney, indicando que no había sido objeto de maltrato físico.
El 8 de agosto de 2014, Tuffney resultó herido en el ojo izquierdo durante una redada en la prisión. A pesar de haber sido absuelto de todos los cargos el 21 de agosto de 2014, fue retenido en el albergue temporal del Servicio Nacional de Migración hasta el 9 de septiembre de 2014, en pésimas condiciones.
El 2 de septiembre de 2014, se había resuelto expulsar a Tuffney de la República de Panamá.
A su llegada a Miami, Florida, Tuffney fue diagnosticado con bajo potasio en la sangre y deshidratación.
La denuncia indica que tanto Rolando López Pérez, exdirector del centro penitenciario La Joya, como Julio Armando Moltó, exdirector de la Policía Nacional, estaban al tanto de la situación de Tuffney. También se menciona a otros funcionarios y custodios involucrados en los maltratos.
La denuncia de Tuffney también señaló que el proceso en su contra fue producto de falsas acusaciones por parte de su exesposa y la familia de ella, quienes manipularon información para perjudicarlo.
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