Una organización defensora de DDHH advierte que las autoridades no saben qué hacer con estas personas y exigen su inmediata liberación, destacando que todos cuentan con garantes que les aseguran techo y comida en la isla

La organización no gubernamental Human Rights Defense Curazao (HRDC) solicita al gobierno del primer ministro Gilmar Pik Pisas que libere a ocho ciudadanos venezolanos que fueron trasladados a cárceles con delincuentes comunes, luego de que se ejecutara el cierre del recinto donde recluían a los migrantes indocumentados detenidos en la isla.

El centro de reclusión de indocumentados fue cerrado esta semana tras las críticas internacionales por las condiciones infrahumanas”, expone HRDC a través de un comunicado, donde apunta que ahora “ni la policía ni el personal de la prisión SDKK (siglas en papiamento del Centro de Detención de Curazao) saben qué hacer con los ocho inmigrantes indocumentados venezolanos que buscan protección en Curazao”.

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La ONG defensora de Derechos Humanos denuncia que estas ocho personas “fueron trasladadas en contra de su voluntad este fin de semana a las celdas de la policía en Barber y luego enviadas al Bloque 1 de SDKK, que también alberga a sospechosos de cometer delitos”. HRDC ha criticado reiteradamente al gobierno de la isla por mezclar a los inmigrantes indocumentados con delincuentes comunes en condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Sin solución

“Al parecer, aún no existe un lugar adecuado para ubicar a estas personas. ¿Qué ha hecho mientras tanto el grupo de trabajo interdepartamental sobre personas indocumentadas, que se estableció el 9 de noviembre de 2017 a través de un decreto?”, cuestiona la organización, tras recordar que el cierre de las fronteras, impuesto en febrero de 2019, y la suspensión de los vuelos humanitarios desde diciembre de 2021, dificulta el proceso de deportación.

HRDC destaca que los inmigrantes en cuestión invocan la protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 3 estipula que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. La ONG enfatiza que “todos los que están detenidos desde el 8 de febrero tienen un garante, es decir, alguien que les garantiza techo y comida. Esa es la única alternativa que tiene ahora Curazao y ese ya es el caso de decenas de migrantes en crisis”.

La fundación defensora de DDHH culmina su comunicado advirtiendo que el proceder del gobierno de Pisas “huele a arbitrariedad”.

Pedro Pablo Peñaloza

Crónicas del Caribe

Por admin

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