El panorama político venezolano ha dado un giro inesperado con la emisión de una orden de arresto contra el excandidato presidencial opositor Edmundo González el pasado lunes 2 de septiembre. Esta acción del chavismo marca una nueva fase en la crisis que atraviesa el país, diferenciándose notablemente del periodo de 2019, cuando el gobierno de Nicolás Maduro optó por coexistir con el entonces autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, a pesar del reconocimiento internacional que este recibió.
La decisión de emitir la orden de detención contra González ha generado diversas interpretaciones entre los analistas. Algunos la ven como una muestra de temor por parte del gobierno ante la creciente fuerza de la oposición. Un analista venezolano, que prefiere mantener su anonimato por temor a represalias, comentó al diario El Confidencial que estas medidas «no solamente están dirigidas a neutralizar a Edmundo, sino también a provocar temor, desmoralización y desmovilización».
La emisión de la orden judicial se produce en un contexto de alta tensión política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados han sido cuestionados por la oposición y la comunidad internacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro como vencedor, un anuncio que fue certificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero sin la publicación de las actas electorales que respalden dicho resultado.
El costo político de la libertad Vs. la detención
Para los analistas, la decisión de emitir una orden de arresto contra un líder opositor no se toma a la ligera. Se sopesan los costos y beneficios de dicha acción. En el caso de Edmundo González, el gobierno chavista ha evaluado que el costo de su libertad sería mayor que el de su encarcelamiento, lo que marca un cambio significativo con respecto a la estrategia utilizada en 2019 con Juan Guaidó.
La situación política actual difiere de la de aquel entonces. El gobierno interino de Guaidó, aunque inicialmente gozó de amplio apoyo popular, se basaba en una «base legal y constitucional frágil», según explica el analista venezolano consultado por El Confidencial. Con el tiempo, su popularidad decayó y el gobierno de Maduro no lo percibió como una amenaza real para su permanencia en el poder.
En contraste, el liderazgo opositor actual, surgido de las primarias de octubre de 2023 y fortalecido por los resultados de las elecciones presidenciales de julio, se presenta como una fuerza más sólida y legítima. «Hay un liderazgo en la oposición muy sólido, legitimado por las primarias de octubre de 2023, y un resultado evidente en la elección presidencial del 28 de julio», señala el analista.
La fuerza como herramienta de control
Ante la imposibilidad de resolver la crisis socioeconómica que atraviesa Venezuela, el gobierno chavista parece haber optado por la fuerza como mecanismo para mantener el control político. «Saben que no pueden corregir la crisis socioeconómica del país, porque no tienen recursos financieros y mucho menos las capacidades de gestión y la única forma de garantizar el poder es con la fuerza, un recurso que sí tienen», afirma el analista venezolano.
La orden de detención contra Edmundo González fue emitida por el juez Edward Briceño, con competencias en terrorismo, a petición del fiscal Luis Ernesto Deñez. El Ministerio Público acusa al candidato opositor de una serie de delitos, entre ellos: usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, asociación para delinquir y sabotaje de sistemas.
Estas acusaciones se basan en la publicación en internet de actas electorales que la oposición considera válidas y que el oficialismo tilda de falsas. A pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición y la comunidad internacional, el CNE y el TSJ no han publicado las actas electorales que avalen el triunfo de Nicolás Maduro.
Edmundo González fue citado en varias ocasiones por el TSJ y la Fiscalía para declarar, pero se negó a comparecer, argumentando la falta de independencia de ambos organismos.
Las posibles consecuencias de la orden de arresto
Ante la orden de detención emitida en su contra, Edmundo González se mantuvo alejado de los actos públicos durante un mes. Se planteaban tres posibles escenarios: su arresto, la coexistencia con una orden de detención no ejecutada, o el exilio, similar al que vivió Juan Guaidó en 2023.
