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Mercedes Rosario Sánchez Rodríguez, jueza rectora y presidenta del circuito penal de Bolívar, es señalada de ser una operadora para impedir las acciones legales de los ciudadanos en la región de Guayana en contra de la empresa Fospuca, encargada de la recolección de basura.

Sánchez Rodríguez fue pareja sentimental de Saúl Cordero, alias «Cara e’ Niño», exfuncionario de la extinta Disip y exdirector de Patrulleros del Caroní, policía municipal en la Zona del Hierro.

Cordero y Sánchez son señalados en las redes sociales de supuestamente delinquir desde antes de la llegada del chavismo al poder. Con la llegada al poder de Hugo Chávez, Cordero y Sánchez se alinearon y comenzaron supuestamente una meteórica carrera de detenciones ilegales, cobro de vacunas, extorsiones, además de verse involucrados en asesinatos y otras atrocidades, cometidas gracias a las conexiones de «Cara e’ Niño» con el magistrado Maikel Moreno Pérez, quien según las redes sociales, desde el TSJ protegía a Cordero en sus desmanes.

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Junto a Sánchez, otro denunciado es el alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo. Juntos trabajarían para desarticular cualquier acción ejercida por los usuarios en contra de la empresa Fospuca.

Fospuca es una empresa privada que presta el servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos en varios municipios de Venezuela. Sin embargo, ha sido objeto de múltiples quejas y denuncias por parte de los habitantes de Guayana, quienes aseguran que el servicio es deficiente, irregular y costoso.

Los ciudadanos han exigido a las autoridades competentes que se revise el contrato con Fospuca y se garantice un servicio eficiente y transparente. Sin embargo, según las denuncias, la juez Mercedes Sánchez Rodríguez estaría actuando en complicidad con el alcalde Tito Oviedo para obstaculizar las demandas y recursos legales presentados por los afectados.

Saúl Cordero es un exfuncionario policial con una polémica carrera en el estado Bolívar. Fue director de Patrulleros de Caroní, de donde fue destituido. También fue coordinador de seguridad ciudadana de la alcaldía de Caroní, gerente general de protección de planta de Sidor y aspirante a la alcaldía de Caroní.

Cordero fue detenido en octubre de 2021 por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de un allanamiento en su residencia ubicada en la urbanización Yara Yara. Fue imputado por el delito de terrorismo, presuntamente por unos comentarios que escribió en las redes sociales.


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