Un tribunal de primera instancia en Aruba ha dictaminado que el gobierno de la isla debe reevaluar la decisión de expulsar a un militar venezolano, el primer teniente de la Aviación Daniel Francisco Ibarra Moreno, a raíz de la creciente crisis política en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La sentencia, emitida el 4 de septiembre de 2024 por el magistrado Bert Jan van Ettekoven, establece que el Ministerio de Trabajo, Energía e Integración no puede proceder con la deportación de Ibarra Moreno debido al riesgo de que enfrente un juicio por deserción, sea utilizado para reprimir a la población o participe en un conflicto bélico contra Guyana.
El caso de Ibarra Moreno se remonta a julio de 2018, cuando huyó de Venezuela, según consta en los registros del expediente. Posteriormente, solicitó asilo en Aruba con el objetivo de “poder vivir y trabajar” en la isla y evitar su regreso a Venezuela, donde sería procesado como desertor. Durante el proceso administrativo para regularizar su estatus migratorio, su esposa e hija también viajaron a Oranjestad, la capital de Aruba.
La decisión del tribunal arubeño se basa en la información disponible sobre la situación política y de seguridad en Venezuela, la cual ha experimentado un notable deterioro, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. El juzgado ha considerado relevante un listado difundido por la Aviación Militar de Venezuela en junio de 2024, en el que se notifica que Ibarra Moreno enfrenta un proceso penal por “permanencia no autorizada y sin justificación fuera de la unidad, establecimiento o instalación militar”. En este documento, firmado por el comandante general de la fuerza, mayor general Santiago Infante, se le insta a comparecer ante la Dirección de Investigaciones Especiales en la base aérea de La Carlota, asistido por un abogado.
Riesgos de deportación y reevaluación de la situación en Venezuela
En febrero de 2024, el despacho a cargo de los asuntos migratorios en Aruba, liderado por Glenbert Croes, concluyó que el primer teniente Ibarra Moreno no había presentado suficiente evidencia documental para demostrar la existencia de un riesgo inminente en su contra si era devuelto a Venezuela, lo que abrió la posibilidad de una deportación. Ibarra Moreno, asesorado por el abogado Malcolm Hassell, impugnó esta decisión ante los tribunales de la isla.
Durante el proceso judicial, Ibarra Moreno argumentó que la situación en Venezuela se ha deteriorado rápidamente, especialmente después de las elecciones de julio de 2024, y que, de regresar, podría ser desplegado en un conflicto armado con Guyana, específicamente en la zona del Esequibo, donde se ha reportado una acumulación de tropas militares. Además, señaló el uso del ejército para reprimir manifestaciones de ciudadanos que rechazan los resultados electorales, expresando su negativa a cooperar con este tipo de acciones.
El tribunal arubeño reconoció la necesidad de realizar un análisis actualizado de la situación política y de seguridad en Venezuela, una tarea que recae en el servicio exterior de los Países Bajos, del cual Aruba forma parte como país constituyente. El abogado Hassell señaló que la última evaluación se realizó en 2020 y que, tras las elecciones presidenciales, se han producido cambios significativos que justifican una nueva revisión. «La situación general de Venezuela debe ser reevaluada», afirmó Hassell en declaraciones al portal Crónicas del Caribe.
Preocupación por la escalada de tensión y represión en Venezuela
El tribunal arubeño validó las advertencias sobre el «deterioro» de la situación general en Venezuela, tomando en cuenta los informes emitidos por el Alto Representante de la Unión Europea que alertan sobre el aumento de la represión contra manifestantes civiles. La defensa de Ibarra Moreno presentó estos informes como evidencia, destacando la escalada de violencia y la creciente crisis política en el país.
«De la escasa información objetiva disponible se desprende claramente que las tensiones en Venezuela están aumentando rápidamente, y la crisis se está profundizando», se señala en la decisión del tribunal. «Especialmente preocupante es el despliegue del Ejército en las manifestaciones posteriores a los resultados de las elecciones».
El caso del teniente Ibarra Moreno deberá ser reconsiderado por las autoridades de Aruba a la luz de la nueva información sobre la situación política en Venezuela, lo que implica una revisión exhaustiva de los riesgos que enfrentaría en caso de ser deportado. Mientras tanto, la primera ministra arubeña, Evelyn Webber Croes, ha declarado que su gobierno seguirá monitoreando la situación en Venezuela y que, si es necesario, tomará medidas más estrictas para evitar una nueva ola de migrantes hacia la isla, un tema que ha generado preocupación en Aruba en los últimos años debido al flujo migratorio proveniente de Venezuela.
La decisión del tribunal arubeño en el caso de Daniel Francisco Ibarra Moreno sienta un precedente importante en relación con la situación de los migrantes venezolanos que buscan refugio en la isla. El fallo subraya la necesidad de realizar evaluaciones actualizadas y exhaustivas de la situación en Venezuela antes de tomar decisiones sobre la deportación de ciudadanos de ese país.
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