Algunos analistas consideraban que el objetivo del gobierno era forzar la salida de González del país, concretamente hacia Madrid, donde se encuentra refugiada una parte importante de la cúpula opositora. La lógica detrás de esta presión sería desactivar la causa judicial al eliminar al protagonista de la misma.
Inicialmente, el abogado de González, José Vicente Haro, descartó la posibilidad de que su cliente solicitara asilo político y afirmó que se encontraba en su casa a la espera de las fuerzas de seguridad. «Si hay orden de allanamiento se acatará y se permitirá el debido proceso», señaló.
Esta postura fue interpretada como un desafío al gobierno, buscando comprobar si la orden de arresto era una amenaza real o un farol. La no ejecución de la detención tras la emisión de la orden sería vista por muchos como una señal de debilidad por parte del chavismo.
El exilio de Edmundo González y la reacción de la oposición
Finalmente, la presión ejercida por el gobierno chavista surtió efecto y Edmundo González abandonó Venezuela en la noche del sábado 7 de septiembre, refugiándose en Madrid. La salida del país se produjo a pesar de las declaraciones iniciales de su abogado, quien había descartado la posibilidad de un exilio.
La líder opositora María Corina Machado calificó la situación como una muestra de la desconexión del gobierno con la realidad: «Han perdido toda noción de la realidad”, declaró. Machado, quien también podría ser objeto de una orden de arresto en el futuro, es considerada por algunos analistas como la verdadera líder de la oposición, aunque el gobierno podría actuar con mayor cautela en su caso.
«En esta ocasión, si bien Edmundo González fue el candidato, la líder es María Corina Machado, así que probablemente a quien nunca apresen es a ella, pero sí a su círculo cercano, como lo vienen haciendo desde hace meses”, considera el analista venezolano consultado por El Confidencial.
La detención de González, de haberse concretado, habría agudizado la crisis política en Venezuela. Desde la oposición, se barajaban dos posibles reacciones: una profundización del miedo o, por el contrario, el estallido de una ola de protestas que unificara aún más a los diferentes sectores opositores.
La respuesta de la comunidad internacional
La orden de arresto contra Edmundo González generó una fuerte condena por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea, varios países latinoamericanos y España criticaron la medida del gobierno chavista. Sin embargo, las primeras reacciones desde Washington apuntan a una postura menos contundente que la adoptada el mes anterior, cuando se amenazó con una respuesta enérgica en caso de que se produjeran arrestos de líderes opositores.
El 8 de agosto, Francisco Mora, embajador de EEUU ante la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que si Maduro decidía arrestar a los líderes opositores, «activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse, y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente».
No obstante, el lunes 2 de septiembre, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de la administración de Joe Biden, se limitó a condenar la orden de aprehensión contra González: «Edmundo González ha promovido la reconciliación nacional y nos sumamos a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada”, señaló. Estas declaraciones se produjeron después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones contra miembros del oficialismo venezolano y confiscara el avión de Nicolás Maduro, que se encontraba en República Dominicana desde hacía meses.
La postura ambigua de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica
La comunidad internacional, en especial Estados Unidos y la Unión Europea, mostró su rechazo a la orden de arresto contra Edmundo González, exigiendo respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Sin embargo, la posición de los países latinoamericanos de izquierda, como Brasil y Colombia, fue más ambigua.
Estos países, si bien no reconocieron el resultado electoral a la espera de la publicación de las actas, tampoco condenaron abiertamente la orden de detención contra el líder opositor. Su postura se interpretó como una muestra de la dificultad para mantener una posición unificada en la región frente a la crisis venezolana.
El analista venezolano consultado por El Confidencial considera que el gobierno de Maduro no se muestra preocupado por la opinión de la comunidad internacional: «Evidentemente, al Gobierno le importa muy poco lo que piense la comunidad internacional», afirma.
La detención de Edmundo González, de haberse producido, podría haber tenido un impacto significativo en la migración venezolana. Ante la creciente ola de arrestos de opositores y la persecución política, muchos venezolanos podrían haber optado por abandonar el país en busca de seguridad y libertad.
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