Una familia venezolana está a punto de ruptura por la decisión de un juzgado de Bonaire, que avala el criterio gubernamental de exigir documentos apostillados, aún en las actuales circunstancias del país suramericano.

La decisión del tribunal, presidido por el abogado Theo Simons, fue conocida el 12 de julio, a propósito de la apelación formulada por una madre venezolana, que llegó a Bonaire en febrero de 2019, junto a sus dos hijos, en calidad de turistas. Bajo esta condición, podían permanecer allí por tres meses, según la legislación de la isla.

En octubre de ese mismo año, la mujer pidió una “autorización de residencia temporal” en nombre de los adolescentes de 17 y 15 años de edad, para garantizar así la “reagrupación familiar”.

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Pero la Secretaría de Estado bonairense negó la petición “porque la relación de derecho de familia con el padre no estaba acreditada mediante documentos oficiales apostillados”, indica el expediente judicial.

La mujer presentó copias fotostáticas de las partidas de nacimiento. Pero el criterio prevaleciente en la justicia y el Ejecutivo de la isla es que “las copias de las actas de nacimiento de los hijos presentadas son insuficientes para este efecto, porque la autenticidad de dichas copias no se puede establecer sin legalización o apostilla”.

El juez Simons concedió la posibilidad de que “no sea fácil” la obtención de apostillados en Venezuela. Pero no es imposible, toda vez que los mismos tribunales han recibido documentos que cuentan con la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.

En el juicio, la madre venezolana consignó la declaración de un abogado en torno a las dificultades para obtener la apostilla en su país. Pero el juez le otorgó poco peso, por considerarla “demasiado general”.

En cambio, sí concedió validez al argumento del Ejecutivo, según el cual esta mujer podría reunificar a su familia en cualquier otra parte del mundo.

No se han encontrado obstáculos objetivos para ejercer la vida familiar fuera de Bonaire. (…) Toda la familia puede establecerse fuera de Bonaire”, sostuvo la sentencia.

Huyen del país

Según la investigadora del área de migración del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, la mayoría de la comunidad internacional no ha comprendido todavía que la diáspora venezolana requiere de un tratamiento especial.

Indicó que muchas personas salieron de Venezuela apenas con lo que tenían a la mano, a menudo sin pasaportes ni documentos apostillados por una oficina gubernamental.

“Los países receptores no terminan de entender que es gente con necesidad de protección internacional. Al tratarlos como simples emigrantes, no reconocen ese estatus particular”, explicó.

El coordinador de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, advirtió que la diáspora venezolana también se ha convertido en “un gran negocio” para el gobierno de Nicolás Maduro, a propósito de las exigencias de apostillados, antecedentes penales y documentos de identificación vigentes. Indicó que algo similar ocurre con los emigrantes cubanos.

“Con las apostillas, los emigrantes ahora son oportunidades de negocio para el gobierno venezolano”, afirmó.

Indicó, además, que en algunas antillas también exigen documentos en el idioma local, traducidos por un experto certificado, lo que incrementa los costos y tiempos de espera.

Javier Ignacio Mayorca

Crónicas del Caribe

Por admin

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