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La compañía europea Credendo ha logrado un importante avance en su lucha por recuperar una millonaria deuda que Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) encargada de las adquisiciones en el exterior, mantiene con ella. Un tribunal de Curazao declaró ejecutable en su jurisdicción la sentencia de un laudo arbitral emitido por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París, en mayo de 2019, a favor de la empresa con sede en Bruselas.

Credendo, especializada en la administración de riesgos para corporaciones europeas que negocian con empresas en mercados considerados volátiles, como el venezolano, asumió el reclamo de ArcelorMittal International Luxemburgo SA, una firma proveedora de la industria metalúrgica, tras el presunto incumplimiento de pago por parte de Bariven.

El origen del conflicto se remonta a un contrato entre ArcelorMittal y Bariven, en el cual la estatal venezolana se habría comprometido a realizar pagos por un monto total de 14,6 millones de dólares, según lo indicado en el reclamo presentado ante la corte de París.

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Tras varios intentos fallidos de resolver la situación de manera amistosa, ArcelorMittal recurrió a Credendo, con quien había contratado un seguro de crédito para proteger la operación comercial con Bariven. Fue entonces cuando, en mayo de 2017, Credendo inició el proceso de reclamación ante la Corte Internacional de Arbitraje, según Crónicas del Caribe.

Dos años más tarde, el laudo arbitral falló a favor de Credendo, ordenando a Bariven no solo la cancelación de los 14,6 millones de dólares adeudados, sino también el pago de más de 152 mil euros en concepto de costas judiciales, más los intereses acumulados desde el momento en que se incumplieron las obligaciones de pago.

Curazao, escenario recurrente para la ejecución de laudos contra el Estado venezolano

La decisión de Credendo de acudir a la justicia curazoleña no es un caso aislado. Curazao se ha convertido en un escenario recurrente para empresas extranjeras que buscan ejecutar laudos arbitrales que desfavorecen al Estado venezolano y sus filiales.

Anteriormente, Crónicas del Caribe informó sobre las acciones legales emprendidas por la corporación militar estadounidense Huntington Ingalls para embargar el crudo de PDVSA almacenado en la refinería Isla y el terminal marítimo de Bullenbaai. Esta medida fue impulsada por el impago de los trabajos de repotenciación de las fragatas misilísticas venezolanas, contratados a Huntington Ingalls.

En el caso de Credendo, la empresa ha solicitado el embargo preventivo de las cuentas bancarias que Bariven mantiene en diversas instituciones financieras de Curazao, incluyendo ING Bank NV, Coöperatieve Rabobank UA, ABN Amrobank NV, Deutsche Bank AG y NIBC Bank NV.

Adicionalmente, Credendo busca la confiscación de las acciones que Bariven posee en PDVSA Services BV, una empresa con sede en La Haya, Países Bajos.

La audiencia para tratar este caso se llevó a cabo en julio ante un tribunal curazoleño presidido por el magistrado Pieter de Kort. Bariven, por su parte, no envió representación legal a la audiencia.

Con el paso del tiempo, la deuda original ha continuado incrementándose. Durante la sesión en Curazao, se informó que el monto adeudado ascendía ya a 25 millones de dólares.

El marco legal que sustenta el litigio en Curazao

Un abogado venezolano especializado en arbitrajes internacionales explicó a Crónicas del Caribe que este tipo de litigios contra Venezuela son posibles gracias a la adhesión de las partes involucradas a la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, conocida como la Convención de Nueva York, firmada el 10 de junio de 1958.

«Credendo presentó el laudo arbitral emitido en París ante el tribunal de primera instancia civil de Curazao, el cual, de conformidad con su legislación interna, le otorgó reconocimiento y fuerza ejecutiva», explicó el abogado.

Este reconocimiento implica que la sentencia del laudo arbitral, inicialmente emitida en Francia, puede ser ejecutada en Curazao como si se tratara de una sentencia dictada por un tribunal local.

El especialista también aclaró que, en caso de que múltiples empresas o individuos soliciten el embargo de un mismo bien perteneciente a Bariven, la prioridad se otorgará a quien haya iniciado el proceso de embargo primero. Es decir, el orden cronológico de las solicitudes de embargo determinará quién tiene preferencia para la ejecución de la sentencia.

La Convención de Nueva York, ratificada por más de 160 países, proporciona un marco legal internacional para el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales, facilitando la resolución de disputas comerciales internacionales y promoviendo el cumplimiento de los acuerdos contractuales.

Implicaciones y perspectivas del caso Credendo vs. Bariven

El caso de Credendo contra Bariven se suma a una creciente lista de litigios internacionales que enfrenta el Estado venezolano y sus empresas filiales, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones financieras y contractuales.

La decisión de la justicia curazoleña de reconocer y ejecutar el laudo arbitral a favor de Credendo sienta un precedente importante para otros acreedores que buscan recuperar deudas pendientes por parte de Venezuela.

La posibilidad de embargar activos de Bariven en Curazao, incluyendo cuentas bancarias y acciones en PDVSA Services BV, representa una herramienta significativa para Credendo en su esfuerzo por obtener el pago de la deuda, que ya supera los 25 millones de dólares.

Sin embargo, el proceso de ejecución de la sentencia puede enfrentar obstáculos y demoras, especialmente si Bariven decide impugnar la decisión del tribunal curazoleño o si se presentan otros acreedores con solicitudes de embargo sobre los mismos activos.

El desenlace de este caso tendrá implicaciones no solo para Credendo y Bariven, sino también para la imagen y la credibilidad de Venezuela en el ámbito internacional, en un contexto de crisis económica y política que ha afectado la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros.


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